La historia registra como el primer referéndum, y el único del sigo XX, al llevado adelante por el gobierno militar de Blanco Galindo
Fuente: https://correodelsur.com
Al margen de los cinco referendos realizados en Bolivia desde su vigencia legal, la historia nacional registra como el primer referéndum del país, y el único a lo largo del siglo XX, al convocado en 1931 por la junta militar presidida por el general Carlos Blanco Galindo. ¿Qué se votó en él?
Blanco Galindo había derrocado al presidente Hernando Siles un año antes, el 25 de junio de 1930, y la junta militar que presidía concretó la citada consulta el 11 de enero de 1931, según trabajos académicos y publicaciones históricas revisadas por CORREO DEL SUR.
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Los resultados no fueron “anodinos para la historia del país. En efecto, los votantes aprobaron, entre otras medidas, la autonomía universitaria, el hábeas corpus, dieron rango constitucional a la Contraloría y respaldaron un proceso de descentralización que el siguiente gobierno elegido no aplicó alegando los riegos que corría el país dada la inminencia del conflicto bélico con Paraguay”, destaca el expresidente de la Corte Nacional Electoral Salvador Romero en su trabajo “La democracia directa en Bolivia”, elaborado para el Instituto para la Democracia y Asistencia Electoral (IDEA).
Pero además la consulta aprobó el periodo constitucional de cuatro años para el presidente y el vicepresidente de la República, la dieta por sesión asistida en el caso de senadores y diputados y el recurso del estado de sitio como medida de excepción, se lee en las referencias del libro “La justicia administrativa en Bolivia.
El proceso contencioso administrativo y proceso contencioso. Análisis y comentario”, de Favio Chacolla.
Es decir, antes del polémico referéndum de 2016, que le dijo No a la reelección presidencial de Evo Morales y que no fue respetado, bolivianos ya votaron sobre este tema.
“La consulta fue llamada por presión de sectores de la población insatisfechos con las facultades excesivas del Poder Ejecutivo y por las pervertidas prácticas políticas”, reza el texto de Chacolla.
Desde 2004 a la fecha
Bolivia tuvo cinco referendos desde que la democracia participativa fuera incorporada en la Constitución Política del Estado: sobre la política del gas (2004), sobre autonomías (2006), revocatorio de mandato para presidente, vicepresidente y ocho prefectos (2008), aprobatorio de la nueva Constitución (2009) y sobre la reelección presidencial (2016), cuyo resultado no se respetó.
El actual gobierno de Luis Arce planteó someter a referéndum en diciembre la subvención a los hidrocarburos y la reelección presidencial, aunque el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) ya declaró improcedentes las tres preguntas.
VOTO «CALIFICADO»
Como ocurría en aquella época, el Gobierno militar de 1931 hizo “un referéndum de voto calificado”, es decir, excluyó a mujeres, analfabetos y a quienes ganaban menos de la renta o salario mínimo. Así, participaron 90.000 personas de un total de 800 mil habitantes.
REFORMAS APROBADAS
● Incorporación del hábeas corpus como garantía constitucional contra apresamientos, detenciones y otros procedimientos ilegales.
● Garantías para contratos del Ejecutivo y la soberanía nacional sobre empresas extranjeras con el nuevo “régimen económico y social”.
● Establecimiento de un término de 90 días para el estado de sitio, sin posibilidades de prolongarse por uno nuevo ni declarar otro estado de excepción durante el año con asentimiento del Congreso.
● Establecimiento de una dieta para senadores y diputados por sesión asistida.
● Mandato de cuatro años improrrogables para el Presidente, sin posibilidad de reelección, sino pasados ocho años desde la terminación de su mandato.
● Prohibición al Vicepresidente de ser reelegido en su cargo o ser elegido presidente, sino después de ocho años.
● Incorporación de la Contraloría General del Estado en la Constitución.
● Incorporación al texto de la descentralización administrativa vía autonomías departamentales. No se aplicó.
● Reconocimiento de la autonomía universitaria, otorgándole categoría de norma constitucional.