Hace 10 años la Ley 494 determinó su clausura y declaró de interés y prioridad nacional la ejecución del Proyecto “Complejo Penitenciario del Departamento de La Paz”.
Fuente: ANF / La Paz
Vecinos del barrio de San Pedro Bajo de La Paz demandaron a la Dirección General de Régimen Penitenciario hacer un compromiso público para el traslado y cierre definitivo de la cárcel de San Pedro, que permanece vigente pese a que hace 10 años una ley determinó su clausura.
Los vecinos están preocupados por los riesgos que representa el recinto ubicado al frente de la plaza principal, y a pocas cuadras del centro político país en la plaza Murillo, donde ocurren graves vulneraciones de derechos humanos por el hacinamiento y la falta de condiciones de habitabilidad, la venta y el consumo de drogas, que excede sus muros, y las constantes “fiestas” sin control.
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La diputada Milena Reque junto a representantes de organizaciones del barrio, como la presidenta de la Junta de Vecinos San Pedro Bajo, Myriam Gina Dunois, realizan las coordinaciones y reuniones con las autoridades penitenciarias para hacer llegar la preocupación de la población y el pronto traslado del penal.
“Queremos hacer un compromiso que sea público, con la presencia del Régimen Penitenciario y con la presencia del Ministerio de Gobierno, concretizar un acto en el que toda la población esté informada sobre este traslado y la construcción del nuevo penal”, dijo a ANF la diputada Reque.
Agregó que ya existe un presupuesto inicial de un millón doscientos mil bolivianos y lo que se tiene que hacer es “propiciar que ese presupuesto se ejecute y se cumpla porque realmente son décadas que la población paceña está esperando el traslado de este penal”.
Reque indicó que hay el compromiso de las autoridades de que en dos años se hará el traslado definitivo de San Pedro, para lo cual el nuevo penal ya debe estar construido.
Parte de las actividades para ese propósito es realizar una inspección al penal, que ya fue efectuada, y luego fijar la fecha para el compromiso público de las autoridades sobre el cierre y traslado del penal.
“Esperemos que en el transcurso del mes de septiembre esta manifestación de la voluntad política se pueda expresar con toda claridad y contundencia, y que los vecinos también contribuyan con sus criterios”, indicó.
El director nacional de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, dijo al respecto que no se ha quedado ninguna fecha para el cierre y el traslado del penal, pero como gobierno vienen realizando las gestiones sobre los proyectos y los planes, que están avanzados, y se darán a conocer en los próximos meses.
“No hemos quedado en fechas, hay un trabajo que está haciendo nuestro hermano ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, nuestro presidente (Luis Arce), de ver otro espacio para trasladar el penal de San Pedro, seguramente en las próximas semanas o meses se dará a conocer desde nuestro ministro qué trabajos vamos a realizar para cerrar definitivamente el penal de San Pedro”, señaló Limpias consultado por ANF.
Limpias indicó que tener un nuevo centro penitenciario también pasa por contar con recursos económicos para invertir, pero “hay proyectos, hay planes, avances muy importantes respecto a ese tema”.
Indicó que la Junta de Vecinos de San Pedro ya conoce de la intencionalidad que tiene el gobierno “para poder tener alternativas al cierre definitivo del penal de San Pedro, tener espacios mucho más adecuados para la reinserción social, porque ya no hay donde más desarrollarlo como infraestructura, ya no permite tener mucha gente acá”.
La Ley 494 del 28 de enero de 2014 establece el cierre del penal de San Pedro y declara de interés y prioridad nacional la ejecución del Proyecto “Complejo Penitenciario del Departamento de La Paz”.
En agosto, la Defensoría del Pueblo, como Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP-Bolivia), pidió cumplir la Ley 494 y construir el Complejo Penitenciario para el departamento, acorde a las necesidades de la población privada de libertad.
Para la vicepresidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, Yolanda Herrera, “mantener y sostener San Pedro en estas condiciones de hacinamiento y vulneración de derechos, es solamente para seguir encubriendo o protegiendo algunas acciones totalmente fuera de la ley”.
“Al parecer se está protegiendo intereses principalmente económicos para algunos, que no quieren facilitar la alternativa de construir otro centro penitenciario en mejores condiciones”, dijo a ANF.
Reque señaló que la Ley para el cierre de San Pedro tiene como 10 años, sin embargo, la necesidad de propiciar esta ley data de unos 25 a 30 años, “que la cárcel esté en pleno centro de la ciudad, a pocos manzanos de la plaza Murillo, se constituye en una situación anormal”.
“Los privados de libertad tienen derecho y el vecindario también tiene derecho, entonces estamos viendo de realmente ejercer presión sobre el gobierno para que ponga la voluntad política necesaria y se proceda con este traslado”, enfatizó.
Dijo que espera que Régimen Penitenciario cumpla las fechas que ha puesto y que han sido anotadas por los vecinos para “que no haya mayor retraso en hacer estas obras, de inaugurar un nuevo centro penitenciario en Chonchocoro, y que la zona de San Pedro este más acorde a la situación residencial con la que cuenta”.
“Vamos a presionar para que el Gobierno ponga la voluntad política necesaria imprescindible y que este penal se traslade”, apuntó.
Una cárcel de riesgo
Reque indicó que sobre los hechos que ponen en riesgo a los vecinos de San Pedro, como la venta de drogas, fugas, fiestas y la precaria situación de la infraestructura carcelaria que genera filtración del alcantarillado, ha exigido un compromiso a las autoridades penitenciarias para que haya rondas policiales constantes por fuera del penal, a modo de controlar “esta situación que parece estar descontrolada”.
“Son muchos los vecinos y vecinas que viven en el sector de la calle Cañada Strongest, alrededor de todo el penal de San Pedro, que me han reportado personalmente y con mucha preocupación que aparecen unos sobrecitos con droga, eso no puede ser, estamos poniendo en peligro a toda una población estudiantil porque alrededor hay muchos colegios”, señaló.
Dijo que también ven con muchísima preocupación que se realizan algunos eventos dentro del penal, como en el día del censo, “mi celular reventaba por las quejas de los vecinos sobre fiestas dentro del penal, ahí había algún evento que realmente es una situación muy cuestionable por parte del Régimen Penitenciario, y además hay construcciones, situaciones que no se pueden dar”.
Limpias dijo al respecto “yo no entiendo qué es el tema de afectación de fiestas, porque no hay ningún tipo de afectación de fiestas, lo que hay es alguna actividad cultural que se realiza en el penal de San Pedro, se lo hace en el día como se hacen las actividades”.
Sobre la filtración del desagüe de la cárcel indicó que mediante un trabajo conjunto con los vecinos trajeron a EPSAS (Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento), y la empresa con su brazo social “nos ha ayudado a hacer todo el proyecto para subsanar de una vez el tema de la alcantarilla del penal de San Pedro, que obviamente ha aumentado por la cantidad de privados de libertad”.