La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó oficialmente ante la Corte IDH el caso 13.546 de Bolivia, que refiere al asalto policial al Hotel Las Américas que ocurrió durante el gobierno de Evo Morales, en abril de 2009 y donde tres extranjeros fueron asesinados
Fuente: ANF
La Paz, 7 de octubre de 2024. – El boliviano-croata Mario Tadic, que sobrevivió al operativo policial en el Hotel Las Américas, espera que la sentencia que emita la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) contra el Estado boliviano permita procesar a los responsables directos e indirectos que ordenaron las ejecuciones extrajudiciales.
En entrevista con la ANF, Tadic dijo que al menos en dos años se conocerá el dictamen de la Corte y, en ese entonces, dependerá de las alianzas políticas que existan en el país para ver si el proceso contra los culpables prospera, aunque duda que tenga un buen resultado.
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“Existe una cadena de mando que está claramente definida, cuando dice que ‘yo autoricé el operativo y dio una orden’, ahí está clarísima la cadena de mando (…). En la Corte Interamericana de Derechos Humanos no se va a juzgar a personas, pero en su sentencia dirá que se debe investigar esto y sancionar a los culpables y esperemos que así sea”, afirmó.
El viernes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó oficialmente ante la Corte IDH el caso 13.546 de Bolivia, que refiere al asalto policial al Hotel Las Américas que ocurrió durante el gobierno de Evo Morales, en abril de 2009.
El objetivo del operativo, ordenado por el entonces presidente Evo Morales cuando se encontraba en Venezuela, fue desarticular a una supuesta banda terrorista-separatista. El saldo, tres extranjeros asesinados: Eduardo Rózsa Flores, Arpad Magyaroisi y Michel Dwyer, además de dos detenidos: Elöd Tóásó y Mario Tadic.
En ese sentido, Tadic no descartó la posibilidad de acudir a otros organismos como la Corte Penal Internacional o la Corte Internacional de Justicia de La Haya, en caso de que las investigaciones no avancen en el país, pero antes esperarán los resultados que emita la Corte IDH para tomar una decisión.
Con relación a la decisión de la CIDH de remitir el informe de Fondo a la Corte, indicó que estaban seguros de que el caso iba a pasar a esa instancia porque el Gobierno no cumplió con ninguna de las recomendaciones que hizo el organismo internacional. Afirmó que no tenían la intención de llegar a un acuerdo con las víctimas.
“Era de esperar que esta decisión llegue a la Corte porque no se cumplieron al pie de la letra las recomendaciones de la CIDH. Entonces, nosotros vamos a seguir adelante con este proceso y esperamos que con una sentencia logremos crear una jurisprudencia que permita que este tipo de hechos no se vuelvan a repetir”, manifestó.
Recomendaciones
En el Informe de Fondo, la CIDH responsabilizó al Estado boliviano sobre la muerte del ciudadano irlandés Michael Dwyer, además ratificó que la justicia del país no inició una investigación para esclarecer ese caso.
Además, concluyó que los actos cometidos contra los ciudadanos Mario Tadic, Elod Tóásó, Juan Carlos Guedes y Alcides Mendoza constituyeron en tortura y se vulneró su derecho a la integridad personal. También subrayó que sus detenciones fueron ilegales y arbitrarias, ya que no se les informó las razones ni se les presentó ante una autoridad judicial de manera oportuna.
En ese sentido, Tadic recordó que la norma vigente obliga al Ministerio Público a iniciar una investigación independiente para determinar las causa e identificar a los responsables de las ejecuciones extrajudiciales. Advirtió que tampoco procedieron las denuncias que presentaron ellos ni el que impulsó la Defensoría del Pueblo.
Lamentó que no se haya investigado la muerte de Dwyer y que este se haya dilatado bajo el argumento que lo iban a realizar una vez que concluya en proceso judicial en el país, pero hasta el momento no se vislumbra el inicio de una indagación.
Con relación a la indemnización económica, aseguró que el Estado no tuvo el interés de llegar a un acuerdo, porque no presentó una contrapropuesta a las víctimas para solucionar ese punto, solicitó un informe técnico a la CIDH para calcular el monto económico que se les debía entregar.
“Por ejemplo, en mi caso se pagó 50.000 dólares al abogado por sus honorarios; aparte de eso, los 5 años, 10 meses y 20 días que tuvimos que pagar por el alquiler de una celda que tiene un costo de entre 100 y 500 dólares. El Estado pretendía que los sistemas de salud de Bolivia se hagan cargo de nuestras revisiones, pero ellos son los causantes de eso y tienen que pagar”, enfatizó.
Anteriormente, el Gobierno dijo que la familia de Michael Dwyer solicitó una indemnización de $us 2 millones, cifra que le pareció un exceso. Al respecto, Tadic indicó que el Estado no estaba tomando en cuenta todos los perjuicios, el honorario de los abogados, el alquiler de las celdas, gastos médicos y tratamientos psicológicos para sus familias, que también fueron resultados afectados.