Para el exjefe de Estado, los casos se tratan de un lawfare (guerra jurídica), lo que calificó de un nuevo Plan Cóndor.
Fuente: https://www.vision360.bo
Al menos cuatro denuncias se presentaron contra el expresidente Evo Morales en los estrados judiciales, según una cuantificación que hizo su entorno más cercano, el que también alertó de que el exmandatario está “criminalizado” por el Gobierno del presidente Luis Arce.
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De acuerdo con el exministro de Gobierno, Carlos Romero, parte de su equipo de juristas, todo comenzó tras la caminata denominada Marcha para salvar Bolivia que avanzó de Caracollo a La Paz, entre el 17 y 23 de septiembre.
Romero atribuyó todos los procesos a un accionar del Gobierno para eliminarlo del escenario político.
1. Una denuncia fue interpuesta por Melania Torrico, quien fue funcionaria del Ministerio de Gobierno en la gestión de Hugo Moldis, por los delitos de instigación pública a delinquir, desórdenes o perturbaciones públicas, atentado contra la libertad de trabajo y sedición, los que presuntamente fueron cometidos durante la marcha de septiembre.
2. Otra denuncia fue planteada por la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) por los supuestos destrozos que se hicieron en la carretera que une La Paz y Oruro, ruta que recorrió la marcha liderada por Morales.
3. César Siles, cuando ejercía el cargo de Procurador General del Estado, hoy Ministro de Justicia, demandó a Morales por los delitos de calumnia e injurias, en respuesta a la acusación que le hizo Morales de buscar arrebatarle la jefatura del Movimiento Al Socialismo ( MAS) para lo cual diseñaba una estrategia.
4. El Ministerio Público le sigue de oficio un proceso por los delitos de estupro agravado y trata de personas, que supuestamente habría cometido al mantener una relación con una menor de edad con quien procreó una hija.
El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, interpuso una denuncia en contra de la propietaria de un vehículo Toyota Ford Runner 2024 con placa de control 6284-ETK, valorado en 90 mil dólares, motorizado que utilizó Morales durante su marcha. Si bien en este caso el directo afectado no es Morales, él está involucrado en el hecho. El delito que se persigue es la legitimación de ganancias ilícitas.
Estos procesos para el exjefe de Estado se trata de un lawfare (guerra jurídica), lo que calificó de un nuevo Plan Cóndor.
“Nos iniciaron cuatro procesos judiciales de forma simultánea, todos con acciones forzadas para buscar nuestra aprehensión. Así como con Lula y Cristina, buscarán proscribir nuestra participación en los siguientes procesos electorales para allanar el camino a gobiernos de derecha. Así como con el hermano Rafael Correa, esta acción proviene de la traición”, escribió Morales en su cuenta en la red X.