En un acto de sinceridad, o quizás de desesperación, dadas las presiones políticas actuales, el presidente Luis Arce ha realizado un crudo diagnóstico del sector del gas natural en Bolivia. Nada que los analistas económicos y algunos políticos no hubieran advertido antes. Sin embargo, esta vez, los datos oficiales fueron contundentes. La producción fiscalizada de gas natural cayó de 21.766 millones de metros cúbicos (MMC) en 2014 a 13.122 MMC en 2023, lo que representa una reducción del 40% en el principal ingreso por exportaciones del país. También se reveló que, desde 1987, no se han descubierto nuevos yacimientos relevantes, lo que implica que todos los pozos actualmente en producción fueron hallados y comenzaron su explotación durante el periodo neoliberal. Ejemplos de esto son Margarita (1999), Inkawasi (2004), Sábalo (1998) y San Alberto (1987).
Simultáneamente, la producción de petróleo crudo también sufrió una caída significativa del 54%. Las exportaciones de gas se desplomaron de 6.113 millones de dólares en 2013 a 2.050 millones de dólares en 2023, una reducción del 66%. Como resultado, los ingresos totales del Estado provenientes del sector gasífero se contrajeron severamente. Para agravar la situación, Bolivia, que alguna vez fue considerada «la Arabia Saudita de los Andes», ha pasado a ser un importador neto de hidrocarburos. En 2023, el país importaba el 86% del diésel que consumía y producía solo el 14%. En el caso de la gasolina, se importaba el 53% y se producía internamente solo el 47%.
Tras este análisis desgarrador del fracaso del sector hidrocarburos, Arce atribuyó la crisis a un simple «descuido» en la exploración y producción de gas, restando importancia al hecho. Se trataría de un pequeño desliz, un descuido ligero en el cuidando la nacionalización. Sin embargo, para calmar a la población, aseguró que ahora que «los buenos» del Movimiento al Socialismo (MAS) están al mando, se ha comenzado a invertir nuevamente en la exploración de gas natural, prometiendo nuevos pozos en los próximos 4 a 6 años, lo que supuestamente devolvería la bonanza al sector.
Por supuesto, esta solución propuesta no se corresponde con la gravedad del diagnóstico. La realidad es que la decadencia del sector gasífero, es decir, la pérdida del excedente económico hidrocarburífero, es solo la punta del iceberg. La falta de exploración es apenas una anécdota dentro de un problema mucho más profundo.
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El declive del sector gasífero en Bolivia se debe a múltiples factores estructurales, profundamente enraizados en una política de hidrocarburos errática y obsoleta. En primer lugar, el sistema impositivo actual no solo ha desincentivado la inversión extranjera directa, sino que también ha fallado en crear un entorno competitivo en comparación con otras jurisdicciones internacionales. Países como Noruega y Canadá han implementado esquemas fiscales equilibrados que permiten obtener rentas significativas para el Estado sin desalentar la inversión privada, al mismo tiempo que fomentan la exploración y producción sostenibles. En Bolivia, sin embargo, las altas cargas impositivas, combinadas con una falta de incentivos claros, han generado un ambiente hostil para los inversores.
Además, el sistema de precios locales del petróleo y el gas está completamente desconectado del mercado global. Con un precio interno del petróleo de 26 dólares por barril y del gas en torno de 1 dólar, las empresas se enfrentan a la inviabilidad económica para invertir en exploración o producción. En comparación, mercados como Brasil ajustan sus precios según las fluctuaciones globales, estableciendo acuerdos competitivos que fomentan la inversión. En Bolivia, tanto el sector privado como el público están desincentivados, lo que profundiza la crisis estructural del sector.
Otro elemento crucial que ha contribuido al colapso del sector es la legislación vigente. El marco normativo se enfoca en la maximización de rentas inmediatas, sacrificando una visión de desarrollo sostenible a largo plazo. En países como Catar y los Emiratos Árabes Unidos, las legislaciones están diseñadas no solo para atraer inversiones extranjeras, sino también para fomentar el desarrollo de infraestructura tecnológica y la diversificación energética, garantizando así la sostenibilidad del sector. En contraste, la legislación en Bolivia estrangula al sector, inhibiendo tanto la innovación como la capacidad de adaptarse a los cambios en el mercado energético global.
La situación se agrava por el mal manejo corporativo de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). En lugar de adoptar las mejores prácticas de gobierno corporativo y eficiencia operativa, la empresa ha sido politizada, gestionada por sindicalistas y actores políticos sin la experiencia técnica necesaria. Empresas mixtas como Equinor (Noruega) o Petrobras (Brasil) han demostrado que pueden ser competitivas y eficientes si se prioriza un gobierno corporativo profesional y transparente, con una clara separación de los intereses políticos. La falta de autonomía y profesionalización en YPFB ha comprometido su capacidad de ser un actor clave en el desarrollo del sector.
Otro factor crítico es la falta de una estrategia estatal para la expansión de mercados y el desarrollo de reservas. A diferencia de países como Australia, donde el gas natural se utiliza estratégicamente para penetrar nuevos mercados internacionales, Bolivia ha adoptado una postura pasiva. Se ha conformado con las reservas heredadas de la «década de oro» y no ha implementado políticas agresivas de exploración ni ha expandido significativamente sus mercados de exportación. El resultado es un sector gasífero estancado y dependiente de la explotación de recursos sin una visión de largo plazo.
Por lo tanto, para revitalizar el sector hidrocarburífero en Bolivia, no basta con aumentar la inversión en exploración; es imprescindible una transformación estructural integral. En primer lugar, se debe llevar a cabo una reforma profunda de la Ley de Hidrocarburos, ajustando el sistema impositivo, promoviendo precios competitivos alineados con el mercado internacional y fomentando la participación privada. En segundo lugar, es necesaria una reforma de YPFB, basada en las mejores prácticas internacionales de gestión empresarial. Modelos como Equinor en Noruega han demostrado que una empresa mixta puede ser un actor global eficiente si se gestiona con autonomía, profesionalismo y transparencia.