La ampliación y universalización de los derechos humanos se hace cada vez más evidente con respecto a una categoría concreta de personas en el mundo, derechos inviolables que están garantizados por los Estados al estar vinculados con el principio de respeto a la dignidad de las personas.
Volver Turk, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, indicó que la justicia es vital para la paz y el desarrollo social sostenible y consideró que el mundo precisa de una justicia accesible y disponible para todos, y que la independencia y desconfianza es un reto que demanda esfuerzos.
Destacó la autoridad, que las personas que viven en situación extrema de injusticia y privadas de cualquier protección de la ley y el sistema público, suman a 250 millones, de las cuales 1.500 millones de mujeres las más vulnerables no tienen protección efectiva contra el acoso sexual en el trabajo, y más de 1.000 millones de mujeres viven sin protección contra la violencia sexual de una pareja.
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Esta falta de protección deja a las personas vulnerables sin acceso a la justicia, a la elección de defensores, a no ser declarado culpable sin previo proceso justo y recursos expedidos ante jueces competentes e independientes, a detenciones violentas y arbitrarias, a enfermedades en cárceles, pobreza, desigualdad y hasta el extremo de exclusión política social y ejecuciones extrajudiciales con conocimiento y asentimiento de autoridades máximas de Tribunales de Justicia. Como si el ciclo de la vida de las personas estuviese a cargo de sistemas tenebrosos y dictadores paranoicos por el poder.
El derecho humano a la justicia, todavía no es una realidad para gran parte de la población mundial, si las ideas, pensamientos, libertad de expresión, información, tránsito libre y decomiso de pasaportes, y privación de libertad con pruebas inventadas son autorizadas por la autoridad imperial que funciona a perpetuidad.
Una muestra de esta realidad espeluznante se configura en Venezuela con los chavistas y Nicolas Maduro que en su papel de presidente -perdedor-, pretende emular a Putin haciendo reformas hasta coronarse con 36 años en el poder consultando a los 20 magistrados que deciden aún contra la voluntad del pueblo.
Revisando un poco la historia, Agentes de la Fuerza de Acción Especial (FAES) y otras unidades policiales y militares, han asesinado y torturado con impunidad en zonas de bajos recursos, incluso bajo redadas de seguridad conocidas como «operaciones de liberación al pueblo».
La sociedad venezolana y activistas que defienden los valores democráticos y la restitución del orden constitucional del estado de derecho, son testimonio vivo de hechos registrados entre 2016 y 2019, tiempos en que las fuerzas de seguridad policial, militar y grupos armados terroristas afín al gobierno invocando la operación «resistencia a la autoridad» cargaron con más de 19.000 asesinatos cual se tratare de estado de guerra o el derecho a matar contra el enemigo.
Las pruebas indican que muchos fueron ejecuciones extrajudiciales, al mejor estilo de Stalin que cegó la vida a más de 100.000 ciudadanos en la época de la antigua URSS. Fue la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), la que documentó patrones relacionados con estos asesinatos en barrios periféricos, los que fueron reducidos en cifras el 2022.
Como resultado de estos sucesos de violacion masiva de los derechos humanos, en noviembre de 2021, el Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) Karim Khan, abrió una investigación sobre posibles crímenes de lesa humanidad en Venezuela, como parte de una política de represión de opositores.
El Ministerio Público de Venezuela bajo el control de Maduro ha recibido 235 denuncias por violacion de derechos humanos, que implicaron privación de libertad entre mayo de 2021 y abril de 2022 incluidos 20 casos con cargo del terrorismo y sedición, sin que éstos hechos hayan sido esclarecidos.
El representante de ACNUDH y el grupo de trabajo de Naciones Unidas sobre las detenciones arbitrarias en manifestaciones y redadas ejecutadas por grupos armados partidarios al gobierno, coincidieron en sus informes a la ONU sobre los desafíos persistentes al ejercicio de las libertades y el establecimiento de juicio justo; además de comprobar que hay excesivas demoras en la implementacion de órdenes judiciales para la liberación de detenidos ilegales, vulnerando la presunción de inocencia.
Nada a frenado a Nicolas Maduro y a su actual ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz Diosdado Cabello Rondón, para no llevar más dolor a las familias venezolanas, por el contrario advirtió con intensificar las represiones a la oposición.
Frente a los sucesos anteriores y al cabo de un mes de las elecciones presidenciales en Venezuela, el Consejo Permanente de la OEA se reunió a pedido de: Argentina, Canadá, Chile, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay el 28 de agosto, en cuya sesión Roberta Clarke Alta Comisionada sobre los Derechos de las Mujeres de la OEA informó:
Las manifestaciones han sido duramente reprimidas y todo esto sucede en un contexto de absoluta impunidad, porque los órganos de control corresponden al régimen y son parte de la estrategia represiva del estado.
Denunció que el régimen de Maduro implementa prácticas de terrorismo de estado, con violaciones a los derechos fundamentales en Venezuela, represión, arrestos arbitrarios y las desapariciones de manifestantes que han salido a las calles a reclamar transparencia en los resultados de los comicios presidenciales del 28 de julio.
Indicó que los patrones que han repetido violaciones registradas hace ya una década se destacan: el uso arbitrario de la fuerza, que ha resultado en muertos y heridos, desapariciones forzadas, presunciones judiciales, acoso contra opositores y voluntarios electorales, censuras y restricciones a la libertad de expresión.
