El embajador de Bolivia ante la OEA, Héctor Arce Zaconeta, explicó a los comisionados que la CPE boliviana no contempla elecciones judiciales parciales.
Fuente: La Razón
El embajador de Bolivia ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Héctor Arce, defendió el principio de preclusión del calendario electoral de las elecciones judiciales y aseguró que no respetarla pone en riesgo futuros procesos electorales.
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“Se tiene que respetar el principio de preclusión electoral, sino vamos a poner en riesgo otros procesos electorales; no se puede abrir la puerta a esa discrecionalidad”, dijo Arce en una audiencia con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), citado por ANF.
Héctor Arce
Así, el diplomático se refirió a la Sentencia Constitucional 0770/2024, que declara desierta las convocatorias a las elecciones del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en Beni y Pando, y del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) en Pando, Cochabamba, Santa Cruz, Beni y Tarija.
Arce Zaconeta explicó a los miembros de esa audiencia que la Constitución Política del Estado (CPE) no contempla unas elecciones judiciales parciales, como lo dispuso el TCP.
Para frenar esa disposición, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) convocó a un encuentro multipartidario e interinstitucional para la prosecución de las actividades hacia las elecciones judiciales que fueron fijadas para el 15 de diciembre de este año.
Elecciones judiciales
En esa cita, estuvieron presentes los líderes de las 12 organizaciones políticas de alcance nacional, el presidente de la Asamblea Legislativa, David Choquehuanca, y los titulares de las cámaras de Senadores y Diputados, Andrónico Rodríguez y Omar Yujra, respectivamente; además, el ministro de Justicia, César Siles.
Los asistentes dieron un espaldarazo al TSE para que siga con las actividades de las judiciales. Asimismo, se establecieron una serie de lineamientos para seguir adelante con las actividades del calendario electoral, entre ellas, el “blindaje” de las condiciones y alcances previstos, se ratifica la plena vigencia de la Ley 1549, del 6 de febrero de 2024. Asimismo, se estableció el compromiso del Órgano Ejecutivo para dotar los recursos necesarios para la realización de las elecciones judiciales, entre otros.