Con más de 2.100 millones de dólares en pérdidas, los bloqueos impulsados por sectores afines al expresidente Evo Morales mantuvieron al país paralizado. Empresarios presentaron a inicio de año un proyecto de ley antibloqueos, pero este no prosperó.
Stefany Beatriz Guzmán Nuñez
Fuente: Red UNO
Entre octubre y noviembre de 2024, Bolivia estuvo marcada por este tipo de manifestaciones que paralizó el país durante 24 días consecutivos, afectando gravemente la economía nacional. La protesta fue impulsada por seguidores del expresidente Evo Morales, quien enfrenta investigaciones por presuntos delitos de estupro y trata de personas. Según el gobierno, los bloqueos causaron pérdidas millonarias que ascienden a 2.100 millones de dólares.
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Uno de los departamentos más afectados fue Cochabamba, que quedó incomunicado tanto con el oriente como con el occidente del país.
La Cultura del Bloqueo: Un problema nacional
El uso de bloqueos como herramienta de presión se ha convertido en una práctica recurrente en Bolivia, con consecuencias devastadoras para la economía. Esta medida impide la circulación de mercadería, afecta la producción nacional, disuade la inversión extranjera y deteriora la imagen internacional del país.
Un estudio realizado por el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) reveló que el 99% de los encuestados considera que los bloqueos perjudican el desarrollo económico, mientras que 96% opina que los bloqueos deberían ser considerados un delito, y un 97% pide sanciones para quienes los lleven a cabo.
«Los bloqueos no hacen, sino, agudizar la crisis económica en curso en Bolivia, con la posibilidad de una masiva quiebra de negocios; más desempleo; mayor escasez de divisas; falta de alimentos; más pobreza por la inflación y, lo peor, un posible estallido social. Qué lástima que la “cultura del bloqueo” se imponga en el país ¿Quién pagará los millones de pérdidas cuantificadas? ¿Y si hacemos una campaña antibloqueos en Bolivia? «, cuestionó Gary Rodríguez, gerente General del IBCE.
Propuesta de Ley “Antibloqueos”
El empresariado privado de Cochabamba propuso en enero de 2024 una ley “antibloqueos” que establece sanciones para quienes impongan bloqueos y obstaculicen el libre tránsito. La propuesta contemplaba multas que iban desde el 10% hasta el 100% de un salario mínimo nacional para los organizadores de bloqueos, además de sanciones como la suspensión de derechos civiles y la cancelación de la personería jurídica de las organizaciones responsables.
Sin embargo, la iniciativa quedó estancada. El entonces presidente de la Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba, Luis Laredo, explicó que, a pesar de las gestiones, el proyecto fue desestimado por las autoridades parlamentarias.
«Nosotros enviamos las cartas a la Brigada Parlamentaria y en febrero nos respondieron que esta había sido derivada al pleno cameral. Sin embargo, allí nos dijeron que no era la vía adecuada, así que lo intentamos con el presidente de la Cámara de Diputados, quien también nos indicó que debía ser presentado por un diputado, pero no queríamos politizarlo», explicó Laredo a la Red Uno.
«Luego lo enviamos al presidente nato de la Asamblea, David Choquehuanca, quien también nos indicó que no era la vía correcta. Finalmente, desde la Federación decidieron no seguir con el proyecto, aunque era un beneficio para todos los bolivianos, garantizando la circulación libre según la Constitución», concluyó.
La propuesta de ley busca sancionar con dureza a quienes participen en bloqueos. Según el proyecto, las sanciones son las siguientes:
- Infracciones leves: Amonestación escrita o multa de hasta el 10% del salario mínimo nacional vigente.
- Infracciones graves: Multa de hasta el 50% del salario mínimo nacional y suspensión temporal de derechos civiles entre 15 días y seis meses.
- Infracciones muy graves: Multa de hasta el 100% del salario mínimo nacional y cancelación de derechos civiles por hasta dos años.
Además, las organizaciones sociales y personas jurídicas que promuevan bloqueos podrían enfrentar multas, suspensiones, decomisos de bienes e incluso la pérdida de la personería jurídica.
El Código Penal boliviano prevé cárcel de dos a ocho años para quien impidiere, perturbare o pusiere en peligro la seguridad o la regularidad de los transportes públicos, eso dice la norma para la pacífica convivencia, pero cuando la autoridad no actúa, la permisividad promueve una indeseada “cultura del bloqueo”, donde prima la “ley del más fuerte”.
Fuente: Red UNO