Señaló que al menos 23 personas han muerto por la violencia de la fuerza pública contra los manifestantes en las protestas, todas ellas por disparos, ocho de esas muertes fueron atribuidas a las fuerzas militares y dos a la policía las otras sin precisión.
Aseveró que desde el 22 de julio, organizaciones de la sociedad civil han registrado al menos 1674 detenciones, la mayoría de ellas de jóvenes que viven en áreas urbanas muy pobres y no marginales como sucedió en 2014 y 2019.
Manifestó que aquellos que son acusados con cargos criminales experimentan violaciones al debido proceso, no se les permite elegir un abogado defensor, sino que se les impone un defensor público y en el caso de adolescentes no pueden comunicarse con sus familias (art. 8 incs. d) y e) CADH Garantías judiciales).
Afirma que desde el 28 de julio, se registraron 108 casos de libertad de expresión, entre ellos la privación de libertad arbitraria a periodistas y acusaciones infundadas al terrorismo o incitación al odio, la cancelación de pasaportes de al menos 36 abogados que quieren sumarse a la defensa, cierre de medios de prensa, confiscación de equipos y deportación de reporteros internacionales.
No se limitó en denunciar, que fuerzas del regimen en las calles inspeccionan a las personas sobre contenidos móviles y el uso de cámaras de vigilancia y drones de patrullaje, lo que genera un clima de miedo e intimidación entre la población venezolana.
Exhorta a las autoridades de gobierno a que cese el uso excesivo de la fuerza, que terminen las detenciones arbitrarias a periodistas, la liberación de los 15 adolescentes, el debido proceso para los 1674 detenidos, se informe sobre las desapariciones y el esclarecimiento de las muertes. Agrega que la Comisión seguirá monitoreando la situación de los derechos humanos en Venezuela y las acciones represivas, persecuciones, detenciones arbitrarias y torturas, son totalmente rechazadas por la CIDH.
Concluye Roberta Clarke, que no hay otro camino para pacificar y condenar a las autoridades la violación de los derechos humanos por la dimensión de gravedad que evidencian los reportes que llegan, que no sea otra, que «exigir la publicación de actas por mesas y que sean verificadas en forma independiente». Esto se expresa en una solución negociada en la que se respete la voluntad del pueblo que eligió al presidente de Venezuela el 28 de julio.
La posición del representante de Uruguay ante la OEA Washington Abdala, fue contundente tras escuchar el informe de Roberta Clarke al decir que ahora está más claro que nunca: «matan, encarcelan, torturan y lo hacen con su propia gente» la «dictadura no tiene vergüenza en matar». En esa línea desfilaron las intervenciones, en la que el Embajador de Bolivia Arce Zaconeta optó por la prerrogativa de gracia a favor de Maduro, cuando la comunidad regional y mundial sabe que constitucionalmente que no puede ser declarado ni investido como presidente cuando no resultó de una clara mayoría en las elecciones presidenciales. Y pensar que son los ciudadanos los que pagan su sueldo con los impuestos para observar esta clase de irresponsabilidades diplomáticas en línea de aforamiento del fraude, ayer en Bolivia (20-10-2019 con Evo Morales) y hoy en Venezuela con Maduro (28-07-2024). Cabe preguntarse quién resulta responsable de esta gestión errónea y tremendamente comprometida
Por su lado, Luis Almagro Secretario General de la OEA describió a Maduro como «presidente de facto», que todo el sistema de justicia de Venezuela «está dado para garantizar impunidad y perseguir» a la oposición. «Todo sin justicia, todo con impunidad». Reiteró que anteriormente pidió a Maduro que renuncie o muestre las actas electorales. También recordó que ya había solicitado a la Corte Penal Internacional (CPI) la imputación de cargos y órdenes de aprehensión contra los principales responsables del régimen autoritario venezolano.
Debe señalarse, que el Senado de Chile aprobó por unanimidad el proyecto de resolución que solicita al presidente Gabriel Bóric que no solamente reconozca al verdadero y legitimo ganador de las elecciones de Venezuela, sino que además la CPI pueda detener a Nicolas Maduro por todos los crímenes de lesa humanidad que hoy día se le persiguen, dijo así el senador Felipe Kast tras la aprobación de dicha resolución (28-08-24).
Teniendo esto en cuenta, el tema pasa si Karim Khan Fiscal de la CPI dispone del procedimiento ajustado al Estatuto de Roma para ejecutar la orden de arresto contra Maduro y la élite militar responsable de crímenes de lesa humanidad, y ejecute la orden de arresto contra Putin en su viaje a China por crímenes de guerra.
Para lograr este resultado habrá que aplicar las técnicas de cooperación internacional, pensar que van a renunciar los monstruos de la humanidad es como aceptar que el Caribe y el mar negro no están manchados de sangre.
Por último, para que vuelva la paz en Venezuela y retornen los más de 7,1 de venezolanos que migraron a otros países hermanos, es importante que el estado de derecho desempeñe su papel en la reconstrucción de la confianza, respeto de las libertades, y las instituciones públicas deben ser más receptivas, justas y eficaces en todo orden, así como expone Tur Volker: «El estado de derecho y los derechos humanos se refuerzan mutuamente, sí este estado de derecho ha de servir a las personas y generar confianza, debe estar plenamente alineado con los derechos humanos».
Pedro Gareca Perales