Emilio Martínez Cardona
La situación de la libertad de prensa en el país sigue siendo crítica y se observan ciertos patrones en las amenazas, como las de diversos actores en gobiernos intermedios o desde el Ministerio Público, que hablan de “replantear” la Ley de Imprenta (principal garantía jurídica en el tema) o que buscan maneras de convocar a los periodistas a los tribunales ordinarios, por fuera de los mecanismos previstos en la citada norma.
Igualmente, persiste la impunidad judicial de agresores de periodistas, que no reciben una adecuada sanción que desincentive la repetición de estos abusos. Se vieron casos de impunidad de avasalladores de tierras, protegidos desde el poder, acusados por el secuestro y agresiones contra trabajadores de la prensa, así como el lamentable sobreseimiento de un oficial de policía denunciado por lesiones contra un periodista de televisión y un camarógrafo.
Las agresiones por elementos policiales (o militares en ciertos casos) contra los periodistas suelen darse en el marco de la cobertura de diferentes protestas políticas y sociales, por lo que más que exabruptos aislados puede tratarse de prácticas sistemáticas destinadas a reducir la visibilidad mediática de esas manifestaciones.
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Algunos ejemplos de lo anterior: en abril de este año, el gobernador de Chuquisaca, Damián Condori, anunció denuncias penales contra dos medios digitales por difamación e injurias, mientras su director de comunicación reclamaba a las organizaciones de periodistas “actualizar” la Ley de Imprenta.
De igual forma, se han registrado reiteradas denuncias por intimidación contra la prensa, de parte de autoridades departamentales en Oruro y Beni.
En mayo, en la ciudad de La Paz, una convocatoria a declarar como testigo a la periodista de televisión Ximena Galarza, en una demanda por difamación presentada por una ciudadana contra un ex ministro de justicia, sólo fue suspendida tras protestas de las organizaciones de la prensa.
El 26 de junio, tuvo lugar un inusual movimiento del alto mando castrense y de la Policía Militar, que ha recibido diversas interpretaciones: desde el “golpe de Estado fallido” denunciado por el gobierno de Luis Arce hasta el “autogolpe” del que se ha hablado desde sectores de oposición, pasando por otras versiones que hablan de insubordinación o de un “plantón militar”.
En cualquier caso, la toma de la Plaza Murillo, considerada el corazón del poder político de Bolivia, incluyó tanquetas blindadas y el uso de equipo antimotines, como el gas lacrimógeno y los escudos, elementos con los cuales los uniformados impidieron el libre desplazamiento de los periodistas por el área, limitando la cobertura de prensa.
Los casos y los tipos de amenazas son diversos, y deben llamar la atención de los monitoreos internacionales.