La exministra Morales critica una posible autorización del Gobierno para que militares intervengan en los bloqueos, lo que, advierte, podría derivar en enfrentamientos y graves consecuencias.
Teresa Morales, quien fuera ministra de Desarrollo Productivo durante el mandato de Evo Morales, advirtió sobre la posible aprobación de un decreto supremo que autorizaría la intervención de las Fuerzas Armadas en los bloqueos de carreteras que persisten en diversas regiones del país desde hace 17 días.
La exministra calificó esta potencial decisión como un «Decreto de la Muerte», anticipando una posible «nueva masacre de Todos Santos» y cuestionando los efectos de dicha medida en la vida y seguridad de los ciudadanos.
Morales explicó que las Fuerzas Armadas habrían solicitado la autorización del Órgano Ejecutivo para intervenir, mientras varios ministros, según su declaración, habrían expresado su negativa a firmar el decreto.
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Ministros
Entre los funcionarios que habrían mostrado su desacuerdo, menciona a la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, y al ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, quienes, señala, no se han pronunciado en las últimas semanas.
Asimismo, subrayó que, de aprobarse, el decreto necesitaría la firma del presidente Luis Arce y el respaldo de los ministros, quienes serían corresponsables de las acciones resultantes.
La exministra también manifestó su preocupación por la influencia de figuras como Hugo Moldiz, asesor de Arce, y Gustavo Torrico, viceministro de Coordinación y Gestión Gubernamental, a quienes acusa de haber promovido un giro ideológico en el actual gobierno.
Rendir cuentas
Así, Morales señaló que estos podrían eludir la responsabilidad de los posibles resultados de una intervención, a pesar de su papel en las decisiones recientes. Expresó que tales figuras «han traicionado políticamente a su pueblo», conduciendo al gobierno hacia una postura autoritaria que ella considera similar a la criticada gestión de la presidenta transitoria Jeanine Áñez.
Morales advirtió a los ministros que deberán «rendir cuentas a la justicia nacional e internacional” en caso de que un decreto permita la intervención y desencadene enfrentamientos.
El presidente Arce, por su parte, dio un ultimátum a los bloqueadores para que levanten la medida de presión. Caso contrario, «ejercerá sus facultades constitucionales» para reestablecer la normalidad en el país.