En medio de la tragedia ambiental por los incendios forestales en el oriente, el director ejecutivo de la Fundación Tierra, Juan Pablo Chumacero, sugirió un ajuste estructural en el marco normativo ambiental que pase por un endurecimiento de sanciones a personas que causen incendios en zonas boscosas.

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El lunes, el Gobierno informó que, hasta el 22 de septiembre de esta gestión, el fuego que azota al oriente boliviano consumió a casi 7 millones de hectáreas. El departamento más afectado es Santa Cruz, particularmente, la región de la Chiquitania y la frontera con Brasil.

En entrevista con La Razón Radio, Chumacero afirmó que, en primera instancia, se debe cambiar la normativa con respecto al uso de fuego, endurecer las sanciones y abrogar el paquete de “leyes incendiarias”.

Indicó que, además, se debe identificar a los responsables que causan los incendios y aplicar sanciones. “Tiene que haber un cambio radical en las políticas y se deben prohibir los incendios”.

Respecto al origen del fuego, afirmó que el fenómeno está vinculado a la ampliación de la frontera agrícola y ganadera debido a que los cultivos de soya han incrementado en los últimos años que se han registrado más incendios.

“Hay una correlación directa”, aseguró.

Consultado sobre los puntos donde se han identificado más incendios, aseguró que, según estudios de la Fundación Tierra, un 35% están en zonas de medianas y grandes industrias; 30%, en tierras fiscales; y un 15, en zonas de comunidades indígenas.

Hace cuatro meses, el oriente del país está ardiendo en llamas por incendios provocados. Los bomberos y comunarios han trabajado en la mitigación de fuego; no obstante, los esfuerzos no han sido suficientes. Por ello, el Gobierno ha declarado desastre nacional, a través de un decreto supremo.

Los incendios forestales siguen activos en 17 municipios de Santa Cruz. Entre los más afectados están Concepción, San Ignacio de Velasco, San Rafael y Ascensión de Guarayos.