El abogado Jorge Nina indicó que además se conminó a que, en el término de 24 horas, el Tribunal de Sentencia Cuarto de El Alto señale inicio a la continuidad del juicio oral por este caso.
Fuente: La Razón
El Tribunal Décimo Anticorrupción de El Alto dejó sin efecto las observaciones del Tribunal Cuarto de Sentencia que paralizó el juicio oral en el caso Masacre de Senkata y ordenó que en 24 horas se señale día y hora para reactivar el juicio contra la expresidenta Jeanine Áñez y otros 17 imputados.
“El Sepdavi (Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima) ha presentado una acción de libertad, en sentido de que había una retardación indebida del Tribunal de Sentencia Cuarto de El Alto. En ese entendido, el Juzgado Décimo de Sentencia Anticorrupción de El Alto se ha constituido en Tribunal de Garantías, en la que habiendo escuchado a los accionados y accionantes, ha decidido dejar sin efecto la observación a la acusación formal que se había emitido en contra de la acusación del Ministerio Público y Sepdavi”, informó el abogado Jorge Nina a la red DTV.
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El jurista también indicó que además se conminó a que, en el término de 24 horas, el Tribunal de Sentencia Cuarto de El Alto señale inicio a la continuidad del juicio oral por este caso. “También ha ordenado que se remitan obrados al Ministerio Público. En ese entendido se va a conocer hoy cuándo se va a dar inicio al juicio”.
Fallo
El juicio oral fue paralizado por 10 días para que se hagan las correcciones, debido a que el Tribunal de Sentencia advirtió de erros en las acusaciones formuladas contra los investigados, porque no “habrían” identificado el grado de participación de cada uno de los imputados por los hechos del 19 de noviembre de 2019.
Jorge Valda, defensa del teniente coronel Miguel Santiesteban, denunció que la acción de libertad que se llevó el domingo no le fue notificada ni a sus colegas copatrocinantes de ninguno de los imputados. Sin embargo, dijo que estaban presentes las carteras de Estado de los ministerios de Justicia, de Gobierno y la Procuraduría General del Estado.
Proceso
“El Ministerio de Justicia ha preferido presenta una acción de libertad ante un juez de turno y también ha remitido antecedente del Tribunal de Sentencia Cuarto para que el fiscal departamental decida qué delitos los va a investigar, ni siquiera señalando que hubieran cometido prevaricado o incumplimiento de deberes o retardación de Justicia; además ante el Consejo de la Magistratura por falta disciplinarias para ordenar su procesamiento”.
El jurista denunció que el Ministerio de Justicia “hace lo que quiere”; debido a que lleva audiencias “entre gallos de media noche”, sin presencia de los coimputados.
La expresidenta y otras 17 personas son acusadas por el delito de genocidio; esto debido a los hechos ocurridos el 19 de noviembre de 2019 en la zona de Senkata de la ciudad de El Alto, La Paz.
Entonces, 10 personas fallecieron, todas a bala, por operaciones que ejecutaron los efectivos militares; amparados por el Decreto Supremo 4078, que los eximia de responsabilidades penales por el posible uso desmedido de la fuerza.
En noviembre de 2019, el país vivió un escenario de conflictividad persistente en todo el país. La población realizó manifestaciones y bloqueo de vías que se incrementaron a partir del 10 de noviembre de 2019.
Antecedentes
El hecho ocurrió a los pocos días de que Áñez se proclamara presidenta, luego de la renuncia del presidente Evo Morales; que dejó el cargo en medio de una fuerte crisis social; un motín policial y la sugerencia de dimisión presidencial de parte de las Fuerzas Armadas.
Áñez, entonces senadora, asumió el cargo el 12 de noviembre. Primero, se proclamó presidenta del Senado y, después, presidenta del Estado, en sendos actos en la Asamblea Legislativa sin el quorum reglamentario ni la presencia mayoritaria del Movimiento Al Socialismo (MAS), que entonces tenía dos tercios de votos.
La exmandataria cumple una pena de 10 años de cárcel en el penal de Miraflores por el caso Golpe de Estado II; en el que fue juzgada por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes.