Defensoría del Pueblo denuncia «sistemática obstaculización del Estado» a su trabajo

La Defensoría presentó un recurso judicial en contra de la Policía Boliviana, y un juzgado recomendó a la institución del orden permitir el ingreso de sus funcionarios para ver a los detenidos

Fuente: eldeber.com.bo

 



La Defensoría del Pueblo, mediante un comunicado, expresó este miércoles su “preocupación por la sistemática obstaculización del Estado al cumplimiento de su mandato constitucional y compromisos internacionales, entre ellos, la Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes”.

Para respaldar su denuncia o queja pública, la Defensoría señaló que, como Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), fue «obstaculizado» en su trabajo el pasado 27 de junio, un día después de la toma militar de la plaza Murillo en la La Paz.

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Indicó que en esa oportunidad, sus funcionarios tuvieron que «esperar, al menos siete horas, para cumplir con sus labores inherentes a la institución”.

Agregó que el 30 de junio también se produjo una situación similar porque, según su versión, se esperó cuatro horas.

La Defensoría, asimismo, dio a conocer que otro hecho parecido ocurrió el 7 de julio, “con la espera de cinco horas en el caso de la detención de un activista ambiental”.

Además, “en el actual contexto de conflictividad en el país, entre la noche del 1 y la jornada del 2 de noviembre, se impidió por más de doce horas el ingreso de personal del MNP a celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen de La Paz (donde estaban aprehendidos varios de los bloqueadores evistas)”, denunció la Defensoría.

Ante esa situación, el Mecanismo de Prevención de la Tortura presentó el martes 5 de noviembre un curso judicial (acción constitucional) en contra la Policía Boliviana exigiendo el cumplimiento de las normativas que facultan su trabajo institucional.

“El juzgado décimo del departamento de La Paz recomendó a la instancia policial permitir el ingreso irrestricto de funcionarios del MNP a instalaciones donde se encuentren personas detenidas a objeto de cumplir con su mandato constitucional”, informó la Defensoría.​