Uruguay repudió la revocación de la autorización al gobierno de Brasil para representar a Argentina, una decisión que no respeta el “derecho internacional más básico”, según el presidente
El presidente uruguayo Luis Lacalle Pou (REUTERS/Pilar Olivares)
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Fuente: infobae.com
La decisión del régimen de Nicolás Maduro de revocar el permiso para que Brasil custodie la Embajada de Argentina en Caracas generó un fuerte repudio internacional. El gobierno uruguayo fue uno de los primeros que se sumó a la ola de rechazos y advirtió que esta situación representa un “nuevo avasallamiento de derechos”. A este comunicado se le sumó un posteo del presidente Luis Lacalle Pou, en el que llamó a “no bajar la intensidad” de los reclamos.
“El paso del tiempo no debe de hacernos bajar la intensidad de nuestros reclamos y nuestra voz ante una dictadura que insiste en atropellar todo. En este caso, el derecho internacional más básico”, escribió el mandatario en la red social X.
El régimen chavista comunicó el sábado que Venezuela estaba obligado a tomar una decisión “motivada por las pruebas que se tienen sobre el uso de las instalaciones de esa misión diplomática para la planificación de actividades terroristas e intentos de magnicidio” contra el presidente Nicolás Maduro y la vicepresidenta Delcy Rodríguez, señaló el gobierno en un comunicado.
El presidente uruguayo Luis Lacalle Pou durante la inauguración de un centro CAIF en Uruguay (Presidencia)
Para Uruguay, esta decisión significa un “nuevo avasallamiento de los derechos”. “Esta situación constituye una violación a la normativa internacional y un nuevo avallasamiento de los derechos de los ciudadanos venezolanos asilados en instalaciones de la representación diplomática argentina, a quienes ya se les negó el salvoconducto para abandonar el territorio venezolano y están siendo víctimas de un asedio permanente de las fuerzas de seguridad del régimen”, dice el comunicado, reposteado por el presidente Lacalle Pou.
El mandatario uruguayo tiene diálogo frecuente con la líder opositora de Venezuela, María Corina Machado. En una de las conversaciones, le expresó que Uruguay es un “país de asilo”, como informó el ministro de Relaciones Exteriores, Omar Paganini.
El canciller uruguayo ha sido crítico con el proceso venezolano desde el primer momento y Uruguay reconoció a Edmundo González Urrutia como el presidente electo de Venezuela. En una entrevista con VTV Noticias, Paganini dijo que la situación en Venezuela es “muy extrema”. “Esto es una especie de huida hacia adelante del régimen. Cada cosa que pasa es peor de lo que pasaba antes”, señaló.
El ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay, Omar Paganini (Urs Flueeler/Pool via REUTERS)
“Cuando llegó el momento de las elecciones, el régimen se decidió por el fraude porque era notorio que iba a perder. De apuro hicieron un escrutinio cerrado y anuncian la victoria de Nicolás Maduro, a quien proclaman presidente sin haber cerrado el escrutinio ni haber mostrado un resultado creíble”, expresó.
Paganini dijo que la maniobra de la oposición de fotocopiar un 80% de las actas fue “brillante”, que provocó que el régimen buscara otras formas de “justificarse”. “Está claro que no las va a mostrar porque lo que quiere es el fraude”, declaró el ministro.
El ministro dijo que la estrategia que persiguen los países es denunciar la situación para que el gobierno de Maduro no sea legitimado. Así, el régimen deberá decirle “al mundo” que tiene que buscará “encontrar una salida”.
“Esto no alcanza porque con las dictaduras no alcanza. Que la gente no los quiera es lo que sucede en las dictaduras. Pero por lo menos no se legitima la situación. Se debería abrir después un proceso de negociación que en el fondo depende mucho de lo que pase dentro de Venezuela y de que el régimen pierda apoyo también de los pocos sectores que quedan que lo apoyan”, señaló.
El viernes, Uruguay se sumó a una denuncia que existe contra el régimen de Venezuela por crímenes de lesa humanidad en la Corte Penal Internacional (CPI). Paganini remitió una nota al fiscal Karim Khan para solicitarla investigación de los hechos que sucedieron en el país caribeño, para determinar si configuran “crímenes bajo la competencia de la Corte y, en ese caso, que se dispongan las medidas urgentes que aseguren el respeto y salvaguardia de los derechos humanos que se encuentran amenazados”.