Coordinadora de la Alianza OCD Bolivia. LA ALP ha construido las listas con lo que podía, en un momento crítico, para poder cumplir con la exigencia y para que se convoque ya a las elecciones judiciales, dice la entrevistada.
Luego de un intrincado proceso de preselección, finalmente el Tribunal Supremo Electoral (TSE) definió que las elecciones judiciales se llevarán adelante el 1 de diciembre de esta gestión, para elegir a las altas autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).
Para ello, el Órgano Electoral Plurinacional (OEP) cuenta con un presupuesto estimado de Bs 183 millones, según precisó la Sala Plena, en conferencia de prensa, el miércoles pasado.
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Lo cierto es que dar con los consensos necesarios para la viabilización de estos comicios implicó todo un periplo constituido por suspensiones al proceso, cuestionamientos a la transparencia y hasta posibles favorecimientos por parte de las comisiones mixtas encargadas de ejecutar la preselección en el Legislativo.
En una entrevista con Visión 360, la coordinadora de la Alianza de Observación Ciudadana de la Democracia (OCD Bolivia), Sandra Verduguez, consideró que no se eligió con idoneidad a los postulantes a los comicios judiciales, para los que faltan poco más de 100 días.
Ya hay una convocatoria del TSE a comicios judiciales. ¿Cuál es su evaluación de todo el periplo que implicó realizar la preselección de autoridades judiciales?
Nosotros hemos estado viendo el desarrollo del proceso de preselección desde 2023, desde la primera convocatoria. En todo este proceso hasta llegar a su conclusión, nosotros pudimos observar varios problemas durante este proceso. Fue un proceso muy accidentado y poco exigente que no creemos que haya logrado elegir con base en la idoneidad y probidad de los postulantes, y finalmente nos da una lista que genera preocupaciones. Ya hemos visto que en dos años, el proceso ha sido poco serio, cuestionado y no ha cumplido con estándares internacionales y la lista final es nomás el resultado de un proceso con muchos problemas y críticas, incluso tenemos en Tarija una postulante aplazada.
Este proceso ha sido tan largo y complicado, que ha tenido tantas suspensiones, por el hecho de ser además vulnerable de intereses político-partidarios. Pero sabemos que este proceso no ha terminado y que las listas van a ir al TSE para que los candidatos los elijamos por voto popular. Sabemos que esto no resolverá la crisis de la justicia, pero por lo menos está cumpliendo alguna de las normas; es decir, está de alguna manera en el marco de la institucionalidad.
¿Qué cambió de la convocatoria de 2024 con relación a la de 2023?
No mejoró, en nuestro criterio no mejoró. Es más, se volvió menos exigente; primero, porque no se incorporó la entrevista para conocer las capacidades reales de los postulantes y, además, no se incorporó la participación de una comisión asesora; eso sí lo mencionaba la primera convocatoria.
El papel de esa comisión era orientar a las comisiones mixtas para que su trabajo, durante el desarrollo del proceso, sea más eficiente. Si usted se acuerda, hubo postulantes que consultaban acerca de las preguntas. Pero los miembros de las comisiones no tenían la información sobre esas preguntas. Y eso demuestra que hacía falta una comisión asesora que oriente tanto a los miembros de la comisión como a los postulantes sobre diferentes asuntos que se mencionaban en las preguntas. En resumen, la segunda convocatoria fue menos exigente, principalmente porque no exigió la entrevista a los postulantes.
En estas elecciones habrá más candidatos con relación a las anteriores, ¿a qué responde esto?
Yo creo que han construido las listas con lo que podían, lo que tenían, en un momento crítico en el que tenían que entregar estas listas al TSE por todo este contexto relacionado con la presión por las elecciones primarias y las judiciales en un mismo año; además, por la ley que mandó el TSE para aprobar las primarias.
Fue un proceso accidentado y poco exigente. No creemos que se haya logrado elegir con probidad e idoneidad.
El contexto es muy complicado, hay mucha presión de todo tipo. Entonces, me parece que las listas se han construido con lo que se podía para cumplir con la exigencia y convocar ya a las elecciones judiciales.
¿Cómo se subsanan las observaciones a la paridad de género? Dos departamentos registraron este problema.
La ley dice que en el caso del TSJ y el TCP, como son listas generales, no debería ser por departamento y supongamos que esa será la respuesta de la ALP ante la observación del TSE en esos dos departamentos.
Pero en realidad la ley no está bien realizada. Observamos la Ley 1549 porque no es exigente, no es clara, no garantiza la participación de mujeres y relativiza la calificación y evaluación de postulantes. La 1549 no garantiza los puntos esenciales para tener las listas que incluso demuestren confianza para la ciudadanía al momento del voto.
