Todo el mundo y particularmente la comunidad latinoamericana estuvo enfocada en el acto eleccionario que se realizó en Venezuela el domingo 28 de julio, porque el pueblo venezolano liderizado por la líder María Corina Machado supo trabajar un proyecto político democrático y para las libertades, para desplazar a la dictadura chavista y demostrarle a los 7.7 millones de venezolanos que viven fuera de su país y, a la comunidad internacional, que ningún presidente puede ser presidente, sí ha gobernado en más de una década sin la voluntad del voto popular: limpio. Transparente y actas de resultados legalmente respaldadas según la Carta Democrática Americana.
El valor y heroísmo de María Corina Machado se impuso a la cobardía, presión y amenazas del régimen de Nicolás Maduro, que desplegó todos los medios para inhabilitarla como candidata por el partido Vente Venezuela, al sentir el tifón de su primera derrota en las primarias y el impacto de triunfo que le otorgaban las encuestas de opinión a la opositora.
Como nadie es poderoso cuando se emprende un proyecto de transformación para su pueblo, inmediatamente de ser inhabilitada nombró como sustituto ideal a Edmundo Gonzáles Urrutia a la presidencia, diplomático de amplia trayectoria internacional que junto a su partido Mesa de Unidad Democrática logró consolidar el apoyo de varias fuerzas políticas opositoras por su discurso de diálogo reconciliador y garantías por la unidad de los ciudadanos venezolanos.
Según el 73% de las actas de votación transmitidas por el Consejo Nacional Electoral (CNE) en poder del sistema de control organizado por María Corina Machado en todo el país con los testigos de Actas en cada mesa electoral, fue la prueba suficiente para certificar y acreditar que “Venezuela tiene un nuevo presidente electo y es Edmundo González Urrutia con el 70% de los votos a su favor y Maduro con el 30%”, aseveró Machado. De modo, que Plataforma Unitaria Democrática, ha rechazado los resultados emitidos por el CNE, controlado por el chavismo que dieron como ganador a Nicolás Maduro con un 51,20% de los votos, frente al 44.2% de Edmundo Gonzáles en la conferencia de prensa dada el lunes 29 por la madrugada.
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En el evento del recuento de votos se cortó la transmisión por el CNE y se impidió en algunas mesas el acceso a los testigos de actas, pero esas medidas desproporcionadas del sistema controlado por el chavismo, no afectó la información del escrutinio que daba como ganador a Edmundo Gonzáles Urrutia, al punto que Perkins Rocha portavoz de la campaña agregó que iban a defender “la felicidad que hoy se expresó en las calles”.
¿Por qué están en las calles los venezolanos? Porque el pueblo defiende los 7.119.768 millones de votos que le dio la amplia victoria al candidato Edmundo Gonzáles Urrutia (70%), frente a 3.225.819 que obtuvo Nicolás Maduro (30%).
Hasta el día jueves 1 de agosto se reportaba que el gobierno usando la fuerza de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), había detenido a 1.200 manifestantes, con el saldo de 17 muertos y decenas de heridos, disparados por presuntos miembros de colectivos (paramilitares o civiles armados defensores del gobierno), de acuerdo a datos por el monitor de víctimas.
Maduro declaró en 31 de julio, que los 1.200 detenidos son “criminales capturados”, son criminales entrenados en Perú y Chile, Texas y Colombia, con el objetivo de ir a atacar y quemar, lo que calificó de terrorismo, que ha sido negado por la oposición y por el canciller de Perú. Javier Gonzáles Olaechea.
La Fundación Carter afirmó la noche del martes 30 que la elección presidencial en Venezuela “no puede ser considerada como democrática”, por no haberse adecuado a “parámetros y estándares internacionales de integridad electoral”. Esto es, transparencia, verificación y publicación de actas, auditorías por organismos independientes, nacionales e internacionales, precisamente esto es lo que Maduro ha reducido al privar el ingreso de observadores de la OEA y otros organismos especializados.
El Secretario General de la OEA, Luis Almagro, ha sido el primero en pronunciarse el martes 30 de julio, “instó a Maduro a reconocer su derrota en los comicios electorales de Venezuela”. El Alto Representante de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, Josep Borrell, dijo: “Hasta el momento, el Consejo Nacional Electoral (CNE) solo ha presentado el resultado correspondiente al 80% del escrutinio, y sin aportar ninguna fuente ni sistema que permita su verificación. Con este resultado parcial, no verificable, el CNE ha procedido a declarar la victoria de Nicolás Maduro. En democracia, los resultados deben ser completos y poder ser verificados de manera independiente para ser reconocidos”. Además, agregó que las autoridades de Venezuela deben poner fin a las detenciones, represión y retórica violenta contra miembros de la oposición. Las amenazas contra Edmundo Gonzáles y María Corina Machado son inaceptables. Autoridades y fuerzas de seguridad han de garantizar el respeto de los derechos humanos”.
