El sistema Justicia Libre es una herramienta desarrollada por la Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicación del Ministerio Público. Su objetivo es dar respuestas más rápidas y prácticas para resolver los conflictos penales en Bolivia
La Paz, 9 de septiembre de 2024 (ANF).- La sistematización de los actos judiciales mediante tecnología que debía beneficiar a la población litigante ha devenido en mayor burocracia y en un manejo arbitrario y abusivo por gente “inescrupulosa” que administra este sistema, denuncian abogados que llevan causas penales. Señalaron que los problemas se presentan principalmente en las fiscalías, donde la calidad profesional de las personas a cargo deja mucho que desear.
“Si bien es cierto hay una sistematización de los actos procesales que desarrolla el Ministerio Público, también es cierto que ha habido dos migraciones, es decir, la primera de la presentación física de los documentos a un JL1 (Justicia Libre) y después a un JL2, y lamentablemente en las fiscalías han logrado manejar de manera arbitraria y abusiva estos dos sistemas”, dijo a ANF el abogado Jorge Quiroz.
En abril de 2022, el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa Ponce, informó que el sistema Justicia Libre se ha convertido en la herramienta primordial de trabajo para usuarios internos y externos, y “esto hace que todo el esfuerzo y trabajo desarrollado rinda frutos y sea reconocido, somos un ejemplo de modernización tecnológica y estamos en camino hacia el Gobierno Electrónico”.
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El sistema Justicia Libre es una herramienta desarrollada por la Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicación del Ministerio Público. Su objetivo es dar respuestas más rápidas y prácticas para resolver los conflictos penales.
Quiroz indicó que las arbitrariedades ocurren, por ejemplo, en la presentación de documentos físicos, es decir, “si en la Fiscalía te querían dar la contra en torno a la presentación de ese documento, no lo subían o no lo publicaban en estos servicios informáticos que tiene la Fiscalía, con la finalidad de ver si es que le favorece a la persona que ya había hablado o charlado con ellos con la finalidad de que el proceso salga a su favor”, señaló.
Dijo que en estos casos mantienen en modo de espera al documento sin hacerlo público y recién lo hacen público cuando los plazos inclusive ya se han vencido, entonces, “fueron y son manejados por personas que definitivamente obedecen a los intereses de corrupción”.
Quiroz indicó que, si bien hay una sistematización, “esta sistematización definitivamente no es acorde con lo que se debería de obtener de la justicia”.
Refirió que diferente sería que los abogados litigantes tengan acceso a las máquinas de la Fiscalía, para escanear los documentos que se van a presentar y que se den por presentados en ese momento, porque “con recepción y todo aquello te salen con dificultades que definitivamente no generan una gran ayuda a la población”.
“La justicia sigue siendo manejada por personas inescrupulosas por más que esté sistematizada”, remarcó el jurista.
El abogado penalista Eusebio Vera indicó que todo avance tecnológico debe ser felicitado, pero con la implementación en Bolivia, lamentablemente el acceso a la justicia se ha restringido mucho más que antes.
“Lo que la tecnología debería permitir agilizando hasta la presentación de un memorial, ahora se ha ralentizado, antes a cualquier abogado no le demoraba más de cinco minutos, ahora le demora horas, porque la forma de implementar la tecnología como se ha hecho en el Ministerio Público, produce que se hagan largas filas de incluso cuadras enteras para presentar un memorial, y eso va extensible también al Órgano Judicial, porque ocurre lo mismo, pero se acentúa más en las fiscalías departamentales”, señaló a ANF.
Vera indicó que un elemento que también se debe tener en cuenta es que la implementación de las tecnologías ha permitido al Órgano Ejecutivo tener un mayor control de los casos en los que se ve involucrado el Estado.
“Nadie me va a dejar mentir que cualquiera que presente un memorial, más aún en los casos en los que está involucrado el Estado como parte dentro de un proceso, inmediatamente tiene conocimiento el Órgano Ejecutivo mediante sus diferentes carteras de Estado, ya sea el Ministerio de Gobierno, el Ministerio de Justicia o la Procuraduría, entonces, la tecnología si bien es un avance, se está utilizando de mala forma, inclusive en los sorteos”, apuntó.
El jurista remarcó que la tecnología debería servir para brindar seguridad al ciudadano, para sentar celeridad en la tramitación de las causas, pero “lamentablemente ahora es un obstáculo para el acceso a la justicia”.
Profesionales sin calidad
Quiroz indicó que el gran problema con el que siempre se ha topado en las fiscalías es la mala calidad de quienes se encuentran atendiendo en las plataformas, que carecen de criterios para recibir las denuncias o por lo general siempre obstaculizan antes que facilitar el trámite.
“Se hace tan difícil presentar una denuncia en los mostradores, porque las personas que están recibiendo no tienen el mínimo criterio ni la mínima experiencia en la recepción de denuncias, donde aparentemente las denuncias son leídas de manera rápida, en el momento, y te dicen que no reúnen los requisitos esenciales y no te permiten la presentación”, indicó.
Dijo que se trata de una barrera que dificulta y atenta al acceso a la justicia, por un lado, y por el otro, cuando reciben la querella, “casi el 100 por ciento de esas denuncias son observadas y otorgan 24 horas para subsanar la observación, y definitivamente muchas veces es difícil cumplir con ese tiempo y eso dificulta el acceso a la justicia”.
“En el pasado todas las denuncias eran recibidas y sometidas a un proceso de investigación porque en muchos de los casos nosotros como abogados litigantes no contamos ni con la dirección de la persona a la que se va a denunciar, sin embargo, ahora te piden ese requisito, que presentes un croquis de la casa donde vive la persona a la que vas a denunciar, y definitivamente eso es en muchos de los casos materialmente imposible”, indicó.
Y en caso de que se ponga “domicilio desconocido”, refirió Quiroz, observan la denuncia y dan un plazo de 24 horas para subsanar el croquis de la dirección de la persona denunciada, es decir, “se ha burocratizado tanto el acceso a la justicia penal en estos últimos meses que ya es imposible presentar una denuncia”.
Institucionalizar la Fiscalía
Vera indicó que la institucionalización del Ministerio Público le parecía una iniciativa muy importante, sobre todo para contar con una fiscalía más seria y capacitada mediante la Escuela de Fiscales, pero esta institución resultó permeada por la política, con una formación sesgada y escasa en capacidad intelectual e investigadora.
“Como idea me parecía genial, me parecía brillante, institucionalizar y capacitar a los señores fiscales, pero en la ejecución estuvo el gran error, porque se formaba fiscales ya con cierta tendencia política, no con capacitación intelectual en el desarrollo laboral o ser un buen investigador, porque lo que caracteriza al Ministerio Público es ser un buen investigador, pero no, la Escuela de Fiscales no llevaba ese propósito, sino llevaba una tendencia de cierto nivel político”, refirió.
Dijo que, en su experiencia, muchos que optaron por la Escuela de Fiscales, en el camino fueron descartados por pensar diferente o no tener afinidad con el partido de gobierno, y “eso hacía que no se pueda optar por una carrera fiscal”.