“Censo: A Santa Cruz no le alcanza para más escaños”. “Jubileo estima que 171 municipios perderán recursos por caída poblacional”. Estos son dos ejemplos de titulares en medios de comunicación, y de los temas que ocupan los chats en las redes en relación con el Censo 2024.
Dada la dimensión y profundidad de la crisis institucional y política a la que, implacablemente, estamos avanzando, y que derivará en una inédita crisis económica, los titulares muestran la futilidad de los temas que debatimos. En los años 1950, había el estaño; en los 1970, petróleo y estaño; en los 1990, gas con mercados; hoy, no queda insuficiente gas y el Litio se torna una cada vez más lejana promesa. Es decir, nunca antes nos había tocado enfrentar una crisis sin que la Pachamama tuviera algo que, el insaciable extractivismo, no le pudiera arrebatar.
Como hemos mencionado en repetidas ocasiones, llegamos a esta situación no por falta de recursos (aunque ahora, sin duda, la falta de previsión del gobierno actual ayudó), ni por falta de capacidad productiva de nuestra gente: la responsabilidad cae fundamentalmente en las malas decisiones políticas tomadas por malos políticos a lo largo de nuestra historia; pero la sociedad tiene su cuota-parte de responsabilidad porque dejó que los políticos encuentren “las soluciones” que nos trajeron donde estamos.
Todo parece indicar que esta mala costumbre sigue vigente: discutir que ningún departamento pierda escaños, hoy, no es un tema relevante para el desarrollo. Si decidiéramos, como debería ser, que todos los diputados sean uninominales, remunerados solo por las sesiones en las que participen y por trabajos en comisiones, primero, encontraríamos que 50 o 60 serían más que suficientes; segundo, ahorraríamos 75% del presupuesto del Legislativo; y, tercero, de lejos lo más importante, tendríamos 50 o 60 personas comprometidas con el país, no con el “jefazo”.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
Visto de otra manera, ¿cambiaría la realidad de Santa Cruz si se le asignan 2 o 5 escaños más? Jimena Costa, exdiputada y conocida analista, ha demostrado que la brigada parlamentaria cruceña, en la actual legislatura, es la que mayor brillo tiene… por sus ausencias. Y Creemos o CC pueden certificar sobre cuán faltos de ética pueden ser los asambleístas. Los 171 municipios que perderán recursos, ¿tienen evidencias concretas de desarrollo gracias a los recursos de coparticipación? La misma pregunta aplica a los municipios y gobernaciones que aumentarán ingresos: ¿cuánta autonomía efectiva ganaron después de casi 20 años de recibir recursos?
En general, de cara a las elecciones 2025, parecería que, como siempre, nos desentendemos de los problemas que tenemos al frente centrando nuestra atención en la persona candidata, no en si su propuesta es coherente, si la acompañará un equipo competente, y si la ALP será consecuente en no in-viabilizar el plan de gobierno ganador solo para tener réditos políticos.
En INASET, creemos que la sociedad debería ordenar el debate electoral estableciendo un “Marco Conceptual para los Planes de Gobierno” que tenga, como prioridad, a la gente y no a políticos. Este marco debe ser lo suficientemente osado como para romper con las ataduras del extractivismo, y del “presidencialismo mesiánico”, y mostrar caminos alternativos a la ya trillada alternativa de correr en círculos, como perritos, tratando de morderse la cola.
Por ejemplo, en el tema de autonomías, la actual asignación competencial reproduce la ineficiente y parcelada estructura del gobierno central en los departamentos y los municipios. Pero cortar elefantes no produce elefantitos: lo que tenemos hoy no es autonomía, sino una enorme ineficiencia operativa en la prestación de servicios a la sociedad, y un despilfarro de recursos por muchas razones, especialmente porque, el nivel central, impone el poder de la chequera ante las enormes diferencias en capacidades institucionales, financieras y técnicas de las ETAs. Los únicos satisfechos con la actual situación, son los políticos que viven parasitariamente de las transferencias: reciben los recursos sin hacer nada y no tienen presión alguna por promover el desarrollo de su ETA.
Es imposible cambiar esta realidad dentro del paradigma extractivista y centralista vigente. El camino alternativo requiere que las entidades territoriales autónomas sean responsables de su desarrollo en el marco de la subsidiaridad. En línea con este concepto base, y como una provocación al debate, a la pregunta de dónde salen los recursos, quién los administra, y en qué se los utiliza, consideramos opciones “temerarias” para los políticos, y blasfemas para algunos académicos. Veamos.
El gobierno central, como único emisor de la moneda, debe usar la política fiscal para mantener equilibrios monetarios y macro razonables, en especial, para controlar la inflación o regular las tasas de interés, pero no necesita cobrar impuestos para financiar sus gastos: el déficit no es malo per se.
Por tanto, la mayoría de los impuestos vigentes, debe pasar a dominio subnacional, primero porque debe financiar sus gastos con ingresos y, segundo, porque las transferencias a criterio discrecional del nivel central, anulan la capacidad autonómica; en la asignación de esos recursos, participan las ETAs (municipios y gobernaciones) y el “Fondo Financiero de las Autonomías (FFA)” a crear (sumados a los recursos de nuevos proyectos nacionales “extrac-tégicos” bajo la lógica del Fondo Noruego).
Los municipios usarán sus ingresos “corrientes” en obras de bienestar para sus comunidades, pero los proyectos y programas de desarrollo productivo de mayor envergadura podrán ser financiados en condiciones preferentes por el FFA a través de fondos concursables si: a) comprenden más de una ETA, y, b) si el proyecto tiene capacidad de reembolsar al FFA según las características del proyecto.
Para hacer esto posible, las gobernaciones tendrán un rol esencialmente de coordinación y de apoyo técnico, por lo menos en los próximos quince años. Será responsabilidad de la gente elegir a sus mejores profesionales, a la gobernación y a los cargos clave; si optan por elegir charlatanes políticos, tendrán que asumir las consecuencias de su estancamiento.
Las asambleas departamentales, hoy intrascendentes y politizadas, serán sustituidas por Concejos Técnicos conformados por diputados (unis) y representantes de municipios vinculados a programas de desarrollo, en cantidades y con estructura flexible que maximice eficiencia y calidad. Una de sus tareas iniciales, será la de proponer y consensuar agrupamientos de municipios, tanto en función de capacidades, como por su potencial para aportar a proyectos integrales de desarrollo (en agricultura, turismo, reforestación, industria, desarrollo urbano, transporte, etc.).
Al igual que en este tema, la madeja de las ideas sigue rodando en otros: qué factores determinan el crecimiento de la economía; cuáles las reformas urgentes a la justicia; cómo desburocratizar; cómo recuperar el mercado interno y cómo aumentar la capacidad de consumo de los hogares; cuáles las bases de un gran acuerdo Estado-Empleado-Empresa (E3) para crear empleo de calidad en la era de la IA; qué condiciones básicas de competitividad debe garantizar el Estado para que las empresas inviertan en mejorar su productividad; medidas inmediatas para frenar ecocidios y biocidios; etc.
Mientras los políticos siguen calculando cómo ganar escaños o aumentar su tajada en el pacto fiscal, nos sentimos enormemente fortalecidos en nuestro propósito porque ahora se nos une la Asociación de Periodistas de La Paz. Está abierta la invitación a todos las personas e instituciones que quieran y puedan aportar ideas, y disfruten además de participar proactivamente en discusiones enmarcadas en el realismo crítico.
Enrique Velazco Reckling, es Director de INASET, e investigador en temas de desarrollo productivo