El exministro de Gobierno de Evo Morales acusó al Ejecutivo de buscar la judicialización y criminalización de la política “inventando cualquier tipo de figura penal” para perseguir judicialmente a los líderes sociales.
Fuente: La Razón
El exministro de Gobierno Carlos Romero afirmó este sábado que el Gobierno busca responsabilizar a las movilizaciones sociales por la situación económica que atraviesa el país.
“Obviamente, esta situación es objetiva, es real. Nada tienen que ver las movilizaciones”, dijo Romero en Kawsachun Coca.
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Aseguró que la población boliviana está consciente de la situación, porque vive todos los días los problemas de la economía.
“Las irregularidades en la provisión de combustibles y encarecimiento de los precios afectan a todas las familias. Pero, particularmente, a las familias más humildes por la depreciación de los ingresos salariales. Es decir, la pérdida de capacidad adquisitiva del salario, pero además por el crecimiento de la informalidad que llega casi al 90%”, arguyó.
Señaló que el incremento de los precios de la canasta familiar y el desabastecimiento de algunos productos son dos fenómenos que habían sido alertados.
“Lo que resulta paradójico es que un gobierno que se preciaba que éramos uno de los países con más baja tasa de inflación del mundo hoy resulta que, hasta este momento, la inflación acumulada triplica las proyecciones que había hecho el Gobierno hasta fin de año y con datos del INE (Instituto Nacional de Estadística)”, acotó.
MOVILIZACIONES
Romero señaló que las movilizaciones sociales “más bien” se han retrasado. Inclusive, se canalizaron con una marcha pacífica de concienciación, en septiembre, acerca de lo que estaba pasando en Bolivia.
“Pero cuál fue la respuesta del Gobierno. Desviar agenda mediática, fundamentalmente, politizando la agenda pública en vez de hacer gestión o responder con medidas urgentes a los problemas económicos nacionales”, argumentó.
Finalmente, acotó que el Gobierno de Luis Arce busca politizar y desarrollar una campaña de judicialización de la política con persecución judicial “yo diría, inclusive, de criminalización de los liderazgos sociales”.