Fuente: ANF
La Paz. – Dos integrantes de la unidad de inteligencia del Ejército solicitaron al Ministerio Público que el comandante nacional de la Policía Boliviana, Álvaro Álvarez, sea convocado a declarar en calidad de testigo en el caso de la toma militar de plaza Murillo
“Dos efectivos militares de inteligencia que están imputados e investigados en el caso de la toma militar han solicitado que el comandante de la Policía, Álvaro Álvarez, comparezca en calidad de testigo para que pueda manifestar su declaración informativa con relación al ingreso a la tanqueta donde estaba el general Zúñiga el 26 de junio”, informó el abogado de los uniformados, Ricardo Rodríguez.
Durante el inusual movimiento militar que se registró el 26 de junio en kilómetro cero, el comandante de la Policía ingresó al vehículo blindado donde se encontraba el excomandante del Ejército, Juan José Zúñiga. En esa oportunidad, el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, dijo que el exjefe militar trató de convencerlo para que se una a esa revuelta.
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El jurista espera que la fiscalía convoque a la autoridad policial y se puedan obtener mayores elementos de ese caso, además que explique por qué ingresó y qué conversó con el exjefe militar.
Por otra parte, Rodríguez dijo que hasta el momento 15 militares ampliaron su declaración informativa ante la comisión de fiscales, pero las actas de comparecencia no se encuentran en el cuaderno de investigación.
Advirtió que se está vulnerando el derecho a conocer los documentos por las partes, además que se deja en indefensión al resto de los coprocesados. Lamentó que el Ministerio Público oculte la declaración de los uniformados y del excomandante del ejército.
“Aproximadamente, 15 militares han ampliado sus declaraciones ante el Ministerio Público que están implicados en este proceso, pero es lamentable que no se pueda tener acceso a las actas de declaración. Llama la atención que no se pase la información completa al Ministerio Público ni que la defensa pueda acceder a los documentos”, manifestó.
En este caso existen más de una veintena de procesados, entre militares, civiles y activista de derechos humanos, quienes se encuentran con detención preventiva en diferentes centros penitenciarios del país.
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