El mundo entero ha conocido en los últimos días algo que era vox populi para los bolivianos, la afición del señor Evo Morales por las jovencitas, incluyendo en no pocos casos las menores de edad.
Un secreto a voces dentro de las fronteras nacionales, la noticia se volvió global así como las reacciones de censura y desaprobación, con obviamente excepciones como la del Grupo de Puebla que sin rubor ni vergüenza declaró que se trataba de un caso de “Lawfare” (guerra judicial políticamente motivada) a lo que el Foro de Madrid respondió diciendo que el primero “avala delitos de pedofilia y trata y tráfico”
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En Bolivia, el Código Penal establece que cualquier persona que tenga relaciones sexuales con un menor de 18 años, aprovechándose de una situación de superioridad o dependencia, comete el delito de “estupro”. Este delito está regulado en el artículo 309 del Código Penal boliviano y se considera un crimen en casos donde la persona mayor tiene una relación de poder o influencia sobre la menor, con penas de hasta 6 años de prisión. Adicionalmente, si se comprueba que la víctima era menor de 14 años, el acto se clasificaría como violación, un delito más grave con penas de hasta 20 años de prisión, según el artículo 308 del mismo código.
Morales no ha negado formalmente las acusaciones, después de todo el mismo expreso su deseo de retirarse al Chapare “con una quinceañera” y bromeó que cuando el “va a los pueblos, quedan todas las mujeres embarazadas y en sus barrigas dice Evo Cumple» entre muchas otras expresiones de machismo y humor malentendido.
El acusado no puede desmentir las denuncias, puesto que existen una infinidad de indicios, fotos, certificados de nacimiento, videos, hijos reconocidos y no reconocidos entre otras evidencias de su comportamiento, el de un hombre público que no se casó, reconoció a duras penas y luego de presiones políticas a algunos de sus hijos y a quien no se le conoce una relación estable con ninguna pareja.
Lejos de rechazar las acusaciones, las huestes del exmandatario amenazan con acabar con el gobierno en funciones si “tocan a Evo Morales” como lo hizo el exministro Juan Ramón Quintana en su momento sindicado de varios casos de asesinato y corrupción, igualmente impune hasta hoy, así como los productores de coca para cocaína del Chapare que amenazan a militares y policías en caso de que se lo lleve ante la justicia.
Lo que ha generado igual polémica es la reacción de ciertos sectores de la prensa, cuando a pesar de la gravedad de las denuncias, algunos de ellos continuaron entrevistando a Morales sin cuestionarlo. En diversas entrevistas, Morales fue invitado como figura política clave, pero pocos periodistas mencionaron las acusaciones o indagaron sobre el tema. Esta falta de rigor ha sido ampliamente criticada tanto dentro como fuera de Bolivia, donde algunas organizaciones periodísticas han señalado que se está permitiendo la impunidad y una normalización de la supuesta conducta del exmandatario.
Para algunos, esto refleja una parcialidad hacia Morales, mientras que otros creen que los medios confeccionan sus agendas con base en la pauta de publicidad estatal o las presiones y extorsiones del oficialismo. Esta respuesta de la prensa ha sido interpretada por muchos como una falta de compromiso con los derechos de las víctimas y una omisión de su responsabilidad de informar con objetividad.
El caso de Evo Morales permanece sin resolver y continúa siendo motivo de indignación pública, especialmente en el contexto de la legislación boliviana, que establece protecciones claras para los menores de edad. La falta de respuestas y de una cobertura crítica en ciertos medios ha dejado en evidencia una disonancia entre algunos sectores de la prensa y la demanda popular de justicia y transparencia.
Luis Eduardo Siles es analista y político