Lula da Silva, Gustavo Petro y AMLO continúan en silencio pese a las evidencias de fraude. Mientras tanto, organismos internacionales suman casos de violaciones a los derechos humanos
El dictador Nicolás Maduro en el Palacio de Miraflores (Ronald Peña)
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Fuente: infobae.com
Nicolás Maduro padece una extraña paradoja: está desterrado en su propio país. Refugiado en el Palacio de Miraflores -del cual no se asoma- resiste a la voluntad popular que lo eyectó de la sede gubernamental el pasado 28 de julio. Un tsunami de votos en favor de Edmundo González Urrutia evidenció el desgaste de una dictadura en decadencia que comenzó con Hugo Chávez en 1999.
Los reconocimientos internacionales al triunfo del candidato ungido por María Corina Machado -proscripta por el chavismo- se sucedieron en cascada. Y se multiplicaron a las pocas horas, cuando el movimiento opositor venezolano publicó las actas electorales que certificaban su holgada victoria.
No cabía duda alguna: González había ganado los comicios y Maduro había cometido el fraude más monumental de la historia de América Latina. Tenía sus motivos.
Los líderes regionales más cercanos y comprometidos con el chavismo –Lula da Silva, Gustavo Petro y Andrés Manuel López Obrador– le pidieron al régimen una “prueba de amor” en forma de actas que les permitiera continuar su defensa ideológica pese a la evidencia aportada por miles de testimonios que daban cuenta de asesinatos, torturas, encarcelamientos, violaciones, abusos y secuestros de opositores. Pasaron ya 15 días desde el robo electoral y nada aportó Maduro a esos camaradas. En las cercanías de Machado creen que el brasileño es el que más presión podría ejercer. Cuentan con él.
El Alto Representante de Política Exterior de la Unión Europea, Joseph Borrell, aún mantiene la fe en ese trío tras dar al ex diplomático venezolano como vencedor.
Durante estas dos semanas, no sólo líderes democráticos mundiales apoyaron a González. Sino que otros organismos internacionales emitieron informes contundentes sobre la delicada situación que atraviesan tanto la población como los opositores en Venezuela. Las Naciones Unidas mostraron particular atención.
“Es especialmente preocupante que tantas personas estén siendo detenidas, acusadas o imputadas de incitación al odio o bajo la legislación antiterrorista. El derecho penal nunca debe utilizarse para limitar indebidamente los derechos a la libertad de expresión, reunión pacífica y de asociación”, afirmó Volker Türk, Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, en un comunicado. Un Maduro auténtico.
También dijo: ”Todas las muertes en el contexto de las protestas deben investigarse y sus responsables han de rendir cuentas”.
Por su parte, la Corte Penal Internacional (CPI) también está tomando nota de lo que ocurre en Venezuela. Suma casos y testigos a la causa ya abierta contra el dictador. En un comunicado, el fiscal Karim Khan afirmó que está “siguiendo activamente los acontecimientos actuales y ha recibido múltiples informes de casos de violencia y otras denuncias tras las elecciones presidenciales del 28 de julio”.
Cuando pase la conmoción por el megafraude, el fiscal general del régimen, Tarek William Saab, iniciará una farsa procesal contra algún mando menor de las fuerzas de seguridad. Ningún pope debe temer por cumplir con el mandato de la dictadura de Miraflores. Mientras, el funcionario judicial dice que los más de 25 muertos son “comanditos”. Le faltó agregar que lo tenían merecido.
A esos caídos deben sumarse los miles de detenidos y secuestrados. Entre ellos hay colaboradores directos de Machado y González, además de una causa abierta contra los líderes opositores que los obligó a pasar a la clandestinidad.
Una de esas dirigentes, María Oropeza, Directora del Comando Con Venezuela en el estado Portuguesa, transmitió en directo el terrorismo de estado del que fue víctima. A las pocas horas de este aberrante hecho, la Dirección General de Contrainteligencia Militar (la tenebrosa DGCIM) tomó ese mismo video, ridiculizó a la mujer y musicalizó la grabación con una cortina inquietante: la de la película “Freddy Krueger, pesadilla en la calle Elm”.
La DGCIM es uno de los principales brazos armados que ejecutan la llamada “Operación Tun Tun”, mediante la cual las fuerzas del régimen -con agentes oficiales y grupos de tareas irregulares- detienen a todo aquel que ponga en duda públicamente los resultados del 28 de julio.
Como parte de esta campaña es que Maduro y el círculo más cerrado del régimen -conformado por Diosdado Cabello, los hermanos Jorge y Delcy Rodríguez, el general Vladimir Padrino López, Zamuro, y el propio Saab– están desesperados por detener las manifestaciones de la población. Evidencian estar aterrados por un alzamiento popular. Es por eso que libraron una guerra contra las plataformas WhatsApp, X (Twitter) y ahora TikTok, además de llevar bloqueados y censurados a decenas de medios desde hace años, entre los que se encuentra Infobae.
Ese mismo temor es que llevó al dictador a reforzar la seguridad de los alrededores del Palacio de Miraflores. La zona que rodea a la sede de gobierno está casi militarizada: un blindado y una barrera con agentes de seguridad custodian la Avenida Urdaneta. Nadie puede caminar libremente por esas calles. Mucho menos manifestarse.
Mientras tanto, Lula, Petro y AMLO mantienen un silencio que pronto podría convertirse en complicidad y que contrasta con la postura que adoptó desde un comienzo otro líder regional de izquierda, Gabriel Boric, un dirigente al parecer libre de compromisos con el chavismo. Así, surge inevitable una pregunta: ¿cuánto tiempo de gracia seguirán dándole a Maduro?
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