La Paz. – El político y precandidato presidencial Carlos Borth advirtió este miércoles que el gobierno de Luis Arce protege a los magistrados “autoprorrogados” desde el 2023, ya que solo así se puede entender los constantes ataques para frenar las elecciones judiciales.

“Está clarísimo, (el gobierno protege a los autoprorrogados), sobre todo en 2023, cuando estuvo claro que había un acuerdo, una alianza entre el Tribunal Constitucional, dirigido por estos magistrados, y el Órgano Ejecutivo. El Ejecutivo les daba cobertura política y seguridad y ellos tomaban decisiones con ese amparo dirigiendo por donde el gobierno quería que vayan las cosas (en las judiciales)”, declaró Borth a la ANF.

El proceso de las elecciones judiciales sufrió varios ataques desde el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) debido a qué postulantes presentaron diversos recursos por la presunta vulneración de sus derechos constitucionales. Esas medidas, abrieron paso a una autoprórroga de mandato del TCP y del Órgano Judicial hasta la elección de nuevas autoridades.

El proceso de preselección de candidatos finalizó en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), luego que remitieron las listas de postulantes al Tribunal Supremo Electoral, pero nuevamente fue puesto en vilo porque la Sala Cuarta del TCP, dirigido por Yván Espada y Gonzalo Hurtado, declaró desierta la convocatoria a las elecciones de magistrados de esa corte y del TSJ en algunos departamentos.

Inmediatamente el TSE convocó, para el lunes (11.11.2024), a los tres poderes del Estado y a las organizaciones políticas a un encuentro. Tras una reunión, firmaron la “Segunda Declaración por la Democracia” reafirmando el compromiso de llevar a cabo las elecciones judiciales el próximo 15 de diciembre.

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En medio del debate, el vicepresidente del Estado, David Choquehuanca, no estuvo de acuerdo con poner fin a la autoprórroga de los magistrados promulgando la Ley 075; por el contrario, pidió que sigan en sus cargos mientras se eligen a las nuevas autoridades. El ministro de Justicia, Cesar Siles, dejó claro en el encuentro que el Ejecutivo está convencido que las sentencias constitucionales son de cumplimiento obligatorio, en un claro respaldo a la sentencia que puso en “jaque” al TSE.

Es decir, la decisión de llevar adelante las judiciales con el apoyo de los tres poderes del Estado duró poco por falta de pronunciamientos oficiales. En ese marco, el TSE resolvió cumplir la sentencia y el auto constitucional del Tribunal Constitucional que por encima del principio de preclusión determinó suspender las elecciones judiciales de manera parcial por una nuevo auto constitucional que advirtió con sanciones de Bs 15.000 por día.

Es decir, el proceso electoral se realizará para el Consejo de la Magistratura, Tribunal Agroambiental, Tribunal Supremo de Justicia en los departamentos de La Paz, Oruro, Potosí, Cochabamba, Chuquisaca Tarija y Santa Cruz. Y para el Tribunal Constitucional Plurinacional en los departamentos de Chuquisaca, La Paz, Oruro y Potosí.

El diputado evista del Movimiento al Socialismo (MAS) Santos Ramos lamentó que el Órgano Ejecutivo proteja a los magistrados prorrogados y estos continúen con el afán de estirar esos cargos para fines políticos y electorales.

“Hay una protección por parte del gobierno, por eso la intención era estirarlos hasta el año 2027 para favores políticos. Lo que han generado prácticamente es que el Tribunal Constitucional se constituya en una especie de pequeño rey que puede hacer lo que quiera en el país, por ejemplo, suspender procesos (electorales), reformar la Constitución. Realmente hay un caos de institucionalización total en el país”, subrayó.

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