“Yo estoy presa físicamente, pero mi conciencia es libre como libres son mis pensamientos y jamás renunciaré a que mis hijos vivan en libertad plena. Desde donde esté seguiré mi lucha en forma inclaudicable”, dice un párrafo del libro Jeanine, de puño y letra, que escribió la expresidenta Jeanine Añez en su encierro en el penal de Miraflores, en La Paz.
Actualmente, la exautoridad cumple una sentencia de 10 años de cárcel, que fue dictada el 10 de junio de 2022 por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, en el caso denominado Golpe de Estado II. A esto se suman otros ocho procesos en curso, todos se ventilan en la vía ordinaria. Su familia, que no halla respuesta en el país, acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con una demanda en busca de justicia.
“Mi madre está fuerte, sabe que esto es político, sabe que lo que hizo es lo que correspondía y cumplió con su país y lo que debe hacer es resistir en la cárcel», dijo a Visión 360 Carolina Ribera, hija de la exmandataria, quien asumió la Presidencia en medio del conflicto social y político el 12 de noviembre de 2019.
El abogado Luis Guillén, integrante de la defensa legal de Añez, confirmó a Visión 360 que son nueve los procesos que se le instauraron a la expresidenta, de los cuales uno tiene sentencia y los otros, entre procesos abiertos y denuncias en investigación, aún se sustancian en los estrados judiciales.
Según una revisión hemerográfica, algunos casos en contra de Añez son: Golpe de Estado I, por terrorismo, sedición y conspiración; EBA por designación ilegal de una autoridad en la Empresa Boliviana de Alimentos; Senkata, por genocidio, tentativa y asesinato en los conflictos de 2019; Sacaba, por los mismos delitos perpetrados en el municipio cochabambino; venta irregular de Jet Fuel A-1 en 2020; préstamo de 327,7 millones de dólares de un organismo internacional para enfrentar la pandemia del covid.
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Guillén dijo que en estos casos se advierten varias “irregularidades” cometidas por las autoridades del Ministerio Público, tal como ocurrió el pasado miércoles en la audiencia por el caso Senkata, que quedó suspendida por 10 días hasta que la Fiscalía subsane las observaciones efectuadas por la autoridad jurisdiccional.
En la audiencia, explicó el jurista, se evidenciaron tres principales actuaciones irregulares. La designación de defensa pública para la exmandataria, que también fungía como parte acusadora; la acusación fue planteada de manera general sin especificar el grado de autoría y responsabilidad de los coimputados que son 18 personas, además que se debía tramitar la rebeldía de otros procesados tales como Julio Cordero Alborta; los exministros Arturo Murillo, Luis Fernando López y Víctor Hugo Zamora; y el excomandante de las FFAA, general Sergio Orellana, acción a la que se dio curso.
Para la hija de la expresidenta, el intento por instalar este juicio oral solo busca distraer a la población de los verdaderos problemas que tiene y que se circunscriben a la crítica situación económica que afecta a todos.
“Los productos han subido 40 y 50 %, hay manifestaciones, eso afecta al país y todo este circo montado con linchamiento judicial a presos políticos que son inocentes es (una) cortina de humo para distraer del problema real”, indicó Ribera.
Ribera explicó que el Movimiento Al Socialismo (MAS) quiere culpar a su madre por “genocidio” cuando los verdaderos “asesinos son Evo Morales, Álvaro García Linera y la cúpula del MAS”.
El 19 de noviembre de 2019, un operativo militar y policial, organizado para desbloquear la planta de Senkata, en El Alto, terminó con la muerte de 10 personas y cerca de un centenar de heridos. Este suceso sobrevino a la crisis política vivida tras la renuncia de Evo Morales a la Presidencia.
Desde el Gobierno, el procurador general del Estado, César Siles, aseguró el jueves que el proceso por el caso Senkata contra Añez “no puede quedar paralizado” y anunció que evalúa la posibilidad de apelar la determinación.
“Es un caso que va a sentar precedentes históricos. El pueblo está exigiendo justicia por los 10 muertos. Hay varias recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes que exigen una sentencia condenatoria”, dijo el procurador Siles.