Tras lanzar la convocatoria, ¿mejorará la confianza con relación a la elección?
No creemos que suceda esto en gran medida. Los antecedentes nos demuestran que las listas son el resultado de un proceso cuestionado, no son las mejores que podríamos esperar como ciudadanía. No tendremos a los mejores candidatos en las listas, empezando por ahí.
Luego, la confianza en el TSE tampoco es la mejor, la ciudadanía no confía que este proceso o cualquiera sea llevado de la mejor manera, con independencia y transparencia de parte del OEP.
El OEP es uno de los órganos que más confianza tiene con relación a los otros órganos del Estado; sin embargo, no es la confianza necesaria para conseguir la legitimidad que se espera. Vemos que es un desafío para el OEP transparentar todo, para que la ciudadanía entienda lo que está haciendo y, por nuestra parte, como veeduría vamos a apoyar ese trabajo.
Hablando históricamente de las judiciales, hay un contexto de voto nulo. ¿Se avizora un escenario de este tipo para estos comicios?
Es muy probable, porque las listas no son exigentes, hay candidatos que han cumplido, que son probos e idóneos, no podemos generalizar, pero hay otros que no. Luego, la confianza, hay una crisis de institucionalidad que afecta mucho la confianza del ciudadano hacia las instituciones, entre ellas está el TSE.
Por lo tanto, es muy probable que la gente, por la falta de confianza y el desconocimiento de estos procesos, acuda a las urnas y vote sin saber bien lo que está haciendo, o vote nulo, o directamente vote blanco. Ahí vamos a saber cómo es, pero es previsible que suceda lo mismo que en 2017. ¿Qué mejoró con respecto al 2017? No hemos encontrado una mejora en este proceso con relación a los dos anteriores.
¿Cómo se mejora la realización de las judiciales sin ser proselitista? Cabe recordar que los postulantes no pueden hacer campaña.
Según la ley, el OEP es quien tiene que difundir la información sobre los candidatos. ¿Cómo se mejora? Dando apertura a los medios para hacer su trabajo, acceso a la información, al control ciudadano y a la veeduría.
También informando no solo a través de su página web, sino a través de otras herramientas comunicacionales que permitan conocer al ciudadano más sobre esto. Hay mucha gente que accede a redes sociales, el OEP debería pensar que la difusión de información podría realizarse a través de estas, hacer más accesible la información en idiomas originarios, llegar a las áreas rurales e intermedias con esta información, y no pensar que la gente de a pie va a entrar a la web a informarse lo que está pasando, eso no va a suceder.
Sabemos que esto no resolverá la crisis de la justicia, pero al menos está cumpliendo con la norma.
Ellos tienen que poner la información al alcance del ciudadano, no hacer que el ciudadano busque la información. El ciudadano está con otras preocupaciones y entonces requiere que el OEP trabaje en este cometido.
Ya hay una fecha establecida, el 1 de diciembre. ¿Qué sugerencia darían al OEP y a los candidatos para efectuar un buen proceso electoral?
Cumplir con la legalidad y transparencia de lo que dice la normativa electoral. Seguramente el TSE va a lanzar su convocatoria a principios de septiembre, porque serían cuatro meses de preparación del proceso electoral.
Y, además, la acreditación de veedores en todo el país para que la ciudadanía participe haciendo el seguimiento, porque es un derecho que tiene. Lo que ha sucedido en Venezuela nos da una idea de la importancia de la participación ciudadana en todos estos procesos, no solo en Bolivia, sino en el mundo. La ciudadanía, en elecciones, debe participar de manera activa, porque es un derecho que nos da la ley y es la forma de transparentar todo lo que sucede durante el proceso electoral y durante la jornada electoral.
La Alianza de Observación Ciudadana de la Democracia se reunió con la CIDH. ¿Qué reportó y cuáles fueron las consideraciones de dicha instancia?
Nosotros, en marzo de 2023, emitimos un reglamento ciudadano. Este reglamento incorpora los estándares internacionales y las recomendaciones de expertos nacionales e internacionales, emitidas luego de las elecciones del 2011 y 2017.
Todo esto se envió a la CIDH para que se conozca desde el punto de vista de la ciudadanía, lo que ha sucedido con este proceso de preselección. Luego, como el proceso estaba a la mitad, elaboramos otro informe, pero esta vez con las preguntas que la CIDH le hizo a las comisiones. La CIDH pidió a las comisiones que describan los reglamentos, el proceso y los recursos que han tenido que enfrentar, que den información sobre veedores nacionales e internacionales, y pidió además toda la información relacionada.
