El oro que está en las entrañas del territorio del Ayllu Talina solo ha traído ruina para las más de 800 familias que habitan en las nueve comunidades que la componen, repartidas sobre las intersecciones de dos provincias y dos municipios en el departamento de Potosí. Los residuos de mercurio y otros químicos, utilizados por los mineros, contaminan vertientes subterráneas cerca del río Talina, cuyo cauce va hacia el San Juan del Oro y finalmente desembocan en el río Pilcomayo, en el departamento de Tarija.
Los comunarios dueños de esas tierras afirman que la riqueza que generan las empresas mineras ilegales, que operan a vista y paciencia de las autoridades municipales y departamentales, no llega a sus manos. Ellos reflexionan y saben que, aunque los mineros les entreguen parte de ese oro, en el futuro, cuando estos abandonen sus tierras y las dejen estériles y desérticas, este metal precioso no les servirá para comprar algo que es vital para la supervivencia de su ayllu: el agua.
“Quienes vivimos de lo que produce nuestra tierra en el Ayllu Talina queremos que se vayan los mineros. Saben ellos que son ilegales, que están operando sin nuestro permiso y contaminan las vertientes, los ojos de agua y el río Talina. Incluso los han denunciado desde Tarija; subieron para clausurar sus minas porque la contaminación llega hasta el Pilcomayo. Por eso los estamos denunciando, queremos que paren y que los expulsen; las comunidades no se benefician y es más el daño a la tierra”, relató a Visión 360 la cacique Olga Alicia Toconas Velas.
Ella afirma que desde hace un tiempo “los terrenos (de cultivo) se han vuelto salitrosos y desde 2018 ya se nota cómo ha disminuido el agua en los pozos. Cuando llueve y el agua trae (desechos minerales) por el camino y el río, esa tierra entra a nuestros chacos, ya no da más la producción”, lamenta Toconas.
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La autoridad originaria lanza la denuncia en tono afligido, porque las denuncias de las nueve comunidades que componen su ayllu no son atendidas por las autoridades, y porque ella y sus dirigentes ya han sufrido acoso y agresiones verbales. Además, los mineros ya los amenazaron con procesos judiciales, en represalia a la defensa que ella y sus vecinos hacen de su tierra.
Para la senadora Cecilia Requena, de Comunidad Ciudadana, la actitud violenta de mineros cooperativistas y la criminalización de los defensores ambientales es ya característica en este tipo de conflictos, por la violación sistemática a los derechos humanos individuales, colectivos y la degradación ambiental del territorio, en particular de las fuentes de agua.
La legisladora remarca que, “históricamente”, las empresas mineras operan con escasa transparencia, lo que alimenta la desconfianza y el descontento entre las poblaciones afectadas. Este punto se confirmó en pasadas gestiones, cuando cuatro empresas mineras fueron “sancionadas” con la paralización de sus actividades, luego de que se confirmara el rebalse de los desechos tóxicos de las fosas de sedimentación, situación que puso en riesgo el agua del río San Juan del Oro.
Pero el hecho de que estas empresas cuenten con diques de cola, que sobrepasaron su capacidad es una confirmación de que estas operaban desde hace varios años, sin licencia ambiental.
Datos
De acuerdo con Olga Toconas, el sector del Ayllu Talina, afectado por la minería ilegal, está compuesto por nueve comunidades: Casilda, Chakicocha, Chipihuayco, Talina, Checona, Iriccina Peña, Blanca del Carmen, San José de Pampa Grande y Entre Ríos de Acanapa.
Estas comunidades están asentadas, territorialmente, sobre las provincias potosinas de Sur Chichas y Modesto Omiste, más exactamente en la jurisdicción de los municipios de Tupiza y Villazón. Este último limita al sur con el departamento de Tarija y es parte de la frontera con Argentina, territorios con los que se comparte el agua del río Pilcomayo.
Según los datos del Viceministerio de Tierras, la organización de los Ayllus de Talina es de características originarias; sus comunidades se hallan afiliadas al Consejo de la Nación Chicha y Wisijsa y, a nivel nacional, pertenecen al Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu.
La cacique Toconas afirma que los comunarios han identificado más de 10 empresas que operan de forma ilegal en todo su territorio. Algunas no cuentan con la autorización de la comunidad, la mayoría no tiene la licencia ambiental que es de competencia estatal; otras tampoco tendrían la licencia de funcionamiento otorgada por las alcaldías, pero todas, aseguran las comunidades, incumplen las leyes sobre el manejo seguro de sus residuos.
En su mayoría, las comunidades dependen de la producción agrícola de ajo, maíz, haba y papa. También cuentan con animales de pastoreo como chivos, vacas, burros, chanchos y otros tipos de animales silvestres.
