La justicia concedió una tutela a la Defensoría del Pueblo por los incendios forestales, y Jan Jarab, representante de la ACNUDH para América del Sur, la calificó como un «hito regional».
Fuente: UCOM/DPB
La tutela concedida por la justicia a la Defensoría del Pueblo, por los incendios forestales, fue destacada por el representante regional para América del Sur de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Jan Jarab, quien la catalogó como un “hito regional”.
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El representante del organismo internacional remarcó que la decisión judicial boliviana se constituye en “un hito regional pues ofrece una respuesta basada en los derechos humanos, además que refleja el compromiso firme con la protección del derecho a un medio ambiente sano y los derechos de las comunidades más afectadas, en particular los pueblos indígenas y las zonas protegidas”.
En ese marco, Jarab se pronunció, mediante las redes sociales de la ACNUDH para América del Sur, así como en su página web, y saludó la decisión judicial que concedió la tutela a la acción popular presentada por el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya.
Dicha resolución judicial emitida por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, establece que las autoridades del nivel nacional, departamental y municipal accionadas deben ejecutar planes y políticas de restauración y prevención ante los incendios forestales, puesto que las medidas que ejecutaron hasta el momento no fueron suficientes para evitar la destrucción de la biodiversidad en Santa Cruz, Beni y Pando.
En ese contexto, la resolución judicial confiere a la Defensoría del Pueblo y organizaciones sociales, velar por el cumplimiento efectivo de dichos planes. Por ello, las instancias accionadas deben rendir cuentas dos veces al año y emitir informes a la Sala Constitucional Segunda cada trimestre.
“El fallo no solo establece la importancia de la reparación de los daños ambientales, de salud pública, y la adopción de medidas preventivas, sino también designa a la Defensoría del Pueblo como la institución coordinadora del monitoreo de las acciones del Estado en la materia”, acotó el representante de ACNUDH para América del Sur.
Jarab añadió que el fallo judicial pone de manifiesto el estrecho vínculo entre los derechos humanos y el medio ambiente, además de reivindicar el Acuerdo de Escazú como marco para el reconocimiento de los derechos de las personas, organizaciones sociales y sociedad en su conjunto sobre información, participación y justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe.
También contextualizó la situación boliviana debido a los incendios, en parangón a las tragedias que se viven en países como Ecuador, Paraguay y Brasil, también afectados por los incendios forestales, y expresó la voluntad de la ACNUDH y de la ONU para apoyar las acciones orientadas a mitigar los impactos de esta grave crisis ambiental sobre los derechos de las personas, las comunidades y el medio ambiente.