Por su parte, el Consejo Permanente la OEA y la presencia de cancilleres de Argentina, Ecuador, Paraguay y Perú en la sesión de 31 de julio, fracasó en su propuesta de “instar al CNE la publicación inmediata de actas de resultados en Venezuela sobre las elecciones presidenciales, además que la Resolución buscaba declarar como “prioridad absoluta” los derechos de quienes se han manifestado “pacíficamente”, en las calles de Venezuela en protesta a la situación política. La votación concluyó con 17 votos a favor del contenido y finalidad de la Resolución, 11 abstenciones (entre los que se encuentra Bolivia) y 5 países ausentes.
En medio de la crisis, lo que azorado a la diplomacia y a la prensa brasilera, es que el presidente de Brasil Luís Inácio Lula Da Silva haya declarado como “normal” la situación en Venezuela tras las elecciones del domingo, pero agregó que la CNE debe “mostrar las actas electorales” para que Brasil pueda reconocer los resultados; sin embargo, se abstiene de aprobar la Resolución de la OEA que precisamente su objeto principal era “instar a la CNE para que publique en forma inmediata las actas de resultados del escrutinio”. Así juegan los políticos en una diplomacia nada equilibrada, coherente y frente a violaciones de derechos humanos. También, no se entiende cómo el canciller colombiano Luis Gilberto Murillo y el representante de Gustavo Petro ante la OEA se haya abstenido para preservarse como unos negociadores activos, pero en la práctica lo que están haciendo es avalar la traición a la democracia con esa ambivalencia.
La decisión de Luis Almagro, Secretario General de la OEA es contundente, cuando expresa: “Es hora de la justicia y nosotros vamos a pedir a la Corte Penal Internacional el arresto de Nicolás Maduro por derramar un baño de sangre en Venezuela”. Esto es el reflejo claro de luchar contra una persistente dictadura consolidada por minorías de votos y un fraude descomunal como ha calificado, María Corina Machado, y que el régimen se empecina en satanizar las manifestaciones y protestas pacíficas en todo el país como si se tratase de un golpe de Estado por terroristas.
El gobierno de Estados Unidos reconoció en la tarde de este jueves al opositor Edmundo Gonzáles Urrutia como ganador de las elecciones presidenciales de Venezuela. “Está claro para Estados Unidos y, más importante aún, para el pueblo venezolano que Gonzáles Urrutia obtuvo la mayor cantidad de votos en las elecciones presidenciales de Venezuela del 28 de julio”, señaló en un comunicado de prensa el Secretario de Estado, Antony Blinken.
Por su parte, a última hora se conoció que los presidentes de Brasil, Colombia y México piden a Maduro que se publiquen detalladamente las actas de las elecciones, dando un viraje de 180 grados respecto a la abstención de los dos primeros en el Consejo Permanente de la OEA del miércoles 31 y la ausencia de este último país. Pues ahora, aparecen como los diplomáticos componedores y robusto sentido de equilibrio para la búsqueda del problema en Venezuela, siendo que los tres gobernantes forman el denominado grupo de Puebla.
Solo la presión internacional de los Estados democráticos podrían reencauzar la verificación del legítimo ganador mediante una auditoría especializada al proceso que el pueblo defiende el triunfo a la presidencia de Venezuela de Edmundo González Urrutia en las calles del país, y la Corte Penal Internacional investigar y procesar la medida de arresto contra Nicolás Maduro y la cadena del entorno de militares por ejecutar el derramamiento de sangre en las protestas pacíficas de Venezuela por crímenes de lesa humanidad presuntos, tanto por las denuncias de 2014 y 2017 y por el baño de sangre de este último evento electoral (28-07-24 a 2-08-24).
Según Bobbio, N.: “El ejercicio del poder político debe estar sometido a la obligación democrática de publicidad”. Por tanto, donde se asumen los principios liberales, la transparencia es un valor democrático debido a que la legitimidad del poder político deriva del voto libre de los ciudadanos.
Pedro Gareca Perales