La Paz, 11 de octubre de 2024 (ANF).- Una investigación A Fuego y Mercurio. Crisis Ecológica y Desigualdades en Bolivia subraya que, en los últimos dos años, el Estado ha priorizado inversiones millonarias —más de 2.500 millones de dólares— en sectores como la agroindustria y la minería. En contraste, los recursos destinados a la protección del medioambiente han sido significativamente menores.
Este marcado desequilibrio en la asignación de fondos refleja una respuesta insuficiente de parte del Estado ante la crisis socioambiental, lo que exacerba la vulnerabilidad de las comunidades más impactadas.
La reciente investigación de Oxfam Bolivia, destaca la preocupante falta de presencia estatal en las zonas más afectadas por la crisis ambiental, especialmente en regiones rurales e indígenas. Las comunidades locales denuncian la ausencia de servicios básicos como agua potable, salud y educación, así como la carencia de políticas que impulsen la producción sostenible y el manejo responsable de los recursos naturales.
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Las comunidades afectadas exigen una mayor intervención estatal que garantice una distribución equitativa de los recursos y el desarrollo de infraestructuras capaces de mitigar los efectos de la crisis ecológica en sus medios de vida y su salud. Además, piden ser incluidas en las decisiones que afectan sus territorios, un aspecto clave para abordar de manera integral la crisis ambiental.
Crisis ecológica y desigualdades
El estudio también revela la profunda relación entre la degradación ambiental y el aumento de las desigualdades sociales en el país. Destaca cómo las comunidades indígenas y campesinas son las más afectadas por la deforestación, la contaminación del agua y el cambio climático. Mientras tanto, las élites económicas, concentradas en sectores como la agroindustria y la minería, se benefician desproporcionadamente, contribuyendo en gran medida a la emisión de gases de efecto invernadero.
El 87% de las emisiones de gases provienen de la deforestación, y el 1% más rico del país es responsable de más de la mitad del aumento de las emisiones. Estas dinámicas evidencian un sistema extractivista que perpetúa la desigualdad, afectando especialmente a las poblaciones más vulnerables.
“Este estudio invita a reflexionar sobre cómo el modelo de desarrollo basado en una economía extractivista ha sido y sigue siendo un vector de desigualdades y vulnerabilidades. Buscamos responder en especial a la pregunta: ¿Cómo y en qué medida las formas de producción y explotación, sustentadas por marcos legales e ilegales, generan crisis ecológica y amplían las brechas de desigualdad?”, explica la directora país de Oxfam en Bolivia, Lourdes Montero Justiniano.
La organización hace un llamado a repensar el modelo de desarrollo, buscando políticas inclusivas que promuevan la justicia ambiental y social. Organizaciones sociales y ambientales están exigiendo una mayor justicia ambiental, que incluya medidas urgentes para frenar la deforestación, fortalecer la resiliencia climática de las comunidades vulnerables y reconfigurar las políticas de desarrollo en el país para garantizar que los beneficios de la explotación de los recursos naturales sean distribuidos equitativamente.
La investigación ha sido elaborada por Elizabeth Peredo, Héctor Córdova, Rosalie Dumont, Camila Gordillo, Stasiek Czaplicki y Santiago Albarracín para Oxfam Bolivia.
Resalta la necesidad de que estas comunidades sean escuchadas e incluidas en la toma de decisiones relacionadas con sus territorios, recursos y bienestar. Explora las desigualdades estructurales que debilitan la capacidad del país para enfrentar la crisis ecológica, analiza las percepciones de la opinión pública sobre sus efectos, y examina el impacto devastador de la agroindustria y la ganadería sobre los ecosistemas. También reflexiona sobre la minería aurífera y el uso del mercurio, resaltando los privilegios asociados a estas actividades. Finalmente, el informe da voz a las mujeres, quienes enfrentan impactos diferenciados y profundos en esta crisis ecológica.