La normativa que ha sido promulgada hace 39 años atrás mantiene su hegemonía. Expertos señalan que cualquier modificación a esta norma puede desencadenar en un colapso más profundo
El 29 de agosto de 1985, Bolivia vio la promulgación del Decreto Supremo 21060, una normativa que reformó radicalmente la economía del país, implantando políticas que hasta hoy siguen influyendo. A pesar de la crisis actual, marcada por el encarecimiento de diversos productos, sobre todo alimentos, diversos expertos subrayan que el decreto mantiene su hegemonía, siendo un puntal que ha evitado un colapso económico más profundo.
El Decreto Supremo 21060 fue introducido durante el gobierno de Víctor Paz Estenssoro, en respuesta a una hiperinflación que llegó a superar el 25.000% en 1985. El paquete incluía medidas como la liberalización del tipo de cambio, la eliminación de subsidios y la restricción del gasto público, entre otras políticas dirigidas a estabilizar la economía.
Su promulgación instauró el modelo económico neoliberal, una estructura que aún, a pesar de las reformas y las políticas de corte socialista del MAS, sigue sustentando ciertos aspectos del sistema económico nacional.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
La crisis actual
En medio de la actual crisis económica que afecta a Bolivia, marcada por la escasez de dólares, la inflación y el encarecimiento de productos de primera necesidad, han sido varios sectores y líderes barriales, como Rodrigo Castillo del barrio San Marcos en Tarija, que han alzado la voz para exigir más control en torno a los precios. El mismo Gobierno instó a municipios y gobernaciones coadyuvar con ese rol, para frenar el alza del costo de vida.
Sin embargo, las autoridades locales, como el gobernador Oscar Montes y el alcalde Johnny Torres, han reconocido dificultades en esa tarea, debido a que la economía del país se rige en base a la libre oferta y demanda del mercado, pilar respaldado por el DS 21060.
Cabe mencionar que, durante la pandemia, Bolivia experimentó una reducción temporal de los precios de los productos comestibles, causada por el contrabando masivo desde Argentina, donde la hiperinflación y el tipo de cambio favorecían la importación de alimentos a precios bajos. Pero ese alivio fue fugaz, y ahora el contrabando ha disminuido, lo que ha obligado a la población a consumir productos nacionales, con aumentos de precios que alcanzan entre el 200% y el 300% en comparación con aquel periodo.
El Gobierno Nacional ha respondido a la crisis inflacionaria militarizando las fronteras para combatir el contrabando a la inversa, aunque esta medida no ha frenado la suba de precios en productos esenciales.
Decreto intocable
A pesar de las críticas dirigidas al neoliberalismo por el actual gobierno del MAS, analistas como Fernando Romero y Víctor Hugo Figueroa coinciden en que el Decreto Supremo 21060 ha mantenido una estabilidad relativa en la economía boliviana durante décadas. Aunque reconocen que el país enfrenta una crisis, argumentan que el decreto ha evitado un declive aún más grave.
Romero, quien además es presidente del Colegio de Economistas de Tarija, señaló que el Modelo Económico Social Comunitario Productivo de Bolivia está desgastado, y que el DS 21060 mantiene las bases de una economía liberal y de libre mercado, que no ha sido perfecto, pero garantizó una estabilidad en el país.
“Más allá que tengamos un modelo socialista, lo que rige en el mundo es la ley de oferta y demanda, eso lo vemos en la economía formal o el tema del dólar, que nadie te obliga a comprar dólar caro, pero que por la necesidad de divisas para transacciones lo tienes que adquirir”, explicó
Romero manifestó que esta ley de oferta y demanda es difícil de controlar, y si el Gobierno pretende hacerlo, debería implementar una persona en cada puesto en todo el territorio nacional para que se cumpla el precio establecido, pero al intentar establecer precios, coarta la libertad económica. “Las entidades como los municipios apenas pueden fiscalizar”, indicó.
“Toda norma jurídica es perfectible, para que se entienda, el DS 21060 se puede mejorar, más allá de una norma que es de los años 80. Aquí debemos dejar en claro que la ley de oferta y demanda, es una ley natural de la economía, porque el mundo siempre se ha movido por la oferta y demanda”, indicó.
Crisis anunciada
Por su parte, Figueroa señaló que lo que está sucediendo actualmente en el país es una “crisis anunciada” tiempo atrás por varios expertos, y que a pesar de la advertencia el Gobierno no ha podido controlarla.
“¿Ahora cómo se pueden bajar los precios? Es la pregunta que se hace la población. Para que bajen los precios debe haber mayor oferta de los productos, pero lamentablemente, sumado a la crisis económica, hemos tenido incendios, crisis climática, bloqueos, y lejos de ayudar a bajar los precios, todos esos factores externos, políticos y sociales, lo que hacen es incrementar los precios”, indicó.
Figueroa señaló que el desborde de precios no solamente es con la canasta básica familiar, sino también con los medicamentos, materiales de construcción, electrodomésticos, lo que provoca que la población se sienta alarmada y reclame al Gobierno.
“Los controles fronterizos apenas son una salida, no es una solución estructural, aquí lo que necesitamos son políticas de fomento a la producción, que haga que se aumente la oferta de productos, no solamente agropecuarios, sino también en tener más recursos”, apuntó Figueroa, a tiempo de recomendar que se garantice la circulación de la divisa americana, ya que esta inflación obedece principalmente a la falta de esa divisa.
El economista señaló que ahora el Gobierno ya agotó su discurso de que la economía estaba bien, y que el hecho de pretender llevar el tema de la subvención de carburantes a un referéndum es la muestra clara que esa política no es lo mejor que le sucede al país, sino que está drenando cantidad de recursos que representan alrededor de 1.500 millones de dólares anuales. Enfatizó que es necesario efectuar ajustes estructurales.