La Fundación Observatorio de Derechos Humanos y Justicia en audiencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informó sobre el deterioro de la institucionalidad democrática, de la independencia judicial y reportó que el Gobierno no ha implementado las recomendaciones de los organismos internacionales.
José Antonio Rivera y Rubén Darío Cuellar en representación de la Fundación Observatorio de Derechos Humanos y Justicia, como sociedad civil, en el marco de las audiencias del 191 Período de Sesiones de la CIDH, presentaron un informe sobre la ‘Situación de la institucionalidad democrática e independencia judicial’.
Mientras que por el Estado boliviano estuvieron presentes el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Marco Jaimes; la viceministra de Justicia, Jessica Saravia y el embajador ante la OEA, Héctor Arce.
“En Bolivia, el vínculo entre la institucionalidad democrática y la independencia judicial se han deteriorado debido a las agresiones que ambas se vienen propinando de manera recíproca marcadas por situaciones tales como abuso de poder, violación sistemática de los derechos humanos, crisis electorales y conflictiva social en un contexto de polarización” y agravada por el sistema de justicia”, planteó Cuellar.
Rivera, presidente de dicha Fundación, añadió que la “falta de un poder judicial independiente socava la credibilidad de un sistema democrático”, una situación que está sucediendo en el país.
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Destacó los informes sobre la administración de justicia en Bolivia realizados por diferentes organismos internacionales, aunque advirtió que el Gobierno “no ha asumido la implementación o lo ha hecho con muy poco cuidado y atención, son mínimas las acciones desplegadas por el Estado para atender debidamente siquiera una de las recomendaciones que se le ha hecho”.
Recordó que la misma CIDH en 2016 observó con preocupación el estado de la justicia y planteó una serie de recomendaciones que “aún no han sido implementadas a pesar de su pertinencia”.
O que, en 2022, el relator para la Independencia judicial recomendó abrir un gran debate nacional para la reforma judicial; o que en 2024, se recomendó implementar una reforma del sistema para mejorar la institucionalidad. “Lamentablemente ninguna de estas recomendaciones fue recibida con apertura y seriedad por parte del gobierno”.
Asimismo, mencionaron que una de las recomendaciones era revisar y adecuar el sistema de selección y elección de magistrados aplicando principios y estándares internacionales, en la que se garantice la preminencia de la meritocracia por encima de los criterios de afinidad política. “Este punto que fue considerado fundamental ha sido deliberadamente ignorado por el Estado”, ha dicho ante los comisionados.
En su informe a la CIDH sostienen que “lejos de mejorar la situación (de la justicia) presenta signos de un deterioro preocupante”.
Identifican al menos cuatro factores que debilitan el sistema judicial en Bolivia, como la “injerencia del poder político particularmente del Órgano Ejecutivo en el Órgano Judicial; el deterioro de la independencia y autonomía del Ministerio Público incurriendo en prácticas de designación discrecional y vertical, incluso en contra de su propia normativa.
A esa situación se suma que jueces y fiscales están sujetos a represalias y amenazas con procesos judiciales; quedando la justicia instrumentalizada por el poder político donde se observa un patrón de conducta, en procesos de interés del poder político las resoluciones se dictan con celeridad, aplicándose una práctica de “justicia selectiva vulnerando el principio de igualdad y erosiona aún más la confianza en la justicia”.
Por su parte, Rivera puntualizó en las causas que están acelerando la crisis de la institucionalidad judicial, por una parte, el tema financiero, ya que el Órgano Judicial recibe desde hace nueve años sólo un 0,48% del presupuesto de la nación; ausencia de la carrera judicial; falta de protección al personal de apoyo judicial.
Informaron que el Tribunal Supremo de Justicia y el Tribunal Constitucional extralimitaron sus competencias en la designación de jueces de apelación de manera discrecional priorizando afinidades políticas e ideológicas.
Asimismo, señalaron que en las dos últimas elecciones judiciales se priorizaron los intereses políticos favoreciendo a candidatos con conexiones partidarias. Situación a la que se suma problemas complejos como la retardación de justicia, entre otros temas.