El modelo económico y político del masismo está en su fase terminal. En lo económico, han perdido la fuente de generación del excedente económico que era el sector del gas natural. En lo político, la estructura partidaria que sustentaba al gobierno está en pedazos y ofrecen un un vomitivo espectáculo de disputa por el poder. Sin duda alguna, la crisis tiene muchas manifestaciones económicas; una de ellas es el aumento de la inflación.
En el año 2024, hasta septiembre, esta había alcanzado un 5,5%. Anualizada, es decir, de septiembre de 2023 a septiembre de 2024, es de 6,1%. En el mismo periodo, los alimentos subieron un 7,9%, los servicios médicos y los remedios un 6,1%. Los artículos de abasto que tienen un enorme componente importado aumentaron un 14%. Estos incrementos en inflación son cuestionados por buena parte de la población, que siente que en los mercados los precios de los productos y servicios han aumentado mucho más. La credibilidad del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) es muy baja.
Durante cerca de 17 años, el gobierno de Morales y Arce construyó la narrativa de que teníamos una de las inflaciones más bajas del mundo. La propaganda se vanagloriaba de este hecho y lo pregonaba a los cuatro vientos sin pudor técnico. Esto era una insignia distintiva del éxito del modelo económico primario exportador, rentista y comerciante. Sin embargo, como fue señalado durante mucho tiempo por los analistas del «pantano neoliberal» y otras hierbas malignas, esta no era una inflación baja, sino reprimida, o artficialmente represada.
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La inflación reprimida es un fenómeno económico en el cual las presiones inflacionarias latentes se mantienen artificialmente contenidas mediante controles de precios, subsidios o restricciones al mercado, generando así un desequilibrio entre la oferta y la demanda que, tarde o temprano, conduce a distorsiones mayores en la economía y a incrementos súbitos en el nivel general de precios cuando dichas medidas se tornan insostenibles.
El nivel de precios estaba reprimido o contenido por dos diques gigantescos. Por un lado, el tipo de cambio nominal fijo desde 2011 que, frente a la depreciación de las monedas de los principales socios comerciales de Bolivia, permitió que el país tuviera un dólar barato y así la economía boliviana importara mucho y a precios muy bajos. Las importaciones legales e ilegales en 2006 no pasaban de 3.000 millones de dólares. Estas subieron a más de 13.000 millones de dólares en 2023.
Durante todos estos años, la inflación fue baja porque comprábamos del exterior productos muy baratos y con un dólar también muy bajo. La mantención del tipo de cambio nominal fijo fue posible porque se gastaron las reservas internacionales del Banco Central de Bolivia. En 2014, estas llegaban a 15.000 millones de dólares. El gobierno, con estos recursos, mantuvo el tipo de cambio nominal fijo. Entretanto, en el año que transcurre, estas reservas internacionales han bajado a 1.904 millones de dólares. Ante la imposibilidad de mantener y defender el tipo de cambio oficial, se han creado mercados paralelos muy dinámicos donde, en algunos de estos, el dólar se cotiza a 10,5 Bs. Recordemos que el tipo de cambio del Banco Central de Bolivia hasta ahora se cotiza a 6,96 Bs. En la actualidad, con un dólar más caro y escaso, bajaron las importaciones y aumentó el componente importado de la inflación, porque, por la sencilla razón, ahora un dólar se compra 50% más caro que hace un año, por ejemplo. Esto significa que el dique de contención que mantenía los precios bajos ya no es posible, por lo cual se producen saltos en el nivel de precios.
Un segundo dique de contención que mantenía la inflación reprimida eran los subsidios, sobre todo a los hidrocarburos. En 2023, llegaron a los 2.000 millones de dólares. Estos fueron financiados durante años por los ingresos que venían de las exportaciones de gas natural a Argentina y Brasil; sin embargo, con el declive del sector gasífero, el gobierno no tiene ni los dólares ni los bolivianos para mantener estos subsidios. Este dique está colapsando estructuralmente y ha hecho también que los precios de muchos productos y servicios aumenten previendo un incremento de los precios de los hidrocarburos.
La inflación también se ha incrementado por temas climatológicos, los incendios forestales, los bloqueos de caminos y porque los precios relativos con los vecinos, especialmente en las fronteras, han aumentado. Esto último provoca contrabando de salida y escasez de productores y subida de estos en el mercado local. Sin embargo, estos saltos de precios explican parcialmente la subida de la inflación. También debemos mencionar que, frente a la ruptura de los diques que contenían la inflación, ahora han aparecido propagadores o aceleradores de la inflación.
Una de ellas, por supuesto, tiene que ver con la crisis política que ha revivido una pugna distributiva vía precios. Como las expectativas del presente y del futuro de los actores económicos son muy negativas, las empresas, comercios y personas se defienden de esta incertidumbre aumentando los precios. Estos, a su vez, son costos para otras empresas y personas que aumentan también sus precios para defenderse de este incremento, produciéndose así dos fenómenos: una inflación inercial y una propagación del incremento de los precios.
Por otra parte, el gobierno ha adoptado una política monetaria muy expansiva para financiar los déficits públicos que ya llevan 11 años en Bolivia. El financiamiento con crédito neto del Banco Central al Tesoro General de la Nación es como echarle gasolina al fuego de la inflación. La mayor cantidad de dinero circulando en la economía frente a una contracción de la producción y una reducción de las importaciones hace que los precios suban más aún.
En este contexto de complejidad de los precios, por supuesto que las medidas parche del gobierno son como bomberos mal entrenados e ineficientes queriendo apagar estas gigantescas llamas con una pequeña manguerita. Todas las medidas tomadas hasta ahora son insuficientes: control de precios, liberación de aranceles, la creación de un coqueto instituto de la seguridad alimentaria, controles de fronteras con programas «del productor a la olla de la gente»; todas son medidas parciales frente a un incendio inflacionario que se alimenta cada vez más de la pelea tóxica del masismo.