Hablar de política o mal del MAS es el peor error, según los testimonios. Los dirigentes o los corregidores son los que tienen la última palabra. Hay amenazas y multas.
Fuente: https://www.vision360.bo
“Si se enteran quién soy, me van a linchar”, dice Ofelia (nombre convencional), minutos antes de romper el silencio y animarse a contar cómo es su cotidianidad en Villa Tunari, uno de los municipios que forman parte de la provincia Chapare del departamento de Cochabamba. Cuenta que vive en esta población desde hace más de 10 años por trabajo y que en ese tiempo aprendió la importancia de no dar ningún tipo de comentario sobre política o la dirigencia sindical.
Ofelia es trabajadora del área de salud y pidió guardar su nombre en reserva por miedo a represalias. Explica que desde que comenzaron los bloqueos, la situación es muy tensa, el personal sanitario sufre todo tipo de atropellos que van desde ser sometidos a requisas de parte de pobladores hasta robos, en especial de sus celulares. “Nos revisan uno por uno, dicen que podemos meter algo en contra del presidente (Evo Morales)”, relata a Visión 360.
Karina (nombre convencional) también es testigo de las requisas. Es productora de coca y vive en Entre Ríos, municipio de la provincia Carrasco del Trópico de Cochabamba. Al principio no quería hablar, pero decidió “contar lo que ocurre, por sus niños”; lo único que pidió fue guardar su identidad en reserva. Explica que en estos días de conflicto, los pobladores son obligados a dejar todas sus labores para asistir a las reuniones, marchas, cabildos y bloqueos.
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“No importa si eres madre sola y no tienes dónde dejar a tus hijos, igual tienes que ir. Obligan a las familias a mandar a sus hijos, a los más jovencitos”, dice y explica que si una familia se resiste a obedecer a los dirigentes, primero le cobran multas, luego les quitan parte de sus chacos y hasta que finalmente los expulsan de sus casas.
De Eterazama, en el municipio de Villa Tunari, Ely (nombre convencional) y su familia vivieron en carne propia el despojo de su casa. “Nos quitaron, nos amenazaron a nosotros y a nuestros vecinos; les dijeron que si alguien nos ayuda o testifica que nos expulsaron, les darán multas y les quitarán sus chacos”, cuenta.
Para la reciente movilización, la multa por faltar un día en un punto de bloqueo fue fijada en 500 bolivianos. El mismo precio se debe cancelar en caso de no asistir a las reuniones o cabildos. Además, según los testimonios, en los encuentros deben dar cuotas de hasta 100 bolivianos para los gastos de organización.
Ante este reciente conflicto o cualquier otro bloqueo, una vida “tranquila depende de obedecer sin preguntar todos los mandatos de los dirigentes sindicales”. “Aquí todo es obligatorio, hay una multa si no vas. Pero si vas, igual debes pagar 100 bolivianos para los gastos del Comité Cívico. Hay varias familias que son muy humildes, que venden refrescos o frutas, pero de igual forma tienen que pagar. No todos son dueños de negocios o grandes chacos”, cuenta.
Y justamente los que tienen chacos (tierras) son los que sufren más presiones, en especial los que forman parte de las Seis Federaciones del trópico de Cochabamba. “Les atacan por esa parte, les dicen que les van a quitar su chaco, les piden dinero. Todo es obligado”, relata.
Además de la dirigencia cocalera, dentro de las poblaciones existen “una especie de subniveles de sectores y dirigencias”. “Es desde las OTB, los mercados, las zonas y los comités cívicos”, dice Ely; explica que en la actualidad toda la coordinación se realiza a través de grupos de WhatsApp.
“Por ejemplo, Eterazama tiene su grupo de WhatsApp, es de todo el pueblo. Entre Ríos, Villa Tunari y todas las poblaciones se organizan por WhatsApp. Ahí se enteran de los bloqueos y de qué deben hacer”, describe Ely. Cuenta que en la última semana, la dirigencia les pidió la elaboración y la entrega de “flechas para atacar de lejos”. “Si no haces caso, se reúnen y deciden quitarte tu chaco o negocio. Estás con ellos o estás con ellos, así es la vida”, agrega.
La región del Trópico de Cochabamba está compuesta por seis municipios: Chimoré, Entre Ríos, Puerto Villarroel, Shinahota, Colomi y Villa Tunari. Los dos últimos forman parte de la provincia Chapare, de la que también es parte Sacaba.
“Hasta los policías deben pedir permiso”
Ofelia, Karina y Ely coinciden en asegurar que la Policía no se puede movilizar con libertad absoluta. “Tienen que pedir permiso para todo, no pueden ingresar a una comunidad sin permiso de los corregidores. Si lo hacen, (los dirigentes) saltan”, cuenta Karina. Esto ocurre con los uniformados de la institución del verde olivo de las unidades de seguridad ciudadana, lucha contra el crimen y de violencia contra la mujer.
Según Karina, también ocurre con los policías antidrogas. “Nadie se puede mover sin permiso, tienen que coordinar con los corregidores”, dice Ely; explica que -por ejemplo- hay lugares en los que nadie puede entrar sin autorización, uno de ellos es el pueblo de San Gabriel, en Villa Tunari.
