La estatal petrolera presentó una demanda penal contra los comunarios y dirigentes por los delitos de atentado contra la libertad de trabajo, impedir o estorbar el ejercicio de funciones porque impidieron el ingreso de los trabajadores de YPFB y Petrobras a la comunidad de Saicán para iniciar los trabajos de exploración en el pozo Oso Domo X3.
Fuente: ANF
La Paz – 21 comunarios y dirigentes del cantón de Chiquiacá de la Reserva Natural de Flora y Fauna Tariquía, en Tarija, denunciados por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) se presentaron en la fiscalía de Entre Ríos, pero se abstuvieron a declarar y advirtieron que reforzarán la defensa de área protegida.
“Nosotros hemos sido citados y demandados por YPFB, nos hemos presentado los 21 comunarios denunciados, pero nos hemos abstenido a declarar porque no hay nada qué decir. Lamentablemente, nos están queriendo coartar nuestros derechos, ellos no hacen caso a nuestro voto resolutivo donde les negamos la entrada a las petroleras”, informó la dirigente de Chiquiacá, Nelly Coca.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
La estatal petrolera presentó una demanda penal contra los comunarios y dirigentes por los delitos de atentado contra la libertad de trabajo, impedir o estorbar el ejercicio de funciones porque impidieron el ingreso de los trabajadores de YPFB y Petrobras a la comunidad de Saicán para iniciar los trabajos de exploración en el pozo Oso Domo X3.
La denuncia fue presentada el 2 de octubre por el representante legal de la estatal petrolera, Marcos Carlos Navarro Morales, ante la fiscalía de Entre Ríos. Sin embargo, en menos de 24 horas, el fiscal Héctor Acuña emitió un requerimiento de inicio de investigación y solicitó que se notifiquen a los comunarios.
En ese sentido, otra de las comunarias citadas aseguró que intentaron intimidarlos con el proceso, pero aseguró que no lo lograron. Advirtió que reforzarán la vigilia para evitar el ingreso de las empresas petroleras.
“Han pensado que nos van a intimidar porque somos campesinos, pero no lo han logrado y nosotros vamos a seguir con más fuerza, no les vamos a dejar ingresar a la reserva. Vamos a reforzar nuestra vigilia porque no vamos a permitir que ingresen a contaminar nuestros ríos”, afirmó.
Andrés Miranda, otro de los procesados, aseveró que la demanda los fortaleció y unificó a los pobladores de esa región. Cuestionó que la empresa estatal no respete la decisión que tomaron anteriormente, bajo el pretexto de que no fueron notificados con el voto resolutivo.
“Esta demanda nos fortalece, estamos más unidos que nunca en defensa de la reserva y de nuestro territorio. Más bien queremos denunciar que ellos son los que no se dejan notificar con nuestro voto resolutivo, manejan ese pretexto para ingresar y dicen que no conocen de nuestras decisiones”, manifestó.
Los comunarios que están siendo procesados son: Ángel Porfirio Barca, Luis Fanor Hoyos Choque, Elizabeth Estrada Choque, Omar Guitian Romero, Carlos Bersain Guerrero Rivera. Barbarita Meza Valdez, Elvidio Mercado Girón, Ángel Condori Guerrero, Eusebia Cruz Condori, Ramiro Rodrigo Altamirano Garay. Andrés Miranda, Nelly Coca, Juan Mendoza, Crispín Mendoza, Ceferino Mendoza, Alberto Cruz, Juana Mercado, Benedicta Murillo Jiménez, Soraya Farfán Meza, Albino Mercado Y Nelly Vilte Vega
En ese contexto, la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas (Contiocap) denunció de forma pública la persecución judicial contra los comunarios por parte de YPFB.
“La citación que hace la fiscalía de Entre Ríos, este 3 de octubre, a 21 personas -la gran mayoría son líderes de nuestras comunidades de Chiquiacá-, tiene todas las características de una persecución judicial contra nuestras comunidades, nuestra actuación se enmarca plenamente en el ejercicio de nuestro derecho constitucional a la protesta pacífica. Esta demanda judicial es expresión de una vergonzosa contradicción del gobierno del MAS: una empresa estatal -YPFB-que debería estar protegiendo a los defensores ambientales, más bien se pone al servicio de los intereses de una empresa petrolera transnacional para perseguir a las comunidades campesinas que defendemos nuestros derechos”, dice el comunicado.
A la vez, exhortaron a la población boliviana, instituciones públicas y privadas, organismos internacionales de defensa de derechos humanos a asumir acciones para la protección de los pobladores que solo están protegiendo su territorio. Exigen a YPFB que desestime la demanda contra los dirigentes.
“Pedimos a toda la población boliviana y del exterior, a organismos internacionales de derechos humanos, a la Defensoría del Pueblo y autoridades competentes interponer todas sus acciones posibles para solidarizarse con estas compañeras y compañeros judicializados; con nuestras comunidades y organizaciones. Exigir a YPFB Corporación la declinación inmediata de este absurdo proceso penal, que no es otra cosa que una burda persecución judicial contra defensores ambientales.
/EUA/nvg/