Con relación a la “ausencia de corrupción”, el país se ubica en el puesto 141 con una valoración de 0,23 puntos. Señala que los funcionarios públicos del ejecutivo, judicial y legislativo usan sus cargos para beneficio particular.
Fuente: ANF
El sistema judicial penal de Bolivia se encuentra en el puesto 141 de un total de 142 países que fueron parte del estudio que realizó World Justice Proyect (WJP) que tomó en cuenta al menos ocho parámetros que fueron evaluados por el organismo.
“Hoy se publicó el ranking de Estado de Derecho de la reconocida World Justice Proyect, Bolivia vuelve a estar en los últimos lugares. De 142 países, ocupamos el puesto 141, lo que nos posiciona con el segundo peor sistema de justicia penal en el mundo, solo por detrás de Venezuela”, afirmó el abogado y experto en derechos humanos Franco Albarracín.
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Desde 2021, de acuerdo al informe, la situación de la justicia en el país no es buena, tomando en cuenta que en 2021 ocupó el puesto 129 de 139 evaluados, el 2022 se situó en el lugar 130 de 140 naciones. Mientras que, en 2023, Bolivia se ubicó en el puesto 131.
Los parámetros
De acuerdo al informe al que accedió la ANF, el organismo evaluó ocho parámetros y cada uno de ellos establece una evaluación. Sobre el factor de “restricción al poder gubernamental” señala que el país se encuentra en el puesto 125 con 0,35 puntos, considera que los diferentes poderes no están sujetos a la ley ni existe una auditoría independiente.
Con relación a la “ausencia de corrupción”, Bolivia se ubica en el puesto 141 con una valoración de 0,23 puntos. Indicó que los funcionarios públicos del poder ejecutivo, judicial y legislativo usan sus cargos para beneficio particular.
Al respecto, Albarracín dijo que los casos de corrupción en el sistema judicial se incrementaron a comparación de la pasada gestión, tomando en cuenta que el país se encontraba en el puesto 137.
“Bolivia ha empeorado respecto a 2023, principalmente debido al aumento de la corrupción en la justicia. El año pasado estábamos en el puesto 137 en corrupción estatal, este año hemos caído al 141, quedando muy cerca del último lugar, ocupado por Venezuela”, puntualizó.
El tercer parámetro que se tomó en cuenta es “gobierno abierto”, Bolivia está en el puesto 96 con una puntuación de 0,44. El reporte indicó que el acceso a la información, la publicación de leyes y normas no son oportunas, aunque se resaltó el mecanismo de reclamos.
Sobre los “derechos fundamentales”, el Estado se encuentra en el puesto 110 y con un puntaje de 0,44 en el que evaluó de forma negativa el cumplimiento del debido proceso y los derechos del acusado.
Respecto al quinto parámetro “orden y seguridad”, el país ocupa el lugar 123 con 0,60 puntos de aprobación. Se tomó en cuenta que los conflictos sociales están limitados, aspecto que fue evaluado de forma positiva por parte del organismo.
El sexto punto, “cumplimiento regulatorio”, el país se posiciona en el lugar 129 con 0,38 de calificación. El reporte afirma que no existe un adecuado respeto del debido proceso en los procedimientos administrativos.
Con relación a la “justicia civil”, el país se sitúa en el puesto 149 con 0,30 de calificación. Se consideraron diferentes elementos, por ejemplo, que no está libre de discriminación ni de corrupción, se evidenció injerencia gubernamental y no se aplica de forma efectiva.
Finalmente, el experto advirtió que la situación de la justicia en el país se mantendrá y no existe la tendencia de mejorar, haciendo alusión a la posesión del nuevo fiscal general del Estado, Roger Mariaca, quien fue cuestionado por los diferentes procesos que se investigaron cuando estaba al frente de la fiscalía departamental de Santa Cruz.
“La situación de la justicia en Bolivia empeora cada año. Con la elección del fiscal general, Roger Mariaca, considero que esta tendencia continuará en los próximos años”, alertó.
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