“Ahí adentro, en San Gabriel, hay harto narcotráfico, es peligroso. Para que la Policía ingrese, tiene que pedir permiso, porque no pueden ingresar al pueblo, no pueden hacer controles, patrullajes, es prohibido”, asegura Karina.
Dice que incluso en los últimos años, se ha visto la recurrente presencia de ciudadanos colombianos. “La gente sabe, los ve y nadie dice nada. Los vemos entrar y salir, clarito son de ese país”, explica y agrega que algunos, entre extranjeros y pobladores del lugar, hasta circulan con armas.
En noviembre de este año, justo en el pueblo de San Gabriel, presuntos narcotraficantes emboscaron a una patrulla de la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (Umopar) .
Según el reporte oficial, un atacante resultó herido por arma de fuego, cinco personas fueron arrestadas, entre ellas un ciudadano de nacionalidad colombiana, además se incautó media tonelada de droga.
En solo esa jornada se identificaron dos laboratorios de cristalización de cocaína y ocho fábricas de pasta base, informó entonces el viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Jaime Mamani.
Las cifras dan la razón a los testimonios. En los últimos tres años, las fuerzas antidrogas destruyeron 3.000 fábricas de droga, la mayor parte ellas ubicadas en el Trópico de Cochabamba, según los datos del registro estadístico de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn).
Además, de acuerdo con el “mapa del narcotráfico” que maneja el Ministerio de Gobierno, los lugares donde se encontraron más factorías de drogas están entre las provincias Chapare, Ayopaya, Tiraque y Carrasco del departamento de Cochabamba.
El ex coronel del Ejército y militar en servicio pasivo, Jorge Santistevan, explica que una de las razones de lo que ocurre en el Trópico de Cochabamba es a causa de la nacionalización por la lucha contra el narcotráfico a través de la aprobación de varias normativas respecto a la producción de la hoja de coca y al desalojo o repliegue de la DEA que apoyaba la lucha contra el narcotráfico.
Santistevan asegura que el Trópico cochabambino es un enclave geopolítico donde no entra el Estado y dentro de esa región se realizan actividades ilícitas, que hacen crecer la fortuna y la organización criminal de los cárteles.
Según el especialista, los “cárteles internacionales de droga” que operan en Bolivia tienen como uno de sus centros de operaciones el Trópico cochabambino.
Para muchos de los efectivos antidrogas, trabajar en las comunidades del Trópico de Cochabamba representa mucho riesgo. “Apenas uno ingresa a su unidad, ya se siente vigilado. La gente te mira con desconfianza”, sostiene un ex policía antidroga que pidió guardar su nombre en reserva.
Cuenta que ni bien una unidad policial ingresa a un sector o a una comunidad, “los dirigentes o los corregidores del lugar” se enteran y les exigen solicitar el permiso respectivo. “Hay personas que están en las trancas, en las carreteras, que se encargan de avisar de todos los movimientos”, dice.
Sostiene que además de lidiar con la solicitud de permisos o coordinación a los dirigentes o los corregidores para realizar su trabajo, deben estar atentos a “los controles de seguridad que implementan los grupos delictivos”. “Utilizan hasta drones para vigilar los laboratorios de droga”, comenta y asegura que con esa tecnología, en muchos casos, “los operarios” o encargados de las fábricas de cocaína logran escapar antes del ingreso de las fuerzas antidrogas.
“Nadie puede hablar mal del MAS, menos del presi”
Si alguien se atreve a decir algo contra el MAS o sus dirigentes, es mal visto por los otros pobladores, asegura Karina. “Te fichan. Dicen que ese compañero no sirve, no ayuda. Dicen que es la oposición, debe ser infiltrado, espía”, dice.
Ofelia, trabajadora en salud, explica que cuando llega un médico o una enfermera, el primer consejo que recibe es: “Nunca hables de política, del MAS o de su presidente (Evo Morales) con la gente”. “Yo le digo eso, es mejor ser prudente, es por seguridad propia”, cuenta y dice que cualquier iniciativa de salud se coordina con los corregidores.
Gregorio Mamani Loayza, quien se identificó como exdirigente del Trópico, llegó hasta la plaza Murillo de la ciudad de La Paz para denunciar el calvario que enfrentan las comunidades en el Chapare cochabambino a causa de una dictadura sindical liderada por las federaciones cocaleras. “Hay familias que están atemorizadas”, dice.
“Los comunarios que se atreven a denunciar la verdad, están siendo perseguidos. Estamos acorralados”, dice y cuenta que los más afectados son los comunarios que se dedican a la producción de frutas. Asegura que cuando los bananeros salieron en marcha en contra de los bloqueos, porque están a punto de perder sus contratos de venta en el exterior, fueron “acallados bajo amenazas, bajo chantajes”.
Mamani asegura que en el Trópico de Cochabamba hay una “dictadura sindical” y sus líderes se encargan de amenazar con quemar casas o quitar chacos (terrenos) a quienes se opongan a las decisiones del evismo.
“Nadie puede hablar mal del MAS, menos del presi (Morales). Si dices algo en contra, te hacen la vida imposible, hasta que te vayas”, asegura Ely.
En los últimos días, un exdirigente pidió a los medios la evacuación de 20 familias que viven bajo amenaza, hasta les quitaron sus productos y destruyeron sus productos. Karina y Ely confirman esa información y dicen que tal vez son más.