Yolanda Herrera, expresidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), reflexionó que desde el Ministerio Público se debería velar por la legalidad y la justicia; no obstante, esta última es funcional a los poderes políticos de turno y a raíz de esto, todo se ha instrumentalizado, lo que genera inseguridad e incertidumbre, además el debilitamiento del sistema de justicia.
En ese entendido, Herrera ratificó que a la expresidenta le corresponde un juicio de responsabilidades y no procesos en la justicia ordinaria porque asumió el cargo en sucesión.
La activista de defensa de los derechos humanos fue más allá y advirtió de un peligro de esta instrumentalización, por ejemplo en el caso Senkata en el que, debido a la narrativa funcional al poder, que se maneja, y no a justicia, se está alejando la realidad de lo que verdaderamente ocurrió, e incluso esos hechos corren el riesgo de quedar en la impunidad.
Consultado Guillén sobre qué delito comete el Estado al juzgar a Añez por una vía incorrecta, manifestó: “Todos los actos que son realizados por una autoridad que no tiene competencia son objeto de nulidad”, según establece la Constitución Política del Estado (CPE) porque no se puede usurpar una función que es propia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
Ante esta situación, y la falta de respuesta al clamor de justicia en el país, Ribera indicó que la demanda presentada ante la CIDH fue admitida y ahora se aguarda el pronunciamiento de ese alto tribunal, que se sabe que demorará porque es un proceso moroso. Sin embargo, como “no encontramos justicia en Bolivia, vamos a encontrar justicia en el nivel internacional”, dijo la primogénita de Añez.
Este no es el primer caso en contra del Estado boliviano en estrados internacionales. Se cuentan entre las experiencias el planteado por los afectados por el caso Terrorismo y por el expolicía Blas Valencia, entre otros.
En el segundo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (C-IDH) ya emitió sentencia que dicta que el país debe pagar una indemnización económica de 800 mil dólares. En ambos casos se argumentó violación a los derechos humanos de los detenidos que, si bien son procesados, solo pierden su libertad y no así sus otros derechos señalados en la Carta Magna.
No obstante, para Herrera no solo es el hecho del pago monetario que debe hacer en estos casos el Estado, el que preocupa, sino se juega la imagen del país la que queda en entredicho porque se advierte que incumple leyes y acuerdos suscritos en el marco jurídico internacional.
“Nos deja en situación de entredicho de que el Estado boliviano no respete los derechos humanos”, indicó Herrera.
El abogado Guillén dijo que la demanda de Añez ante la CIDH “está en curso” y dependiendo de los resultados se aguarda un dictamen de indemnización que se trata de montos elevados; además, pone al Estado en una situación de “violador de garantías”, lo que evidencia que no se tiene apego al Estado de derecho.
De acuerdo con Franco Albarracín, activista de derechos humanos, estos procesos en contra de exautoridades del Gobierno de transición son claramente casos de “persecución política e instrumentalización”, tal como señalaron organismos internacionales de prestigio como Amnistía Internacional, Human Rights y la CIDH.
Pedido de liberar a “presos políticos” pasa las fronteras
Los pedidos de la oposición en Bolivia de liberar a los «presos políticos» pasan las fronteras. Es que organizaciones y colectivos en el exterior se pronunciaron a favor de esta demanda.
Es el caso de un centenar de personalidades y organizaciones no gubernamentales de España que se manifestaron el pasado 10 de enero, cuando pidieron la liberación inmediata de los “presos políticos” en Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia.
Además se conocen de resoluciones y pronunciamientos escritos en apoyo a esta petición, que en el territorio nacional es compartida por activistas de Derechos Humanos, entidades cívicas e integrantes de la Iglesia católica.
El 26 de enero de 2023, los obispos reunidos en la CXIV Asamblea de la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB) realizada en la ciudad de Cochabamba, demandaron amnistía e indulto para los presos “injustamente” detenidos en el país.
Además, el cabildo que se realizó en la ciudad de Santa Cruz, el pasado 21 de enero de 2023, exigió en uno de sus puntos la libertad para los «perseguidos políticos»; lo propio ocurrió en la movilización efectuada el 30 de marzo del mismo año en la capital cruceña.
