En su carrera política ha sido leal a Hugo Chávez y a Nicolás Maduro y ha manifestado abiertamente su compromiso con la “revolución bolivariana”
El pasado chavista de Caryslia Beatriz Rodríguez
(Con información de EFE)
Fuente: infobae.com
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El nombre de Caryslia Beatriz Rodríguez Rodríguez saltó a la luz pública en enero de este año cuando fue juramentada como presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, en sustitución de la magistrada saliente, Gladys Gutiérrez. Desde entonces, su trayectoria política y profesional ha estado bajo el escrutinio de la opinión pública y los medios de comunicación por su lealtad al chavismo.
Egresó de la facultad de Derecho de la Universidad Central de Venezuela (UCV) y continuó su formación con una maestría en Derecho Penal Militar en la Universidad de Nueva Esparta, en colaboración con el Ministerio de Defensa. Además, realizó una especialización en Seguridad y Defensa de la Nación en el Instituto de Altos Estudios de la Defensa Nacional y obtuvo un doctorado en Control Contencioso Administrativo de las Conductas del Poder Público también en la Universidad de Nueva Esparta.
Antes de su nombramiento en el TSJ, Rodríguez desempeñó varios roles en la administración pública. En 2014, fungió como consultora jurídica en el Instituto Postal Telegráfico de Venezuela (Ipostel). Su carrera política tomó impulso cuando fue electa concejal del municipio Libertador del Distrito Capital en los comicios municipales del 9 de diciembre de 2018, representando al Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) con el apoyo del Movimiento Electoral del Pueblo (MEP) y otras organizaciones aliadas a la dictadura.
En su carrera política ha sido leal a Hugo Chávez y a Nicolás Maduro y ha manifestado abiertamente su compromiso con la “revolución bolivariana”
En 2021, asumió la presidencia del Concejo Municipal de la Alcaldía de Caracas y, en agosto del mismo año, fue nombrada alcaldesa encargada de la capital tras la renuncia de Erika Farías.
En abril de 2022, la Asamblea Nacional presidida por el chavista Jorge Rodríguez la nombró magistrada de la Sala Electoral del TSJ, junto con Inocencio Figueroa y Fanny Márquez. Desde esta posición, Caryslia Beatriz Rodríguez jugó un papel crucial en la sentencia número 122 que anuló la elección primaria de la oposición en octubre de 2023 donde participaron más de 3 millones de venezolanos, alegando la comisión de delitos contra la Constitución y la normativa electoral.
Rodríguez nunca ha ocultado su afinidad con el chavismo. En una entrevista con el medio oficialista Ciudad CCS, se describió como una mujer comprometida con la revolución, leal al comandante Hugo Chávez y al presidente Nicolás Maduro. En su cuenta de Twitter, donde se identifica por su segundo nombre, Beatriz, ha demostrado consistentemente su alineación con las directrices del régimen.
Quién es Caryslia Beatriz Rodríguez, la operadora de Maduro en el Tribunal Supremo de Justicia a cargo de auditar las elecciones en Venezuela
Su nombramiento y acciones han sido fuente de controversia. Voluntad Popular, uno de los partidos de oposición, criticó su papel en la anulación de las primarias opositoras, calificando la sentencia como “ridícula”. En el ámbito judicial, a pesar de su escasa experiencia previa, su nombramiento en la Sala Electoral y posterior presidencia del TSJ han sido vistas por algunos como una extensión de la influencia de Nicolás Maduro en el poder judicial.
Durante su gestión en el TSJ, Rodríguez ha abordado temas como el supuesto impacto de las sanciones internacionales contra el régimen, promoviendo la narrativa oficial sobre la paz y la estabilidad nacional frente a las presuntas amenazas de la oposición “extremista”.
En noviembre y principios de diciembre de 2023, promovió activamente la participación en el referéndum de consulta sobre el Esequibo, en apoyo a las iniciativas chavistas.
Durante su gestión en el TSJ, Rodríguez ha abordado temas como el supuesto impacto de las sanciones internacionales contra el régimen, promoviendo la narrativa oficial sobre la paz y la estabilidad nacional frente a las presuntas amenazas de la oposición “extremista”
Rodríguez asumió la presidencia del TSJ con un discurso que evocaba el estilo y retórica de Maduro, destacando la unidad cívico-militar y la importancia de la cohesión entre los “patriotas” para lograr victorias en un momento crucial para el país. Su liderazgo en el máximo tribunal del país está marcado por su lealtad al proyecto chavista y su compromiso con la revolución bolivariana.
Este jueves la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela convocó a los 10 candidatos a las presidenciales del pasado domingo a comparecer ante esta instancia este viernes, como parte de una investigación solicitada por Nicolás Maduro, quien también debe acudir a la citación.
Caryslia Rodríguez, como presidenta de la Sala, declaró “competente” el recurso introducido este miércoles por el dictador caribeño en el que pidió aclarar “todo lo que haya que aclarar” sobre los comicios, cuyo resultado por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE) lo proclamó ganador pese a denuncias de fraude por parte de la oposición mayoritaria.
Rodríguez asumió la presidencia del TSJ con un discurso que evocaba el estilo y retórica de Maduro, destacando la unidad cívico-militar y la importancia de la cohesión entre los “patriotas” para lograr victorias en un momento crucial para el país
Rodríguez informó de la apertura de un “proceso de investigación y verificación para certificar, de manera irrestricta, los resultados” oficiales, anunciados el lunes por el CNE cuando aún faltaba por escrutar un 20 % de las actas.
Por tanto, la Sala Electoral del máximo tribunal convocó a Edmundo González Urrutia -abanderado de la oposición mayoritaria-, Javier Bertucci, Benjamín Rausseo, Daniel Ceballos, Claudio Fermín, Antonio Ecarri, Luis Eduardo Martínez, José Brito y Enrique Márquez, además de Maduro, para las 14:00 hora local (18:00 GMT) de este viernes.
El Centro Carter, que participó como observador en los comicios, manifestó este martes que el proceso “no se adecuó” a los parámetros y estándares internacionales de integridad electoral, por lo que “no puede ser considerada como una elección democrática”.