La dictadura sandinista podrá “imponer sanciones y multas” e incluso ordenar “la suspensión temporal o definitiva” de operaciones a las entidades que apliquen medidas extranjeras, según el texto aprobado por unanimidad por el parlamento, de mayoría oficialista.
Fuente: Infobae
El Congreso de Nicaragua aprobó este lunes una ley para castigar con multas o cese de operaciones a las empresas que apliquen en el país sanciones internacionales, como las que ha adoptado Estados Unidos contra el régimen de Daniel Ortega.
El régimen podrá “imponer sanciones y multas” e incluso ordenar “la suspensión temporal o definitiva” de operaciones a las entidades que apliquen sanciones extranjeras, según el texto aprobado por unanimidad por el parlamento, de mayoría oficialista.
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La ley fue votada luego de que el viernes la Asamblea Nacional (AN, legislativo) aprobara, también por unanimidad, una reforma constitucional que otorga poder absoluto del Estado a Ortega y su esposa Rosario Murillo, cuyo rango fue elevado de vicepresidenta a “copresidenta”.
Ortega, quien presentó ambas iniciativas, argumenta que la ley protegerá a los nicaragüenses y sus instituciones de las sanciones, pero analistas advierten que pondrá en serios aprietos a bancos y otras empresas extranjeras que realizan negocios en Nicaragua.
El analista nicaragüense Manuel Orozco, de Diálogo Interamericano, comentó a la AFP que esta normativa pone en “alto riesgo financiero al país”, pues los bancos nacionales que la apliquen se arriesgarán “a sanciones del Tesoro estadounidense”.
Además, el incumplimiento de la nueva ley será considerada en el ámbito penal como “traición a la patria”, delito que puede conllevar una pena de unos 30 años de prisión.
Desde las protestas antigubernamentales de 2018, que según la ONU dejaron más de 300 muertos, Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea han impuesto sanciones a cientos de funcionarios y entidades públicas a las que señalaron de apoyar al gobierno en violaciones de derechos humanos.
El diputado oficialista Wálmaro Gutiérrez defendió la ley alegando que no existe razón para que “una disposición de un gobierno extranjero” tenga “aplicación en un país distinto de su país de origen”.
Washington sancionó este año a dos empresas mineras afiliadas al gobierno y restringió las visas a altos cargos de una línea aérea de vuelos chárter europea acusada de facilitar la migración irregular a Estas Unidos a través de Nicaragua.
Recientemente, el Departamento de Estado restringió visas a 350 miembros de la Policía Nacional nicaragüense, señalados de violación de derechos humanos.
Ortega, ex guerrillero de 79 años que gobernó Nicaragua en la década de 1980 tras el triunfo de la revolución sandinista, se mantiene en el poder desde 2007 tras tres reelecciones, la última de ellas en 2021 en comicios con la oposición presa o en el exilio.
Por su parte, un grupo de expertos de Naciones Unidas ha alertado sobre las “nefastas consecuencias” de la reforma constitucional aprobada por la Asamblea Nacional de Nicaragua.
“Con esta reforma, la duodécima desde que Daniel Ortega regresó a la Presidencia en 2007, el actual Gobierno aparentemente pretende legalizar y consolidar su control irrestricto del poder”, ha detallado el presidente del grupo, Jan-Michael Simon.
La medida afecta a más de un centenar de artículos de la Carta Magna y, por ejemplo, establece la bandera del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) como un símbolo oficial de Nicaragua.
(Con información de AFP y EP)