Según el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, los empresarios rechazan que las sanciones se endurezcan. En tanto, los medianos y pequeños productores denuncian que no pueden producir.
Fuente: La Razón
Debido a la crisis ambiental que atraviesa el país por los incendios forestales en el oriente boliviano, el Gobierno tomó una serie de medidas desde hace 20 días. Así, mediante el Decreto Supremo 5225, se declaró una pausa ambiental y se propuso endurecer las sanciones para los que originen los fuegos.
Sin embargo, la situación es más compleja, pues algunos sectores productivos no acatan la pausa ambiental, que suspende las autorizaciones para realizar quemas, debido a que se ven perjudicados.
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“En el tema de la pausa ambiental es más por los pequeños y medianos productores, que les estaría vulnerando a producir; pero estamos negociando, estamos hablando. No queremos afectar al tema productivo, pero necesitamos normas estrictas, normas fuertes”, afirmó el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Yamil Flores.
Rechazo
Según el funcionario, el sector productivo, principalmente en Santa Cruz, realizó bloqueos y amenazó con tomar instituciones, en rechazo a la pausa ambiental.
Los productores argumentan que la prohibición de los chaqueos y quemas también afectará a la seguridad alimentaria de todo el país.
“Hay sectores que no quieren acatar, se resisten, estamos negociando con ellos”, afirmó el ministro.
La autoridad protestó que estos sectores impiden el trabajo del Gobierno. Pero afirmó que el presidente Luis Arce busca una gestión mediante el “diálogo y la participación” de todas las partes, por lo que esperan negociaciones con estos grupos.
Una de las soluciones que permitieron que los bloqueos se levanten fue la regionalización de la pausa ambiental, para que la prohibición de quemas no se aplique en algunas zonas productivas.
Flores afirmó que la reglamentación correspondiente para la pausa ambiental y otras medidas deberá estar lista para esta semana.
En tanto, el Gobierno declaró desastre nacional por los incendios, espera la aprobación de créditos en la Asamblea Legislativa y apunta a que las tierras incendiadas no puedan distribuirse en 10 años.