Este lunes el Gobierno aprobó el decreto supremo con el cual se declara desastre nacional a causa de los incendios forestales en Bolivia. La vigencia de esta medida es por los próximos nueve meses.
[/ UNITEL] / Imagen de archivo de un incendio que se dio en el municipio cruceño de Roboré
Fuente: Unitel
La declaratoria de desastre nacional por incendios forestales que se aprobó este lunes a través de un decreto supremo permitirá que las entidades públicas de todos los niveles del Estado, encargadas de su atención, realicen modificaciones presupuestarias y transferencias entre partidas, de acuerdo a la normativa existente y la normativa específica que establezca el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.
Pero además de esta situación ¿qué más implica esta declaratoria?
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El Sistema de Información Legal del Estado Plurinacional (Silep), informa que de acuerdo a la Ley 602, una vez emitida la declaratoria de desastres y/o emergencias nacionales, departamentales, municipales e indígena originario campesinas, las entidades quedan facultadas para realizar la contratación de bienes y servicios bajo la Modalidad de Contratación por Desastres y/o Emergencias establecida en la normativa vigente.
También se dispone que la contratación de bienes y servicios en situaciones de desastres y/o emergencias, deben estar orientadas a la atención inmediata y oportuna de las poblaciones y sectores afectados.
Declarada la situación de desastre entra en vigencia el régimen de excepción establecido en la presente ley y tendrá una duración de un plazo máximo de nueve meses.
El retorno a la normalidad de la situación de desastre declarada implica la conclusión del régimen de excepción, de acuerdo al reglamento de la presente ley.
También se autoriza al Ministerio de Defensa a constituir el fideicomiso “Fondo para la Reducción de Riesgos y Atención de Desastres y/o Emergencias” (Forade), con la finalidad de captar y administrar recursos para financiar la gestión de riesgos, en los niveles nacional, departamental, municipal y autonomías indígena originario campesinas en el marco de la presente Ley y conforme a reglamento.
Se establece que dicho fideicomiso no podrá otorgar ni contratar créditos y además las asignaciones de recursos serán autorizadas previa evaluación técnica del Consejo Nacional de Reducción de Riesgos de Desastres (Conarade).