Esta semana, Samuel Doria Medina hizo una presentación formal de las soluciones a la crisis que él propone, y unos días después, Ronald Nostas también ofreció un par de sugerencias que coinciden con dos de las identificadas por Samuel: primero, resolver la escasez de dólares, y, segundo, reducir el déficit fiscal.
Las propuestas para superar la escasez de dólares, incluyen medidas para alentar el ingreso de dólares no solo por exportaciones, sino hasta por el financiamiento a ONGS, flexibilizar el tipo de cambio –“unificarlo en 100 días” según Samuel (¿lo haría con dolarización o con flotación?), y captar recursos externos a través de créditos y de la ayuda de organismos bi- o multilaterales de cooperación. Coinciden también en cuanto a la necesidad de eliminar el déficit cortando el despilfarro, la ineficiencia de la administración pública, las subvenciones, y cerrando empresas públicas deficitarias; para lograr el equilibrio fiscal, proponen reducir los gastos y aumentar los ingresos (Samuel: “se gasta sólo lo que se tiene”; Nostas: “mejorar la recaudación tributaria ampliando la base de contribuyentes”).
En general, probablemente el 99.9% de las sugerencias de solución a la crisis que empieza a revelarse, coincidirán en estos dos temas. Pero existen demonios escondidos entre los detalles que, como ha sucedido en el pasado, terminan no solo acentuando los problemas originales, sino generando nuevos. Veamos.
Si bien pocos pueden argumentar en contra de aumentar las fuentes y canales de ingreso de los dólares que nuestra economía necesita para su funcionamiento, no tendría mucho sentido hacerlo sin reducir, al mismo tiempo, los canales de fuga o uso de las divisas en importaciones dispendiosas. El promedio del coeficiente de importaciones entre 1990-2005 fue el 27.8% del PIB, entre 2006-2019 aumentó a 35.1%; las importaciones pasaron del 31.2% al 44.4% respecto al consumo total, en tanto que, en relación con el consumo de los hogares, aumentaron de 37.2% a 54.8%.
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La naturaleza de las importaciones, debería ser identificada y explicada para establecer, si corresponden, también medidas correctivas al (¿mal?) destino de las divisas. De hecho, en nuestro diagnóstico, la combinación de abundancia de dólares, sobrevaluado tipo de cambio, la tolerancia social al contrabando, y hasta la fidelización política de sectores “informales”, han sido la causa del cierre de muchas unidades productivas, de la caída en el empleo formal, del nivel de la productividad laboral, y en el desplazamiento de 35% del empleo agrícola hacia el transporte y el comercio (…de alimentos importados). En otras palabras, de poco serviría traer más agua al tanque si su fondo tiene agujeros.
Eliminar el déficit fiscal también tiene sus bemoles. De inicio, en las dos últimas décadas, la teoría monetaria moderna (MMT por sus siglas en inglés), ha recordado a los economistas que el Gobierno, a través del Banco Central, es la única instancia capaz de emitir el dinero de curso legal; en consecuencia, según las identidades contables –verdades por definición, el sector privado solo puede tener ahorros cuando el gobierno opera en déficit. Pero, al margen de esta importante observación, ya en la década de los años 1990 cuando se ajustaba la estructura tributaria en el marco del DS 21060, desde INASET (y FEBOPI) hicimos notar que todos los impuestos indirectos, en general, se trasladaban al precio final de los productos, lo que, primero, encarecía la producción nacional frente a las importaciones (en especial, frente al contrabando alentado por el auge del microcrédito-comercio informal) y, segundo, reducía en la misma medida la capacidad de consumo de los hogares que eran, en última instancia, quienes pagan todos los impuestos.
Con datos al 2023, las recaudaciones en efectivo en el mercado interno son del orden de cinco a seis mil millones de dólares (casi igual a ingresos por el gas en su mejor momento). Devolver esta capacidad de consumo a los hogares, a la vez que mejoraría la competitividad de la producción nacional, promovería aumentar el uso de capacidad instalada y creación sostenible de miles de puestos de trabajo: para dar idea de magnitudes, 100.000 puestos de trabajo con tres veces la actual productividad laboral, aportarían dos mil millones de dólares al PIB.
Por estos datos, el tema fiscal/tributario, sin duda, debe ser una parte medular de las reformas para salir de la crisis y repensar el desarrollo productivo. En las condiciones actuales, aumentar recaudaciones solo justificaría más gastos dispendiosos porque “estaría bajando el déficit”.
Como provocación adicional al debate, dado que el nivel central emite el dinero, en principio debería usar los impuestos solo como un medio de ajustes y controles macro (recaudar para frenar procesos inflacionarios, o gastar para reactivar la economía), pero no como fuente de recursos de inversión. Esta regla permitiría eliminar el malgasto gubernamental disfrazado de inversiones regionales. Los impuestos a la propiedad, actividad económica, etc., deberían ser de dominio municipal y departamental, niveles que sí requieren recaudar para invertir. Esta sería la base de las verdaderas autonomías, en las que las ETAs asumen un rol protagónico en su desarrollo, con el bono adicional de ampliar y fiscalizar automáticamente la base de “sus” contribuyentes, y planificar su desarrollo en función de sus capacidades reales.
Claramente, reflexionar sobre los dos temas que parecen inicialmente muy concretos, muestra que la realidad es mucho más compleja; hay mucho que corregir, no solo para salir de la crisis, sino para asegurar que a la vuelta de unos pocos años, no volvamos a encontrarnos inermes ante una nueva crisis. Por ahora, celebremos que empiezan a surgir propuestas concretas. Se trata ahora de conformar un amplio y participativo espacio para discutirlas, ordenarlas y complementarlas, exorcizando los demonios ocultos en los detalles velados por diagnósticos muy focalizados.
Enrique Velazco Reckling, Ph.D., es investigador en desarrollo productivo