El 12 de octubre de 2021, la presidenta de una fracción de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), Amparo Carvajal, envió al fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, una lista de 45 personas que consideraba «presos políticos», entre quienes se encuentra la exmandataria Jeanine Añez.
La organización Global Human Rights League informó en 2023, que en el país existen 279 «presos políticos».
Recientemente, la Asamblea de la Cruceñidad, reunida para analizar los datos del censo, aprobó la exigencia de libertad para estas personas.
Así también el entonces general Juan José Zúñiga, durante la toma del Palacio Quemado, se refirió a esta demanda.
Colaboradores de Añez enfrentan procesos legales
No solo la exmandataria del período de transición enfrenta cargos en la justicia. Su equipo de colaboradores también tiene denuncias pendientes en los estrados judiciales, aunque algunos de ellos se autoexiliaron, precisamente para no responder por las acusaciones, puesto que consideran que el sistema judicial no es independiente y más bien responde al Gobierno de turno; en cambio, otros están o estuvieron en prisión.
Es el caso de Arturo Murillo, quien fue ministro de Gobierno, y debe responder por el delito de ganancias ilícitas por el sobreprecio en la compra de gases lacrimógenos. Roxana Lizárraga, exministra de Comunicación, recientemente fue sentenciada a cuatro años de cárcel por enriquecimiento ilícito. Ambos excolaboradores se encuentran en Estados Unidos.
Álvaro Coímbra y Rodrigo Guzmán, exministros de Justicia y Energías, respectivamente, se sometieron a un juicio abreviado por el caso golpe de Estado y luego de permanecer por más de dos años recluidos preventivamente en el penal de San Pedro, lograron su libertad en febrero pasado.
Entre quienes se considera que son prófugos de la justicia se encuentran Fernando López, exministro de Defensa (Paraguay); Víctor Hugo Zamora, exministro de Hidrocarburos; Yerko Núñez, exministro de la Presidencia; y María Elba Pinckert, extitular de Medio Ambiente. Estas exautoridades están acusadas por los delitos de genocidio y compra irregular de gases, entre otros.
Karen Longaric, excanciller, y Jerjes Justiniano, también exministro de la Presidencia se autoexiliaron.
Eidy Roca, exministra de Salud, estaba acusada por la compra de respiradores con sobreprecio durante la pandemia; sin embargo, debido a su estado de salud, fue apartada de la indagación.
En la lista también se encuentran efectivos policiales y militares; algunos guardan detención preventiva, otros están fuera del país.
Albarracín: “Hay un patrón de persecución política”
“Los procesos en contra de Jeanine Añez y exautoridades, principalmente del Gobierno transitorio, aunque también otras como el exalcalde Luis Revilla, forman parte de un patrón de persecución política, donde se utiliza a la justicia, que es un instrumento para acallar toda voz crítica opositora que pueda implicar un cuestionamiento hacia el Gobierno y hacia las actividades que realiza, ya sea en el ámbito, económico, político o de la justicia».
Este patrón se caracteriza primero por las faltas al debido proceso y acceso a la justicia; entonces, tenemos procesos donde no se realizan las notificaciones como corresponde, las audiencias no son llevadas a cabo por autoridades independientes e imparciales. Existe una actuación política muy clara por parte del Ministerio Público sobre todo de fiscales de materia y del fiscal departamental y general; hay faltas de autoridades judiciales en el ámbito penal y constitucional, autoridades que al momento de resolver audiencias de medidas cautelares actúan no conforme a lo que establece la ley sino de acuerdo con la tendencia política o la línea que marcó la autoridad del Ejecutivo, en este caso el Ministerio de Justicia.
Es un patrón de persecución política a través del uso e instrumentalización de la justicia donde se vulnera el debido proceso y el acceso a la justicia; entonces, estas exautoridades se ven imposibilitadas de acceder a una justicia independiente, imparcial; se vulnera el principio de inocencia, son exhibidas como si fueran culpables. En el caso de Añez se vulnera lo que dice la CPE, que los expresidentes deben ser juzgados por juicio de responsabilidades.