Un reglamento mal formulado, elaborado con intereses políticos y sin estándares internacionales, derivó que todo el proceso de preselección de magistrados al Órgano Judicial y al Tribunal Constitucional Plurinacional termine observado y atacado con varios recursos legales hasta el grado de poner en riesgo las elecciones judiciales.
Fuente: ANF
La responsable de la Observación Ciudadana de la Democracia (OCD), Sandra Verduguez, en contacto con la ANF, sostuvo que el reglamento y la norma transitoria no lograrán elegir a los mejores candidatos idóneos o que estén calificados para manejar la justicia de manera independiente.
“Qué se puede esperar de una norma que permite estos errores. Estas son la consecuencia de un reglamento mal formulado, de reglamentos con intereses y con vicios de origen. Entonces, esto es lo que tenía que suceder (…). Con este tipo de reglamentos no se está logrando elegir a los mejores candidatos, se está dejando de lado aquellos que realmente podrían desempeñar un buen papel”, afirmó.
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Desde la promulgación de la Ley 1549, de febrero de 2024, se registraron conflictos. El ala evista del Movimiento Al Socialismo (MAS) desarrolló medidas de protesta para exigir a la Asamblea Legislativa que apruebe la norma que garantice las elecciones judiciales.
El proceso se desarrolló de manera normal hasta la calificación de méritos de los postulantes, pero fue torpedeada por un número de amparos constitucionales y, a raíz de una acción popular interpuesta por una exdiputada del instrumento político, fue suspendida.
Superado esos obstáculos, la preselección concluyó y se remitió la lista final al Tribunal Supremo Electoral (TSE) para la organización de las elecciones judiciales. Sin embargo, el martes dos salas constitucionales, una de Beni y otra de Pando, decidieron declarar desierta la convocatoria para el TSJ y TCP.
Observaciones
En ese contexto, Verduguez recordó que en varias ocasiones observaron el desarrollo de la preselección, la aplicación de la norma, falta de criterios por parte de las comisiones mixtas de Justicia Plural y de Constitución del Legislativo al momento de revisar los requisitos y la improvisación de mecanismos para la evaluación.
Por ejemplo, dijo que se verificó que, inicialmente, varios candidatos no se identificaron como indígenas, pero de forma extraña para la conformación de la nómina final aparecieron con esa figura. Advirtió que al parecer se modificaron esas acciones para cumplir con los criterios que exigía la norma.
“Habíamos identificado postulantes que inicialmente se autoidentificaron como indígenas y otros no, pero resulta que cuando se confeccionaron las listas para entregar al Tribunal Supremo Electoral muchos candidatos que no se habían autentificado como indígenas, aparecían con esa autoidentificación, como si se hubiera forzado esta lista para cumplir con ese requisito”, explicó.
Asimismo, se alertó que, con el fin de cumplir el criterio de género y representación indígena, se incluyó a aquellos postulantes que obtuvieron una nota de reprobación, tomando en cuenta que la norma establecía 130 puntos como mínimo. Incluso, no se tomó en cuenta a los candidatos que obtuvieron una buena calificación.
“Hemos visto que en las listas había candidatos que tenían mayor calificación, pero no fueron incluidos por diferentes elementos. Entonces, eso denota una falta de independencia de la Asamblea Legislativa”, precisó Verduguez.
Dijo que se planteó que se conforme una comisión de asesores externos compuesta por juristas reconocidos que puedan asesorar a los legisladores, que tenga el poder de decisión con el objetivo de elegir a los mejores profesionales.
Por otra parte, advirtió que si se continúan aprobando normas que no cumplan con estándares internacionales, se registrarán los mismos conflictos en la preselección de otras autoridades que están en manos de la Asamblea, tal es el caso del Defensor del Pueblo, del Contralor General del Estado y otros.
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