El disidente Pedro Urruchurtu Noselli denunció que funcionarios encapuchados de la DAET rodean la sede diplomática y bloquean los accesos en la calle.
Fuente: Infobae
El disidente Pedro Urruchurtu Noselli denunció que este sábado por la tarde, poco antes de las 19:00 hora local, funcionarios encapuchados de la Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (DAET) y del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) se presentaron en las inmediaciones de la Embajada argentina en Caracas con armas largas y rodearon la sede diplomática.
El Comando con Venezuela, que nuclea a la oposición, enseguida alertó al mundo de lo que estaba ocurriendo y exigió el cese de estas acciones. “¡Basta YA de persecución!”, escribió junto a un video en el que se va a una patrulla con las luces encendidas, estacionada frente al establecimiento. Asimismo, el líder opositor Edmundo González Urrutia alertó “al mundo de lo que pueda sucederle a los compañeros refugiados en la Embajada de Argentina en Caracas”, que “están siendo asediados por personas encapuchadas”.
El último incidente de este estilo ocurrió en septiembre, cuando la situación escaló a nivel diplomático, tensándose incluso el vínculo con Brasil.
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El 6 de aquel mes por la noche, la Plataforma Unitaria Democrática denunció que el grupo de disidentes estaba siendo víctima de asedio por parte de oficiales de las fuerzas de seguridad chavistas, que se presentaron con patrullas, encapuchados y armados. Las acciones se mantuvieron durante toda la noche y entrado el sábado, cuando los opositores sumaron que, para entonces, estaban sin luz.
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“6:30 am. En la Embajada de Argentina en Venezuela custodiada por Brasil, estamos con la electricidad cortada y con los accesos a la sede tomados”, advirtió Magalli Meda, jefa de campaña de María Corina Machado para las últimas elecciones, víctima de esta persecución.
Este asedio, sin embargo, no fue suficiente para el régimen que, ese mismo día, decidió también revocar el permiso que había concedido a Brasil para custodiar el establecimiento diplomático, luego de que Buenos Aires y Caracas rompieran sus relaciones por los manejos autoritarios del Palacio de Miraflores.
“Venezuela se ve obligada a tomar esta decisión motivada por las pruebas que se tienen sobre el uso de las instalaciones de esa misión diplomática para la planificación de actividades terroristas e intentos de magnicidio contra el Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, y contra la Vicepresidenta Ejecutiva, Delcy Rodríguez Gómez, por parte de los prófugos de la justicia venezolana que permanecen dentro de ella”, indicó entonces la Cancillería chavista en un comunicado, haciendo alusión a supuestos planes de los opositores contra altos funcionarios del régimen.
El Gobierno de Lula da Silva, no obstante, rechazó la decisión unilateral y aseguró que se mantendría firme en la defensa y protección del edificio. “El Gobierno brasileño recibió con sorpresa el anuncio del Gobierno venezolano de que pretende revocar su consentimiento para que Brasil proteja los intereses argentinos en Venezuela. De acuerdo con las Convenciones de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y Consulares, Brasil permanecerá a cargo de la custodia y defensa de los intereses argentinos hasta que el Gobierno argentino designe otro Estado aceptable para el Gobierno venezolano para desempeñar estas funciones”, indicó Itamaraty en un escrito.
En la Embajada se encuentran asilados Urruchurtu Noselli, Meda, el ex diputado Omar González, miembro de Voluntad Popular (VV); Claudia Macero, coordinadora de Comunicaciones de VV; Humberto Villalobos, coordinador electoral del Comando de Campaña de VV; y el ex ministro Fernando Martínez Mottola, asesor de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), el principal bloque opositor, todos acusados de una variedad de delitos, entre ellos, “conspiración” y “traición a la patria”.