La realización de las elecciones judiciales del 15 de diciembre es más que un acto administrativo; es la materialización de un principio democrático que no puede ser vulnerado.
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) tiene la responsabilidad histórica y constitucional de garantizar que este proceso se lleve a cabo, respetando la Constitución Política del Estado (CPE) y la voluntad popular que le dio vida.
La CPE establece que la designación de las autoridades judiciales debe realizarse a través del voto ciudadano, un mecanismo que simboliza la participación activa de los bolivianos en la estructuración de su sistema judicial y en el ejercicio pleno de su soberanía.
La reciente sentencia de los magistrados que declaró desierta esta elección representa un grave conflicto constitucional. Esta decisión no solo interfiere con un mandato constitucional, sino que amenaza con erosionar la autonomía del TSE, un órgano que debe actuar con independencia para garantizar la transparencia y el cumplimiento de los procesos democráticos.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
Al intentar evitar que la ciudadanía elija a sus autoridades judiciales, los magistrados cruzan una línea peligrosa, que no solo socava el principio de independencia de los poderes, sino que también infringe derechos ciudadanos fundamentales.
Es necesario que los magistrados que emitieron esta sentencia enfrenten su responsabilidad, pues esta acción podría constituir una grave extralimitación de funciones y, por ende, dar lugar a responsabilidad penal. La ley es clara al prever sanciones para aquellos funcionarios que, mediante abuso de autoridad o negligencia, atenten contra los derechos y los principios de la CPE. Al impedir la participación electoral, se vulnera el derecho de la ciudadanía a influir en la selección de quienes administran justicia en su nombre, un derecho inalienable en un sistema democrático y un componente esencial de un estado de derecho.
El TSE, al seguir adelante con el calendario electoral, cumple su deber constitucional y responde a la expectativa del pueblo. Suspender o posponer estas elecciones no solo violaría la CPE, sino que abriría la puerta a futuros actos de manipulación e intervención en procesos democráticos. Permitir que los magistrados interfieran en las competencias exclusivas del TSE es sentar un peligroso precedente, uno que podría desestabilizar el sistema democrático y permitir que la voluntad popular quede en segundo plano.
Por eso, la mejor manera de preservar la democracia y el estado de derecho en Bolivia es permitir que el TSE realice las elecciones judiciales, dándole a la ciudadanía la oportunidad de participar en la consolidación de un sistema judicial transparente, independiente y legítimo. Este proceso no debe ser interrumpido; el respeto a la Constitución y al derecho del pueblo debe prevalecer siempre por encima de cualquier interés particular o intervención indebida.
Autor: Carlos Pol Limpias, Abogado, Doctor en Derecho Constitucional