Mediante un nuevo pronunciamiento el grupo Mujeres por la Democracia – Bolivia ha expresado su rechazo a las actuaciones del Estado contra la ex Presidente Jeanine Añez Chávez.
Fuente: https://ideastextuales.com/
El lunes 2 de septiembre y el martes 3 de septiembre se inician dos juicios orales contra la ex Presidente de Bolivia. El primero es acerca de las muertes en la localidad de Sacaba, en el departamento de Cochabamba, en noviembre de 2019 y el segundo se trata de la supuesta designación fuera de norma de la gerente de la empresa pública EBA. Ambos procesos judiciales se desarrollan en la justicia ordinaria, desconociendo la Constitución y la Ley 0044 de Enjuiciamiento de Mandatarios y Magistrados en el ejercicio de sus funciones, normas vigentes en la legislación boliviana.
El grupo de mujeres parlamentarias, activistas y ex ministras de Estado Mujeres por la Democracia – Bolivia, explica los argumentos de esta arbitrariedad por parte del gobierno y de las autoridades judiciales de Bolivia:
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«Este lunes y martes 2 y 3 de septiembre los jueces sin competencia ni jurisdicción para procesar a ningún ex mandatario de Estado, inician dos nuevos juicios orales, ilegales y funestos, contra la ex Presidente de Bolivia, Abog. Jeanine Añez Chávez.
El 13 de marzo de 2021 el régimen del Movimiento Al Socialismo y sus dirigentes, Evo Morales y Luis Arce Catacora, secuestraron a la ex Presidente del domicilio de su familia en la ciudad de Trinidad, Beni, en horas de la madrugada en un operativo encabezado por el Ministro de Gobierno y el Comandante de la Policía, quienes la trasladaron a la ciudad de La Paz en un avión militar, la acusaron por “terrorismo” por asumir la presidencia vacante del país en 2019 y la sentenciaron a “detención preventiva” indefinida.
A semejante infamia, cometida en complicidad por el régimen del MAS, los fiscales, los jueces y los magistrados complotaron para desconocerle la garantía y el derecho al debido proceso, a la defensa en libertad y en un Juicio de Responsabilidades como lo manda la Constitución y la ley. Son 9 los procesos montados en su contra y tramitados cual verdadera dictadura, en un bloque constituido por Fiscalía, Ministerio de Gobierno, Ministerio de Justicia, Procuraduría del Estado, Presidencia del Senado y otros, contra la ex Presidente encarcelada y con el rechazo y denegación permanente a sus pruebas de descargo, testigos de descargo, jurisprudencia nacional e internacional y, fundamentalmente, la obligación del Estado de cumplir la Constitución y no pisotearla.
Bolivia y la comunidad internacional fueron testigos y dan fe de que la hoy presa política Jeanine Añez Chávez, en su condición de 2ª Vicepresidente del Senado, asumió un rol trascendental en defensa de la democracia tras el fraude electoral del ex presidente Evo Morales, su renuncia, su huída del país y su asilo voluntario en México y Argentina. Ella asumió con valor y sacrificio el deber que le ordenaba el Reglamento de la Cámara de Senadores y la Constitución, ejerciendo la Presidencia vacía del Senado e inmediatamente la Presidencia abandonada del país, pacificando y evitando la confrontación violenta propiciada por el fugitivo Evo Morales y sus grupos de choque.
Exigimos la reconducción inmediata de las denuncias contra los actos legítimos y enmarcados en la ley y la democracia de la ex Presidente Jeanine Añez, a través del Órgano Legislativo como manda la Constitución y que, si fuera el caso, sea procesada por el Tribunal Supremo de Justicia como la norma suprema del país lo manda.
Los servidores públicos, fiscales, jueces y magistrados que condenan desde el 13 de marzo de 2021 a la ex Presidente, ellos sí son pasibles a juicios penales ordinarios por efectos del Art. 122 de la Constitución Política del Estado que juraron cumplir y hacer cumplir: “Son nulos los actos de las personas que usurpen funciones que no les competen, así como los actos de las que ejercen jurisdicción o potestad que no emane de la ley”.
La ex mandataria deberá asistir de manera presencial o virtual a los juicios orales por el caso Senkata, donde el gobierno la acusa de genocidio por la muerte de 10 personas y varios heridos en noviembre de 2019, a horas de asumir la Presidencia del país cuando la convulsión social iba en ascenso a raíz del fraude electoral, la renuncia y la salida del país del ex presidente y del ex vicepresidente de Bolivia, Evo Morales y Álvaro García Linera; también por la supuesta designación fuera de norma de la gerente de la empresa pública EBA.
Los procesos judiciales iniciados por el gobierno actual en contra de la ex mandataria de Estado la desconocen como tal y la imputan y acusan al margen de la Ley 044 de Enjuiciamiento de Ex Mandatarios y Magistrados vigente en la normativa boliviana.
Los 10 procesos judiciales contra la abogada Jeanine Añez que lleva 1264 días de prisión en la cárcel de Miraflores de la ciudad de La Paz, son:
Caso 1. Supuesto Terrorirsmo, denominado GOLPE , con registro CUD: 201102012005679; iniciado el 27/11/2020, a cargo de una comisión de tres fiscales.
Caso 2. Supuesta Usurpación de funciones, con registro CUD: 201102012102610, denunciadas por Andrónico Rodríguez, actual Presidente del Senado.
Caso 3. Supuestas Resoluciones contrarias a la Constitución (Golpe II desdoblado de Golpe I)
Caso 4. Supuesto incumplimiento de de deberes por Fundempresa.
Caso 5. Supuesto asesinato y genocidio por violencia en Sacaba.
Caso 6. Supuestas resoluciones contrarias a la Constitución y atentado al trabajo de un radialista.
Caso 7. Supuestas resoluciones contrarias a la Constitución, incumplimiento de deberes y nombramientos ilegales en la Empresa EBA.
Caso 8. Supuesto asesinato, y genocidio en Senakata.
Caso 9. Supuestas resoluciones contrarias a la Constitución e incumplimiento de deberes en la contratación de jet fuel.
Caso 10. Supuesta contratación ilegal de crédito al FMI.
La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia prevé que los presidentes que sean denunciados y cuyas actuaciones sean sospechosas de haber incurrido en delitos, deben ser tramitadas por el Fiscal General del Estado ante el Congreso (Asamblea Legislativa Plurinacional) la que deberá aprobar el enjuiciamiento que será tramitado ante el Tribunal Supremo de Justicia.
A la ex Presidente de Bolivia se le ha negado esta prerrogativa constitucional e incluso, los acusadores al igual que las autoridades judiciales han negado la evidencia de su función como Presidente de Bolivia entre noviembre de 2019 y noviembre de 2020, lo que constituye una aberración sin precedentes en los Estados de Derecho del continente.