Luego de cometer fraude en las elecciones presidencial del 28 de julio, el régimen de Nicolás Maduro ha hecho de las detenciones arbitrarias un sistema represivo para encarcelar y silenciar opositores
Venezuela tiene casi 2 mil presos políticos. (EFE/Miguel Gutiérrez/Foto de archivo)
Fuente: infobae.com
Decenas de políticos de Venezuela que este año promovieron una opción que pusiera fin al Gobierno chavista, a través de las elecciones del 28 de julio, están hoy tras las rejas. Según registros de ONG, cerca de 170 militantes y activistas de partidos son ahora prisioneros acusados, en su mayoría, de terrorismo.
Casi todos fueron arrestados en los días posteriores a los comicios, en los que el presidente Nicolás Maduro fue oficialmente reelegido, tras lo cual la principal coalición opositora -Plataforma Unitaria Democrática (PUD)- denunció el fraude y se desató una crisis que estremeció la política internacional, con protestas poselectorales y una oleada de detenciones.
Mientras el Ejecutivo habla de 2.400 detenidos en ese contexto, las organizaciones no gubernamentales estiman que el número oscila entre los 1.700 y los 1.800, lo que revela que un 10% corresponde a políticos, propiamente afiliados a diferentes formaciones, que pasaron de gritar consignas en las calles a luchar por su libertad detrás de los barrotes.
Disidencia “criminalizada”
Para la abogada Martha Tineo, de la ONG Justicia Encuentro y Perdón (JEP), hay “un agravamiento en la ejecución de la persecución por razones políticas en Venezuela”, donde que la Justicia emitió una orden de captura contra el candidato presidencial de la PUD, Edmundo González Urrutia, que lo llevó a exiliarse en España desde el 8 de septiembre.
El líder opositor venezolano, Edmundo González Urrutia, está exiliado en España desde el 8 de septiembre. (Diego Radamés/Europa Press/Foto de archivo)
“Esa posición contraria al poder ha sido criminalizada (…) no necesariamente estamos hablando de oposición, sino de cualquier ejercicio o posición que el poder considere contrario a sus intereses”, expuso la jurista, al recordar que, además de políticos de base, hay activistas de DDHH, líderes sindicales, periodistas y estudiantes en las listas de “presos de conciencia”.
“Esa persecución, más que selectiva, pasa a ser generalizada”, subrayó Tineo a EFE.
Todos -incluidos 69 adolescentes-, a ojos del chavismo, están incursos en conspiraciones para derrocar a Maduro, cuyo triunfo en las urnas no ha sido reconocido por numerosos países, que han pedido al ente electoral publicar algún soporte que confirme ese resultado, pues González Urrutia asegura que ganó la Presidencia y difundió actas de votación para fortalecer su reclamo, aunque el Ejecutivo asegura que son falsas.
Mientras persiste el cuestionamiento sobre los comicios, 170 políticos acumulan días en prisión, un número de activistas que equivale a encarcelar a la mitad de los alcaldes del país o a que una redada policial hubiese vaciado todos los escaños del Parlamento de 2015, cuando la Cámara estaba integrada por 167 diputados.
Tineo explica que, antes del 28 de julio -de acuerdo con los registros de JEP-, apenas el 1% de los considerados presos políticos tenían filiación real a una formación, una realidad que cambió, cree, bajo este “castigo ejemplarizante” que busca “desalentar la participación ciudadana”, sobre todo en cuanto a los reclamos poselectorales.
El régimen de Nicolás Maduro detiene sistemáticamente opositores. (EFE/Miguel Gutiérrez)
El “patrón” de encarcelamiento
“Las detenciones por razones políticas en Venezuela suelen seguir un patrón, todo empieza con una detención arbitraria”, señala la abogada, tras denunciar que estas aprehensiones se concretan sin que los afectados estuviesen en flagrancia criminal o hayan sido objeto de una investigación penal, aunque la Fiscalía vincula a la mayoría de los capturados con supuestos planes golpistas o de magnicidio.
Luego, prosigue la jurista, hay “una negación al derecho a la defensa”, pues -asegura- a ninguno de los políticos encarcelados se les ha permitido designar a un abogado de confianza y, por el contrario, el Estado ha asignado exclusivamente defensores públicos que, en algunos casos, “jamás” se han reunido con sus clientes.
A esto se suma -continuó- la necesidad de sortear en prisión los problemas para acceder a “atención médica debida”, alimentos o agua potable, mientras pasan los días pensando en la posibilidad de ser condenados a la pena máxima, de 30 años, por estar acusados de los delitos más graves del ordenamiento jurídico.
“Todos (estos casos) están siendo ventilados ante tribunales especiales contra terrorismo, que solamente tienen sede en Caracas (…) están siendo llevados a juicio sin haberse podido defender de nada”, resaltó Tineo, tras explicar que las audiencias ante el juez se han celebrado de manera telemática, con el privado de libertad oyendo los cargos que le imputan desde su sitio de reclusión.