“La gente ha denunciado que han nacido chivos con deformaciones de sus patas y ojos. Estamos documentando todo, pero en los primeros casos la gente se asustó y los ha sacrificado. Es una pesadilla, ya no nos sentimos seguros de vivir en nuestra propia tierra”, relata la cacique.
Alcaldías
En contraparte, desde las alcaldías de Tupiza, Villazón y la Gobernación de Potosí, afirman que no tienen denuncias oficiales sobre el drama que viven estas comunidades. Sin embargo, Toconas señala que, ante la indiferencia de las autoridades, decidieron buscar ayuda independiente y así se organizaron para lograr pruebas irrefutables, con análisis del agua para confirmar la presencia del mercurio, elemento químico empleado por los cooperativistas ilegales para la separación del oro de la tierra.
De esa forma, en noviembre de 2023, especialistas tomaron muestras en 12 puntos, ojos de agua, vertientes y ríos. Los resultados confirmaron que el agua presenta niveles tóxicos de diferentes minerales; los documentos serán entregados como respaldo ante las autoridades de las alcaldías y a la Gobernación de Potosí.
Pero sobre el mercurio, los expertos explicaron a los comunarios que las muestras deben ser tomadas en temporadas climáticas específicas, cuando llueve, debido a que ese elemento está asentado en los lechos de las fuentes de agua.
“Los municipios saben que hemos hecho los análisis, pero los encargados de medio ambiente no quieren hacer nada, entre ellos se acusan. Nos dicen que es competencia del otro municipio o que hay que esperar que se pronuncie (la Secretaría Departamental de) Madre Tierra (y Medio Ambiente), pero nosotros, nuestros animales, los cultivos, siguen sufriendo por la contaminación”, lamenta la cacique.
En contacto con Visión 360, el responsable de Medio Ambiente de Tupiza, Hugo Vedia, aseguró que los comunarios no presentaron ninguna denuncia y que desde hace un año no se emitieron licencias de funcionamiento.
Sin embargo, el secretario departamental de Madre Tierra, de la Gobernación de Potosí, Aldo Tejerina, desmintió esa versión y señaló a este medio que, por una parte, en la pasada gestión esa instancia procedió a paralizar el trabajo de cuatro cooperativas que operaban sin licencia ambiental en el municipio de Tupiza, sobre la cuenca del río San Juan del Oro.
Uno de los casos puntuales fue el de la Cooperativa Azulejos. Además de no contar con licencia ambiental, su poza de sedimentación presentaba el rebalse del material. Explicó que aún está pendiente un fallo del Tribunal Agroambiental.
No obstante, aseguró que luego de realizar análisis del agua, no hallaron residuos tóxicos. “Tenemos los resultados, hemos informado al juez que está llevando el caso en el Tribunal Agroambiental en Tarija y esperamos su determinación”, sostuvo el secretario.
Tejerina mencionó que tampoco tienen registro de una denuncia oficial por parte del Ayllu Talina, pero por las versiones extraoficiales que llegaron a esa instancia la pasada semana se solicitaron informes a la Alcaldía de Tupiza, la que aún no ha entregado los documentos.
Burocracia
Para los dirigentes del Ayllu Talina las autoridades dificultan cualquier solución, desmienten que no hayan hecho las denuncias, descalifican el trabajo de los funcionarios por sumergir sus pedidos en respuestas burocráticas que solo benefician dejar en la impunidad a las empresas mineras. Visión 360 revisó varias de las cartas enviadas a diferentes entidades, en las que se expresa con claridad el contexto.
En julio de 2021, esa actitud negligente de las autoridades provocó que los comunarios asumieran medidas de hecho y luego de bloquear el ingreso a zonas de explotación aurífera, lograron evitar el ingreso de una nueva minera ilegal.
Los pobladores, en su mayoría de la tercera edad, denunciaron que los cooperativistas ingresaron insumos y maquinaria pesada para la explotación de oro, sin la autorización de la comunidad.
“Nuestros dirigentes, en todas las cartas y reuniones han explicado con claridad que no estamos de acuerdo con la explotación minera”, asegura Toconas. Pero, además, hizo notar que los cooperativistas han iniciado acciones que generan división entre las comunidades, puesto que una de ellas autorizó la explotación de sus recursos a cambio de 1.000 bolivianos anuales.
“Estos mineros usan grandes cantidades de agua que luego lanzan al río; ese daño a nuestra tierra no se puede revertir, por eso no aceptamos que sigan las empresas mineras. Exigimos que nos escuchen las autoridades”, concluyó la cacique.