El documento, además, señala que el Gobierno entrega alrededor de 977 millones de dólares a la minería aurífera y, en comparación a esos datos, sus asignaciones para medio ambiente o salud son modestas.
Fuente: Sumando Voces
“A fuego y mercurio, crisis ecológica y desigualdades en Bolivia”, titula el más reciente estudio de Oxfam, que revela que en los últimos dos años, el Gobierno boliviano ha invertido aproximadamente 1.490 millones de dólares en el sector de agronegocios y ha otorgado subsidios a los hidrocarburos que favorecen a ese sector por un valor de entre 300 y 350 millones de dólares.
El documento, además, señala que el Gobierno entrega alrededor de 977 millones de dólares a la minería aurífera y, en comparación a esos datos, sus asignaciones para medio ambiente o salud son modestas.
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“Para poner esto en perspectiva, el presupuesto asignado al sector medio ambiente y agua en 2023 fue solo de 335 millones de dólares, mientras que el presupuesto en salud para diagnósticos y tratamientos en 2024 alcanzó a 771 millones de dólares”, señala el informe.
Apunta que los carburantes subsidiados contribuyen al desmonte de los bosques. “El subsidio estatal a los combustibles en Bolivia representa un apoyo crucial para la agroindustria, particularmente en actividades como el desmonte, que se llevan a cabo con maquinaria pesada y se benefician notablemente de los reducidos precios de los hidrocarburos en el país”, señala el informe que, citando a Julio Prudencio, indica que en la campaña agrícola 2022/2023, se estima que el sector soyero se benefició con subvenciones de entre 300 y 350 millones de dólares en hidrocarburos.
Y, en el caso de las cooperativas auríferas, el documento advierte una subvención de 522 millones de dólares en impuestos no pagados, 300 millones de dólares en combustible barato y 155 millones en regalías.
En contrapartida, el reporte hace notar que el sector minero aurífero apenas paga regalías del 2% y no contribuye con impuestos a las utilidades.
Más ricos, más emisiones
El estudio de Oxfam establece que en el país, los más ricos son responsables de las emisiones de gases de efecto invernadero y los pobres, son los más golpeados por la degradación ambiental.
“El 50% de la población con menores ingresos prácticamente no genera emisiones. El siguiente 40% contribuye con una cantidad mínima de emisiones. Sin embargo, es el 1% más acaudalado quien más contamina, aunque es importante destacar que este segmento en Bolivia emite significativamente menos CO2 en comparación con el 1% más rico a nivel mundial”, señala el documento.
“Esta distribución desigual se ve reflejada en cómo las comunidades más pobres y marginadas son las que más sufren las consecuencias de la degradación ambiental y el cambio climático mientras que las élites económicas y los sectores más ricos del país contribuyen desproporcionadamente a la emisión de gases de efecto invernadero y a la destrucción de los recursos naturales”, indica.
Y la actividad que causa la mayor emisión de gases de efecto invernadero es el desmonte. “La deforestación, causada tanto por la agroindustria como por la minería, es un vector clave de desigualdad. El 87% de las emisiones de gases de efecto invernadero provienen de la deforestación”, precisa la investigación.
Esto ocurre, según el estudio, en un país que tiene leyes de avanzada en la defensa del vivir bien, pero que contradictoriamente promueve políticas extractivistas que van en contra de esas mismas leyes.
“La distancia entre la norma y la realidad es gigantesca. Bolivia enfrenta el desafío de armonizar sus ambiciosos objetivos de desarrollo con la protección del medio ambiente y el respeto por la cosmovisión indígena del Vivir Bien. Aunque se han promulgado leyes y políticas progresistas en materia ecológica y de biodiversidad”, advierte.
Frente a esta contradicción, el informe insta a repensar el modelo económico del país. “Esta contradicción entre el discurso y la práctica resalta la necesidad urgente de repensar el modelo de desarrollo del país hacia uno que realmente integre los principios de equilibrio con la naturaleza, sostenibilidad y justicia social”, indica el documento de 142 páginas que fue presentado la semana pasada en La Paz.
El estudio establece una relación entre la crisis ecológica y las desigualdades, además de poner en evidencia la ausencia y debilidad estatal en esta materia. Asimismo, presenta una encuesta en la que los consultados revelan sus preocupaciones sobre los problemas ambientales que, según dice la mayoría, ya les provocaron problemas de salud y disminuyeron sus ingresos. Luego hace un repaso del impacto de la agroindustria en la crisis climática, el poder de la minería del oro que impacta en la salud y las finanzas del Estado, para finalmente dar voz a las comunidades, donde percibe falta de presencia estatal.
La investigación estuvo a cargo de Stasiek Czaplicki Cabezas, Elizabeth Peredo, Héctor Córdova, Rosalie Dumont, Camila Gordillo y Santiago Albarracín; y la coordinación recayó en Natasha Morales Escoffier.
Percepciones sobre la situación ambiental
El Estudio contiene una encuesta realizada en octubre de 2023, que revela que los problemas económicos, ambientales y de inseguridad ciudadana son los más relevantes para la gente, en ese orden.
Incluso, los encuestados identifican consecuencias de la crisis climática, como los problemas de salud y la caída de sus ingresos.
Cerca del 50% de los entrevistados afirman haber experimentado problemas de salud en sus familias debido a problemas ambientales y climáticos, como problemas respiratorios, gastrointestinales y de la piel entre los más comunes, mientras que cerca del 45% de los entrevistados en zonas rurales señalan que, en los últimos cinco años, los ingresos de sus hogares disminuyeron debido a problemas ambientales y climáticos, principalmente por la sequía y la erosión de suelos que afecta la producción agropecuaria.
Los segmentos sociales más afectados por la contaminación ambiental son los hogares más vulnerables en términos socioeconómicos, específicamente aquellos de clase baja y en situación de pobreza, tanto en áreas urbanas como rurales, señala el reporte.
Agroindustria y ganadería, un mal negocio
El Estudio indica también que la agroindustria y la ganadería son un mal negocio porque están llevando a la pérdida de bosques y ecosistemas.
“Desde el año 2016, se ha registrado en Bolivia un incremento alarmante en las tasas de pérdida de bosques y deforestación, alcanzando niveles récord de pérdida de bosques en 2019. La tasa anual promedio de pérdida de bosques se elevó significativamente, pasando de aproximadamente 150.000 hectáreas anuales entre 2000 y 2015, a 260.000 hectáreas anuales entre 2015 y 2020. Desde 2020, esa tasa se ha elevado a un nivel de 450.000 hectáreas anuales”, señala.
Pero, ¿quiénes son los responsables? “Entre 2012 y 2023, la expansión agrícola y pecuaria ha sido identificada como responsable del 97% de la deforestación, según datos de Mapbiomas Bolivia (2024)”, señala el informe. Desglosando estas cifras, el 44% de la conversión se atribuye a la agricultura, el 35% a la ganadería y el 21% a una combinación de ambas actividades que no se pueden distinguir claramente.
“Más del 50% de la deforestación ocurre en tierras de propiedad empresarial y de personas con propiedades de tamaño mediano. La soya y la ganadería constituyen un motor clave de la deforestación y la pérdida de ecosistemas no boscosos en los últimos años. Este fenómeno no solo refleja las dinámicas económicas y las prioridades de desarrollo del país, sino también la falta de regulaciones y prácticas sostenibles en el sector”, concluye el documento.