No es que el TCP esté apegado a la norma, sino que dicta la norma, la interpreta y desafía otras leyes.
¿Cuál es el propósito de hacer esto? Que la CIDH conozca de una forma más objetiva todo lo que ha sucedido de fuentes ciudadanas que no tienen ningún interés político-partidario y que pretenden que estos procesos estén apegados a la norma y logren contribuir a la institucionalidad. Esperamos nosotros, y lo haremos de forma insistente, que la CIDH tome en cuenta todos estos informes y se pronuncie, pero estamos a la mitad del proceso.
Este proceso tiene dos fases, la primera de preselección acaba de concluir y comienza la segunda en la que interviene el OEP. Tendremos un informe final cuando concluyan las elecciones judiciales y podamos ver con cuánta legitimidad serán elegidas las nuevas autoridades judiciales.
En este informe también se menciona, por ejemplo, información de contexto y se cuentan las vulneraciones a derechos humanos cometidas durante todo este proceso y además un análisis constitucional, todos los momentos en los que se ha violado la CPE durante todo el proceso, y también nos falta observar las elecciones, la jornada electoral. Ahí recién emitiremos un informe final de lo que pase.
¿Qué se puede hacer con los magistrados “autoprorrogados”?
Esa pregunta es muy complicada, porque si recurrimos a la norma, no tendrían que estar aquí, en primer lugar; deberían haber cumplido su mandato el 31 de diciembre del año pasado. Pero, hay que considerar todo el contexto y toda la vinculación que aparentemente existe entre el Órgano Ejecutivo y el TCP.
El TCP ha ido tomando las decisiones más complicadas, y si bien ese es su papel, si bien sabemos que las autoridades no han sido independientes y vemos que estas prorrogan su mandato, entonces ya no es que el TCP esté apegado a la norma, sino que el TCP dicta la norma e interpreta de manera que desafía otras normas también.
El voto popular, la ciudadanía, no está en la posibilidad de elegir a los altos cargos judiciales, no es la mejor manera.
Es muy complicado ser juez y parte, ellos son juez y parte. Entonces, mientras la falta de independencia de los órganos del Estado continúe como está, mientras haya falta de institucionalidad, no hay una salida sobre los que se han autoprorrogado. Vimos que a ellos no les gusta que les digan autoprorrogados, pero es exactamente lo que han hecho, han prorrogado su mandato y todo lo que han decidido tras la finalización de su período podría ser considerado ilegal, pero son ellos mismos los que van a decidir eso.
Es una situación muy complicada que le da toda la posibilidad a tomar las decisiones que consideren. Ellos terminaron su mandato, pero estamos en manos de autoridades que interpretan o que coordinan, manipulan, y entonces es muy complicado para el ciudadano confiar en los órganos del Estado en este momento.
Hubo dos procesos electorales y no se arregló la justicia. ¿Es la mejor forma para elegir a las altas autoridades judiciales?
No creo que se deba volver a lo que se hacía. Lo que se debería buscar es una forma en la que se logre la selección de personas con idoneidad, probidad, experiencia y prestigio. El movimiento de los juristas independientes planteó otra forma de elegir a las autoridades judiciales, sugirió una reforma parcial a la Constitución y el trabajo de una comisión asesora y proba, para elegir a los candidatos.
Creo que se debe tomar lo mejor de esa propuesta, lo bueno que tiene, pero el voto popular, la ciudadanía no está en la posibilidad de elegir a los altos cargos porque no es la mejor manera. Lo tenemos probado, no necesitamos más pruebas. Desde 2011 hasta ahora han pasado 13 años, sabemos que esta no es la mejor forma.
Y ya nos ha demostrado el Órgano Judicial que quienes ocupan los altos cargos no han sido personas con prestigio, probas. En algunos casos seguramente hubo profesionales muy buenos, que trataron de hacer su trabajo, pero lo que tenemos ahora no ha sido lo mejor, hay que buscar un cambio.
EL PERFIL
- Experiencia Sandra Verduguez es licenciada en Comunicación Social, con amplia experiencia en temas electorales.
- Ex Corte Trabajó en la anteriormente conocida Corte Nacional Electoral, durante la gestión de Huáscar Cajías. Fue directora de Educación Cívica y Ciudadana.
- Consultoría Fue consultora internacional para el Centro de Asesoría y Promoción Electoral (Capel) del Instituto Interamericano de Derechos Humanos y consultora para las elecciones en Bolivia Transparente.
- Actualidad Es responsable de Derechos Humanos y Democracia en la Fundación Jubileo y coordinadora nacional de la Alianza de Observación Ciudadana de la Democracia.