El fiscal departamental de La Paz, Luis Tórrez, informó este miércoles que ya comenzó el trámite de extradición del ejecutivo de la Inmobiliaria Kantutani, L.G.I., identificado como uno de los presuntos responsables por la mazamorra que afectó al barrio Bajo Llojeta, que destruyó 40 casas y causó el fallecimiento de una niña de cinco años.
“Este señor ahora está en manos de la justicia peruana, en el juzgado quinto penal de Callao y la autoridad judicial ya está solicitando los informes respectivos a través de la Cancillería para agilizar el trámite de extradición”, declaró el Fiscal a los periodistas.
“En las próximas horas, el Ministerio Público, bajo los principios de celeridad, está solicitando el trámite de extradición” añadió la autoridad del Ministerio Público.
Tórrez explicó que el empresario salió del país el pasado 25 de noviembre con la intención de ingresar a Chile, desde Perú, pero como ya se había activado una alerta a través de Interpol, no se le permitió el ingreso a ese país. Como en Perú también existía una alerta roja, la dirección de Migración ejecutó la orden de aprehensión contra el empresario.
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La Fiscalía de La Paz inició, de oficio, una investigación de este caso, en el que el empresario debe responder por los delitos “peligro de estragos con agravante” por el fallecimiento de una niña de cinco años.
“Bolivia tiene la necesidad de que este ciudadano esté en el país para llegar a la verdad histórica de los hechos”, expresó el fiscal.
El sábado pasado, tras una fuerte lluvia de una media hora en La Paz, una mazamorra cubrió el barrio Bajo Llojeta, en un hecho que afectó a más de 40 viviendas de la urbanización denominada Santa Cecilia, y en el que falleció una niña de cinco años tras ser arrastrada por agua y lodo.
En esta jornada se recuperó un vehículo que había quedado atrapado en la mazamorra en Bajo Llojeta. Los damnificados continúan rescatando parte de sus pertenencias tras el fatídico hecho del pasado fin de semana. Video Bolivia Tv
La Alcaldía de Achocalla clausuró el cementerio Los Andes, propiedad de Kantutani. La empresa realizó movimientos de tierra ilegales para ampliar las instalaciones del camposanto, masa de tierra que ocasionó el desastre tras la lluvia.
Tórrez anunció que, dentro de la investigación, serán citados a declarar los alcaldes de La Paz, Iván Arias y de Achocalla, Manuel Condori.