Recuerdan que el cuestionado paquete de normas incendiarias fue aprobado durante el gobierno de Evo Morales, este fue el inicio de una escalada de acciones destinadas a arrasar con bosques, afectando peligrosamente el medio ambiente y la salud de la población.
En el tema de los incendios forestales predomina la impunidad, ya que son más las normas destinadas a promover chaqueos y quemas, que las regulaciones y leyes para protección y defensa. Un factor importante tiene que ver con los intereses económicos y los compromisos asumidos por el Gobierno con distintos sectores interesados en la ampliación de la frontera agrícola.
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Asegurando que la tragedia por los incendios forestales se ha convertido en un problema de características cíclicas, impulsadas por un conjunto de normativas incendiarias, el vocero del Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade), Manuel Morales, sostuvo que con la aplicación de estas leyes se ha paralizado la vigencia de varias regulaciones y de la propia Constitución Política del Estado (CPE) en el tema de la defensa del medio ambiente.
Recordando que el cuestionado paquete de nomas incendiarias fue aprobado durante el gobierno de Evo Morales, el representante del Conade afirmó que este fue el inicio de una escalada de acciones destinadas a arrasar con bosques, afectando peligrosamente el medio ambiente y la salud de la población.
“Son alrededor de ocho o nueve leyes, y otra cantidad de Decretos Supremos, los que fueron aprobados para promover el uso de quemas para ampliar la frontera agrícola y la ganadería en los departamentos del oriente del país”, puntualizó Morales.
Sumándose a los criterios que apuntan al paquete de “leyes incendiarias” como la principal causa para que cada año se agudice el problema por incendios forestales, Morales aseguró que mientras las normativas en cuestión permanezcan vigentes, los chaqueos y las quemas descontroladas continuarán, esto por haberse convertido en un problema de “características cíclicas”.
En ese sentido, sostuvo que con la aprobación de dichas normativas, durante el gobierno de Evo Morales, se paralizó la vigencia de un importante número de leyes enfocadas en la protección del medio ambiente, entre ellas, la propia Carta Magna.
Para el activista, otro aspecto reprochable es la falta de voluntad demostrada en el actual y en anteriores legislaturas, para dejar sin efecto el denominado paquete de “leyes incendiarias”, tomando en cuenta que ya son tres gobiernos los que han tenido que lidiar con este problema.
“Con este paquete de normas incendiarias se ha paralizado el cumplimiento de la Constitución Política del Estado, la Ley 300 (Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para el Vivir Bien) y otras normas que protegen a la naturaleza. A esto se suma que desde la Asamblea Legislativa y el Gobierno no existe voluntad para eliminarlas”, dijo.
Asimismo, Morales agregó que otro aspecto preocupante tiene que ver con que el Tribunal Agroambiental, hasta la fecha no ha tramitado ante la ALP la aprobación de un Código Procesal Agroambiental que permita contar con un instrumento judicial para la defensa de la naturaleza y el medio ambiente.
“Desde el año 2009, no existe un Órgano Judicial que pueda defender los derechos de la naturaleza. Los activistas no podemos interponer ninguna acción judicial en el Tribunal Agroambiental o gestionar medidas cautelares para evitar las quemas”, señaló.
Por todo lo expuesto, afirmó que en el tema de los incendios forestales predomina la impunidad, ya que son más las normas destinadas a promover chaqueos y quemas, que las regulaciones y leyes para la protección y la defensa de los bosques.
“Existen más normas que amparan a los que inician quemas y esto es responsabilidad directa de los gobiernos de Luis Arce, Jeanine Añez y Evo Morales”, indicó el activista.
Para concluir, Morales apuntó que otro factor importante en la problemática por los incendios y la afectación a la naturaleza, tiene que ver con los intereses económicos y los compromisos asumidos por el Gobierno con distintos sectores interesados en la ampliación de la frontera agrícola en el país.
“Detrás hay intereses empresariales, de interculturales y otros, interesados en seguir quemando para ampliar la frontera agrícola en el país, de esta forma quedarse con las tierras fiscales quemadas para meter ganado y maquinaria para la siembra de soya”, aseveró, recordando que recientemente se aprobaron decretos para incentivar plantaciones de esta variedad para la generación de biodiésel.
Esta semana, pese a la crisis ambiental provocada por los incendios forestales en territorio nacional, el diputado Héctor Arce, del ala “evista” en el Movimiento al Socialismo, sostuvo que las cuestionadas normativas fueron diseñadas para “para viabilizar el aparato productivo del país”.
Según Arce, el problema tiene que ver con que existen ciudadanos que, “al momento de realizar una quema actúan de manera irresponsable”, asimismo, aseguró que se requiere de mecanismos de control hacia estas personas.