La situación en Bolivia es compleja debido a los incendios que, como bien señaló la canciller Celinda Sosa, no se prenden solos; hay quienes los provocan. El país enfrenta una lucha constante contra este flagelo, que es causado principalmente por la mano del hombre, debido a la expansión ganadera y minera. Estos incendios afectan vastas áreas del territorio boliviano y han sido exacerbados por la autorización legal del chaqueo, una práctica permitida por leyes aprobadas durante el gobierno del expresidente Evo Morales.
El chaqueo, que consiste en la quema controlada de tierras para su limpieza, ha sido duramente criticado por su impacto negativo en el medio ambiente. En lugar de prevenir las quemas, las medidas legales las han incentivado, lo que evidencia una falta de visión a largo plazo respecto a la protección medioambiental. Estas decisiones no solo han agravado el problema de los incendios, sino que también han contribuido al cambio climático, cuyos efectos son cada vez más visibles en el país.
El actual gobierno de Luis Arce se enfrenta a las consecuencias de estas políticas ambientales permisivas. Se necesita que sean revertidas estas nefastas leyes aprobadas por el ecocida de Morales. Lo que requiere mayor firmeza, incluyendo acciones judiciales que podrían derivar en el decomiso de bienes para financiar proyectos de reforestación.
Además, el panorama político es igualmente tenso. El país se encuentra en medio de movilizaciones desestabilizadoras lideradas por el líder cocalero Morales, lo que genera un inmenso daño económico. Tal como mencionó la diputada Deisy Choque, la directora de Madre Tierra, Angélica Ponce, quienes han señalado la necesidad de que la justicia investigue el origen de los fondos que financian estas movilizaciones, ya que Morales, según sus propias declaraciones, solo percibe una pensión. No obstante, se le ve frecuentemente viajando en avionetas y utilizando vehículos de lujo.
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Evo Morales sigue siendo una figura de poder dentro del movimiento cocalero, con base en El Chapare, donde por declaraciones del ministro Eduardo del Castillo, se estima que el 60% de la producción fábricas de droga en Bolivia proviene de Villa Tunari, en el trópico de Cochabamba, donde reside Morales. Según denuncias, recurre a amenazas de despojo de tierras, multas o incluso de muerte contra aquellos que no le rinden pleitesía, como en los casos de Gregorio Mamani y Angélica Ponce, entre muchos más.
Aunque Morales está fuera del gobierno, sus acciones —como las marchas y bloqueos de rutas— han causado daños económicos significativos al país, afectando principalmente a la población. El no reconocer a las autoridades electas como tampoco el mandato de la justicia por parte del líder cocalero Evo Morales, aunque fue notificado de que está vigente la Resolución Constitucional 040/2024 de 16 de febrero de 2024, con la que la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de La Paz determinó que los bloqueos atentan contra los derechos constitucionales de la vida, la salud, libre tránsito, alimentación y trabajo de la población.
Su estilo de liderazgo, centrado en su figura, ha sido comparado con otros líderes controvertidos, como Pablo Escobar o incluso dictadores como Augusto Pinochet, debido a la similitud en su comportamiento y manejo del poder.
Algunos lo comparan con el emperador Nerón, quien incendió Roma; de manera similar, perciben que Morales «prende fuego» al Estado Plurinacional de Bolivia, ya sea de manera literal o simbólica, a través de sus acciones políticas. Su alianza con la derecha tradicional lo ha convertido en un vocero de esta nueva corriente, que lo posiciona como un líder de la llamada “Nueva Derecha”, similar al estilo de figuras como Nayib Bukele o Javier Milei.
En defensa de la democracia, el mundo entero debe respaldar al legítimo gobierno de Arce y Choquehuanca ante los ataques de la derecha.
Lic Rubén Suárez
Septiembre 2024