Fuente: Visión 360
La orden de aprehensión fue ocultada, no se cargaron las actividades investigativas en el sistema y se manejó dos delitos entre la indagación y la orden de aprehensión son las tres irregularidades que identificó la Fiscalía en el caso por trata de personas que involucra al expresidente Evo Morales.
La directora de la Fiscalía Especializada en Delitos en Razón de Género y Juvenil, Alejandra Rocha, en conferencia de prensa, dio a conocer este viernes, dichas irregularidades, que según dijo, sirvieron, sobre todo una de ellas, para que la parte acusada plantee una acción de libertad y el fallo le sea favorable.
Rocha explicó que la orden de aprehensión fue emitida por la Comisión de Fiscales el 26 de septiembre del presente año y desde esa fecha fue ocultada por la exfiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez.
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“Ya constituidos en la Fiscalía Departamental de Tarija no se advirtió ninguna orden de aprehensión en el cuaderno procesal; sin embargo, la fiscal a cargo del proceso informó que una vez emitidas y firmadas en recepción por la Policía, de manera inusual, las órdenes de aprehensión fueron exigidas por la exfiscal departamental quien las retuvo desde el 26 de septiembre de 2024, es decir, desde la fecha de inicio de la investigación”, sostuvo Rocha.
Manifestó que, según la revisión de los antecedentes del caso, se advirtió que no se cargaron las actividades investigativas en el Ecosistema Justicia Libre.
A la vez, dijo que se detectó que la investigación se inició por el delito de trata y tráfico; no obstante, la orden de aprehensión fue emitida por el delito de estupro.
“La orden de aprehensión fue emitida por un delito diferente al que inicialmente se investigaba, lo que generó defectos procesales y permitió que, en una audiencia acción de libertad, la autoridad jurisdiccional concediera tutela, declarando la nulidad de la orden de aprehensión, este es un hecho grave, que no debió haber ocurrido”, aseveró Rocha.
Esta jornada, en conferencia de prensa, Morales se pronunció sobre el caso e indicó que ya fue cerrado por falta de pruebas y como indica la ley no se lo puede juzgar dos veces por el mismo delito.
Además, acusó al Gobierno del presidente Luis Arce de “armar” el caso junto a otros para desacreditarlo políticamente.
No obstante, el Ministerio de Justicia informó ayer que se convertirá en parte querellante en el proceso con el fin de precautelar los derechos de una adolescente y una menor involucradas en el caso.
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