La norma exige a todas las sociedades comerciales de Bolivia proporcionar la información que identifique a su o sus beneficiarios finales ante el Servicio Plurinacional de Registro de Comercio (SEPREC) y advierte que las autoridades competentes podrán acceder a esa información.
La Paz, 19 de agosto de 2024 (ANF).- El día en el que los empresarios y el Gobierno instalaron el Diálogo Nacional por la Economía y la Producción, el presidente del Estado, Luis Arce, promulgó el Decreto Supremo 5200 que ordena a todas las empresas a identificar a sus propietarios o a los beneficiarios finales de la actividad económica. El diputado de Comunidad Ciudadana (CC) Alejandro Reyes alertó que toda esa base de datos podría ser usada con fines extorsivos o de persecución contra el empresariado.
“Con el fin de transparentar la información e identificar al beneficiario final, el presente Decreto Supremo tiene por objeto establecer los mecanismos para la recopilación de información sobre el beneficiario final de las sociedades comerciales inscritas en el Registro de Comercio”, indica el artículo 1 del DS 5200, promulgado el 14 de agosto.
La norma exige a todas las sociedades comerciales proporcionar la información que identifique a su o sus beneficiarios finales ante el Servicio Plurinacional de Registro de Comercio (SEPREC) y advierte que las autoridades competentes, en el marco de sus atribuciones, podrán acceder a esa información.
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“El incumplimiento por las sociedades comerciales a lo dispuesto en el presente Decreto Supremo, será objeto de sanción por parte de la Autoridad de Fiscalización de Empresas – AEMP, en el marco de la Ley N° 685, de 11 de mayo de 2015, de Cierre del Proceso de Reestructuración y Liquidación Voluntaria de Empresas y de Atribuciones de la Autoridad de Fiscalización de Empresas – AEMP”, resalta el artículo 4 del decreto.
El diputado Reyes cuestionó el propósito que tiene Gobierno para acceder a esa información y sostuvo que esa base de datos sólo podría ser usada con fines coercitivos o de extorsión.
“¿Para qué está requiriendo esa información el Gobierno? ¿Para qué quiere saber quiénes son los beneficiarios finales de todas las pequeñas, medianas y grandes empresas, sabiendo que muchas empresas son sociedades anónimas? Entendiendo que en el Decreto Supremo 4904 explica claramente el beneficiario final es la persona con mayores acciones, es el representante legal, es la persona con mayor jerarquía en la empresa, puede el gerente o el presidente del directorio”, cuestionó el diputado de CC.
El legislador insistió que esa información puede ser usada para iniciar o armar un proceso penal contra los empresarios; por ello, anunció que realizará una petición de informe a la ministra de la Presidencia, Maria Nela Prada, para que explique los fines y alcances de la norma.