Fuente: ANF
La Paz.- La gestión del Fiscal general del Estado, Juan Lanchipa Ponce, fue evaluada como nefasta, corrupta, camaleónica y alarmantemente sumisa a los gobiernos de turno, para los cuales convirtió el Ministerio Público en una “policía judicial” y agravó la situación de los derechos humanos con una persecución política a opositores mediante casos armados. Lanchipa concluirá su gestión en octubre y a partir de la fecha se reciben las postulaciones al cargo para la designación de la Asamblea Legislativa.
En general, señalaron, Lanchipa persiguió a opositores y encubrió casos de corrupción de políticos del gobierno como el ocurrido en la ABC que terminó por sobreseerlo. La sombra de la corrupción fue una de las características del Ministerio Público en su gestión.
“No podemos negar que hay situaciones que se pueden reconocer como positivas, creo que siempre ha estado atento a que no haya acefalías, pero en general, desde los activistas de derechos humanos calificamos su gestión como nefasta”, señaló la vicepresidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, Yolanda Herrera.
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Herrera indicó que, en los seis años de gestión de Lanchipa, se ha agravado la vulneración de los derechos humanos “hasta un nivel de permitir tratos inhumanos, degradantes y torturas, que han sido denunciadas por varias personas”.
Citó como ejemplos los casos del dirigente cocalero César Apaza quien sufrió tortura a manos de la Policía y terminó con serias secuelas y de la exministra de Salud, Heydi Roca, “un caso totalmente evidente de vulneración de derechos humanos, pero la única postura que ha tomado la fiscalía es que no iba a obstaculizar, pero una acción de vigilar el mandato de la legalidad, del cuidado de los derechos humanos, para nada”.
La activista refirió que, por el contrario, Lanchipa lo que ha hecho es “instrumentalizar un organismo tan importante como es la Fiscalía, para no garantizar que haya legalidad, para no garantizar que haya un respeto a los derechos humanos, ha ido permitiendo la vulneración de derechos humanos por omisión y en varios de los casos por acción”.
Cuestionó cómo la fiscalía avaló las detenciones arbitrarias sin orden judicial, los traslados de los aprehendidos de un departamento a otro, los cientos de acusaciones fiscales por un mismo delito, hechos que terminaron con la vida de personas, casos sobre los que Lanchipa guardó silencio pese a las graves vulneraciones a los derechos humanos.
“También hemos visto pasividad en toda esta narrativa que se ha armado en relación al juicio ordinario a la señora Jeanine Añez, cuando correspondía ir a un juicio de responsabilidades, Lanchipa ha dejado un precedente nefasto para la democracia, en el país hay cerca de 278 presos políticos y en muchos de los casos hay muchas anomalías en las detenciones que se han realizado; la Fiscalía general con varias departamentales ha cumplido básicamente un rol muy funcional al poder político y no necesariamente a lo que señala la Constitución Política del Estado”, apuntó.
Herrera recordó que Lanchipa tampoco se ha pronunciado en relación a la toma de la Casa de los Derechos Humanos, de la Asamblea, dada cuenta de que se trata una casa de derecho privado, sin embargo, “hasta el momento se tiene a la policía día y noche custodiando una casa privada, solamente con la función de acallar y quitar espacio donde los activistas podamos realizar nuestras acciones, y en ese ámbito la Fiscalía que tiene la función principal de la legalidad, no se ha pronunciado, a pesar de varias peticiones que se han realizado”.
El diputado del MAS Héctor Arce lamentó que Lanchipa no haya trabajado de manera independiente y autónoma, como le exigen sus funciones, y haya sido genuflexo a los gobiernos de turno, como cuando se cuadró frente a la presidenta Jeanine Áñez, ofreciéndole sus servicios, y ahora está hincado ante el presidente Luis Arce.
“Lamentablemente Lanchipa no ha trabajado de manera independiente ni de manera autónoma, vimos en la gestión de Jeanine Áñez cómo se cuadró y hoy lamentablemente recibe instrucciones directas de Iván Lima, ministro de Justicia, de Lucho Arce, el Presidente, y a partir de ahí pierde el horizonte”, dijo a ANF.
Lamentó que, como consecuencia de ello, hayan prevalecido los hechos de corrupción, que apañó, como el de la ABC, donde aparecen cinco millones de bolivianos en una casa particular, pero “por orden de Lucho (Luis Arce) no quieren investigar”.
Dijo además que las denuncias que presentó en contra de los hijos del presidente Arce por el delito de legitimación de ganancias ilícitas, la fiscalía terminó cerrándolas. “Todos esos hechos lamentablemente han empañado la gestión de Lanchipa, está saliendo muy cuestionado”.
Pero la corrupción, señaló, va hasta las fiscalías departamentales, donde “hay fiscales que cobran 20.000 dólares, 30.000 dólares como si nada, los fiscales departamentales están completamente corrompidos”. Indicó que esa situación le tocó vivir en un “proceso de injusticia en La Paz con el fiscal departamental William Alave, que realmente es un sicario de la justicia”.
El diputado afirmó que en Santa Cruz conoció casos donde los fiscales “inventan pruebas, meten presos a inocentes y liberan a delincuentes”, donde ser egresado de la Escuela de Fiscales no es garantía de una mejor labor del Ministerio Público.
“Hay algunos fiscales que quieren hacer su trabajo conforme a derecho, pero lamentablemente los fiscales departamentales son designados a dedo por el Fiscal general y ahí se pierde la cadena de mando”, señaló.
Herrera agregó al respecto que la Fiscalía no ha tenido la suficiente fortaleza para que esos casos de corrupción no queden en la impunidad.
Para el abogado penalista Eusebio Vera la actuación de Juan Lanchipa se resumen en “camaleónica” aparte de haber realizado una “pésima gestión”.
“Toda la gestión del señor Lanchipa se ha caracterizado por una obediencia sumisa pero alarmante y eso refleja la falta de personalidad y la falta de capacidad, todo eso ha hecho que su gestión sea pésima y se hayan cometido las mayores arbitrariedades y atrocidades y atropellos a todo lo que constituye los derechos y garantías de las personas, pero de la peor manera, y además de manera muy visible, ni siquiera ha sido disimulada toda esa gestión”, indicó.
Vera cuestionó la “gestión por resultados” implementada por Lanchipa debido a que en la ciencia criminal, una ciencia social, “no se puede medir esa gestión por resultados”.
“Por eso es que en la mayoría de las acciones del Ministerio Público se buscaba un resultado final, de cualquier forma, que es reflejada en el ofrecimiento de procedimientos abreviados o de procedimientos de salidas alternativas, lo que significa que no se hacía un análisis, una individualización, una capacitación en cuanto al adecuado manejo de la gestión criminal”, remarcó.
El jurista refirió que otra de las características de la gestión de Lanchipa fue la implementación de “primero aprehender y después investigar”, con lo que borró de un plumazo el “principio de presunción de inocencia” cuando “lo que el derecho nos exige es que primero se investigue, se encuentren los indicios suficientes en contra de un autor y recién se aprehende cuando se tiene todos los elementos”.
La tercera característica de la gestión de Lanchipa, indicó Vera, es la “demasiada sumisión al Órgano Ejecutivo”, por la que el Ministerio Público “ha dejado de ser una entidad totalmente independiente y ha sido totalmente parte del Órgano Ejecutivo, parecería que el Ministerio Público ahora es parte de la Policía Judicial”.
“La administración de justicia se ha constituido en una Policía Judicial, en un órgano persecutor de todo aquel que piense diferente al gobierno y que sea contrario al gobierno a nivel político, es un gran error solamente pensar diferente”, refirió.
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